PROCESO: Colegiaturas deducibles: más desigualdad Santiago Igartúa

Colegiaturas deducibles: más desigualdad
Santiago Igartúa


Expertos en políticas educativas están indignados con el decreto del presidente Felipe Calderón por el cual las colegiaturas serán deducibles de impuestos. Además de claudicar en su misión de mejorar la educación pública, acusan, el gobierno federal transfiere recursos federales a negocios privados y no garantiza siquiera que éstos mejoren sus servicios. Pero el motivo sí está claro: las primeras devoluciones de impuestos por ese motivo se harán en vísperas de la elección presidencial de 2012.

El decreto presidencial que hace deducible de impuestos el pago de las colegiaturas de escuelas privadas es clasista, discriminatorio, electorero y contradice a la Constitución, opinan expertos en educación consultados por este semanario.
Como anunció ufano Felipe Calderón el pasado 14 de febrero, la medida le significará al Estado mexicano pérdidas por recaudación fiscal cercanas a 13 mil millones de pesos anuales, según cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El presidente admitió que ese déficit  tendrá que “digerirse” con ahorro federal.
Sin embargo, varios especialistas señalan que el subsidio privilegia la educación privada sobre la pública y acaba por transferir recursos del Estado a los particulares.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, el priista José Trinidad Padilla López, explica que el decreto presidencial detiene el proceso de ampliación del sistema público y fomenta el crecimiento del sector privado.
“El problema es que si se empieza a alentar el sistema privado con recursos estatales, en detrimento del sistema público, estaríamos hablando de una distorsión de los principios que se establecen en la Constitución respecto de la obligación del Estado de garantizar educación gratuita de calidad, por lo menos hasta la educación media”, agrega.
De no haber medidas complementarias, anticipa el diputado Padilla López, esta medida puede alentar la industria educativa “subterránea”, de la que surgen las escuelas patito, las cuales ante la incapacidad del sistema público para absorber la demanda obtienen el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), aunque haya “muy poco control” sobre ellas.
Carlos Muñoz Izquierdo, investigador de la Universidad Iberoamericana, advierte que el subsidio a las colegiaturas mediante la deducción de impuestos puede servir como incentivo al sector privado, pero la deducibilidad por sí misma no aumentará la demanda educativa.
Dice que sería más conveniente invertir los recursos en mejorar la calidad de la educación pública. Con la medida anunciada por Calderón, en cambio, se da un beneficio fiscal a las escuelas privadas, que a fin de cuentas son un negocio:
“Vamos al revés. Se debería estar apoyando a la educación básica pública, respetando el derecho a la educación, en lugar de ofrecer una educación de calidad dudosa, que no tiene mayor impacto, mal administrada, que no cumple el objetivo de formar”. El decreto, dice, “no garantiza siquiera que las escuelas privadas mejoren su calidad educativa”.
Según Eduardo Andere, investigador del ITAM y analista de políticas educativas, en la medida que se apoye a las escuelas de paga por encima de las instituciones públicas, el sector privado tendrá aún más recursos para apoyar el aprendizaje de los niños y jóvenes que más posibilidades tienen. En consecuencia, afirma, los alumnos del sistema público, que son el 90% de la matrícula, contarán con menos recursos y se acentuará el rezago.
“Nunca había visto algo tan clasista”, dice Manuel Gil Antón, investigador del Centro de estudios Sociológicos de El Colegio de México: “El decreto del presidente conduce a pensar que está beneficiando con un subsidio fiscal a aquellos que en México tienen mayores recursos y, en un efecto contrario, se margina a los demás. Eso define al México de hoy”.
Desde el punto de vista político, observa, para Calderón “es mucho más sencillo hacerle más barato a la gente el servicio privado, en vez de enfrentar al SNTE y a la inmensa burocracia de la SEP”. Para Gil Antón la propia deformación de la medida es el mensaje: “El gobierno, que es el responsable de la educación pública, da facilidades para que (los ciudadanos) cambien a la privada, en vez de asumir sus obligaciones” y mejorar su trabajo.
Más desigualdad

De gira por Oaxaca, 24 horas después de anunciar su decreto, Felipe Calderón le hizo propaganda: “Porque estamos convencidos de que la educación es la llave del futuro de México, tomamos una decisión que beneficia a las familias que realizan un enorme esfuerzo económico para buscar las mejores condiciones educativas para sus hijos”. Al respecto comenta Gil Antón:
“En su justificación de la medida, el presidente dice que se tomó con el afán de apoyar a las familias que hacen un ‘enorme esfuerzo’ por ayudar a sus hijos. Mi primera pregunta fue: ¿qué, las familias que mandan a sus hijos a la escuela pública no hacen también un enorme esfuerzo para sacar a los suyos? ¿Para él no existen, no tienen rostro?
“Me pareció verdaderamente preocupante la omisión del presidente del esfuerzo que hacen los padres de familia de los niños que van a la escuela pública. En muchísimos casos la proporción del ingreso que destinan las familias más pobres para la educación pública, por sus costos, es mucho mayor en proporción que la de los padres de clases media y alta.”
Aclara que en los hechos la educación pública no es gratuita: “La escuela pública cuesta.  No tiene colegiaturas formales pero sí colaboraciones continuas, aun cuando la gratuidad debe ser absoluta”.
En esto coincide, en entrevista por separado, el diputado José Trinidad Padilla, quien fue rector de la Universidad de Guadalajara. Indica que el gobierno federal “no ha podido” combatir la “perniciosa” práctica del cobro de aportaciones “voluntarias”. “Cientos de miles” de padres de familia de bajos recursos tienen que pagar esas cuotas, con las que se remedian en parte las carencias de insumos, materiales e infraestructura que padecen las escuelas públicas. “Para todos esos mexicanos no hay una mano tendida, un subsidio real, la exención de nada”, reclama el legislador.
Por eso califica el decreto presidencial de “discriminatorio”, ya que  “no es lo mismo ir a estudiar a una escuela que no tiene baños, que no tiene luz, que en una escuela que tienen biblioteca y hasta un gimnasio”.
El problema medular, dice Padilla López, es que el decreto de Calderón  acentúa uno de los problemas por los cuales México se encuentra entre los tres países de América Latina con mayor desigualdad social. El acceso a los servicios educativos de calidad, enfatiza, “es uno de los componentes importantes del famoso índice de Gini, que mide el índice de desarrollo humano. Ahí estamos muy rezagados”.
Para Eduardo Andere, la crítica más “profunda” que puede hacérsele al decreto de deducción de las colegiaturas es que margina a un sector mayoritario “cuando la educación debe igualar a los diferentes estratos sociales en un país tan dividido por la desigualdad socioeconómica”.
De esa manera, la medida no se queda en un error de planeación: “Los subsidios discriminados, cuando van a un sector minoritario, tienen efectos perversos para el resto de la población: en un país pobre alcanzas a menos gente, no elevas la calidad educativa y segregas al pueblo”.
Más aún, el subsidio puede tener consecuencias contrarias a las esperadas: “Cuando las escuelas privadas se vean con mayor demanda, no habrá manera de impedirles elevar su precio. Al subir la colegiatura no sólo se elimina el beneficio (fiscal) que se está dando, ni siquiera hay certeza de que (los dueños de las escuelas) utilizarán esos recursos para mejorar los servicios porque es una ganancia. Es como si se hubieran sacado la lotería de la noche a la mañana. Les crearon la posibilidad de tener mayores ingresos sin que ellos hayan mejorado sus servicios”.
Absurdo fiscal

El decreto de Felipe Calderón establece que en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta se podrá deducir 30% de montos que van desde 12 mil 900 pesos por año para educación básica, a 24 mil 500 en bachillerato.
Estas cantidades corresponden a lo que la SEP ubica como gasto por estudiante en cada uno de los niveles de la educación pública. Las deducciones serán equivalentes al costo por alumno inscrito en las escuelas públicas y sólo tendrán acceso a ellas quienes hayan cubierto las cuotas con cheque o por transferencia electrónica.
“Es absurdo. El argumento es que los padres que llevan a sus hijos a la educación privada pagan educación pública con sus impuestos. Vamos a devolverles lo que no usan. Por eso la devolución es el costo promedio de la educación de cada nivel”, dice el investigador Muñoz Izquierdo.
Si el Ejecutivo utilizó un criterio de resarcimiento para hacer deducibles las colegiaturas, los contribuyentes que no usan el metro podrían solicitar la devolución de sus impuestos para utilizar ese monto en gasolina, explica.
Para el diputado Padilla López, el tema de fondo es que la deducción significa un gasto fiscal para el Estado que la SHCP calcula en aproximadamente 13 mil millones de pesos. “Si antes no había recursos suficientes” para fortalecer el sistema público de educación, este gasto fiscal reduce “todavía más” el monto que podría destinársele.
El presidente de la Comisión de Educación compara la medida con la propuesta de presupuesto que ha enviado el Ejecutivo en los dos últimos años: “Por lo menos los dos últimos periodos que yo he estado al frente de la comisión, llega con recortes al rubro educativo. Somos los diputados los que hemos podido subsanar ese recorte y poner un poco más, en una negociación muy complicada con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que es donde se toman las decisiones sobre los recursos para la educación, no en la Secretaría de Educación Pública”.
Además, dice el legislador, la gran incógnita es cómo pretende el gobierno federal “digerir” la merma de 13 mil millones de pesos en sus ingresos. “Una posibilidad es el excedente petrolero –ejemplifica–, la diferencia que hay entre lo que se presupuestó cuando el precio del barril era de 65 dólares y lo que se está recibiendo con el precio de 100 que hay ahora. El problema de los recursos que tienen ese origen es que son temporales y sólo se pueden usar en determinados rubros que no impliquen una permanencia de ese gasto”.
Asimismo “sabemos que hay una caja chica, que ya no es tan chica, de la cual el Ejecutivo puede disponer de varios miles de millones de pesos, pero no sabemos en qué los van a gastar”.
El diputado critica que, si el gobierno tiene tal capacidad de ahorro, no lo destine a la educación pública. “Para empezar debería cumplir con lo que la ley ya ordena, que es invertir al menos 1% del PIB en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Desde 2005 no hemos pasado del medio punto porcentual, y eso está tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología como en la Ley General de Educación”.
El analista Eduardo Andere dimensiona el absurdo: el dinero que se va a dejar de percibir alcanzaría para sostener a tres instituciones como la UNAM cada año.
Decreto electorero

Los impuestos deducidos por las colegiaturas privadas serán repuestos por vez primera a los contribuyentes entre marzo y abril de 2012, en vísperas de la elección presidencial.
El diputado José Trinidad Padilla reprocha que la medida fiscal se haya decidido de manera unilateral, sin discusión previa en el Congreso, a fin de “redituarle” votos al partido de Calderón. “Queda muy claro el trasfondo del asunto. Muy oportunos, los impuestos los van a ir regresando en tiempos electorales”, reitera.
Carlos Muñoz Izquierdo señala que el gobierno ofrece la exención del impuesto a cambio de ventajas políticas. Con la medida no ganan los estudiantes, no gana la educación ni gana el país, dice: “Ganará el presidente. Habrá que preguntarse por qué ahora”.
Eduardo Andere entiende que desde el punto de vista político Calderón  pretenda mostrar “avances” en educación, aunque éstos no son reales. “Los sectores conservadores lo van a ver así: por fin un presidente que crea un estímulo fiscal a la educación privada, pero en realidad, cuando le rascas a los efectos técnicos que tiene, no es una medida de Estado de la que el país se beneficie”.
El mismo 14 de febrero, la hasta entonces presidenta del PRI, Beatriz Paredes, denunció que la medida le había sido “pirateada” a su partido por el PAN. “Eso nos deja ver que entre PRI y PAN hay una confluencia en su visión de país muy clara, que unifica el desprecio al sector mayoritario de mexicanos”, dice al respecto Gil Antón.
El investigador del Colmex propone: “El Ejecutivo es el responsable de la calidad de la educación pública. No solamente tendría que ponerse el presidente la camisola de soldado, sino también en la mano un gis y un borrador, y saberse en la educación pública, no en la privada”


¡AMLO 2012!