PROCESO: Manejos turbios en la Auditoria Superior de la Federación Jesusa Cervantes

Manejos turbios en la Auditoria Superior de la Federación
Jesusa Cervantes


La Auditoría Superior de la Federación recibió del Ejecutivo casi 48 millones de pesos fuera de presupuesto, lo que pone en riesgo la autonomía de su revisión de la cuenta pública de 2009, cuyos resultados debe entregar este miércoles 16. Además, el actual titular de la Auditoría, Juan Manuel Portal, se rodeó de exdirectivos de Pemex que fueron responsables de anomalías administrativas y quienes ahora califican contratos que ellos mismos firmaron.

Con poco más de un año de estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez y parte de su equipo –encargados de auditar el correcto uso de los recursos federales y el buen desempeño de los funcionarios– enfrentan serios cuestionamientos del órgano encargado de fiscalizarlos: la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, a cargo de Roberto Michel Padilla.
Hasta el momento, la UEC ha detectado maniobras para evadir responsabilidades, conflicto de interés y la defensa inexplicable de funcionarios de la ASF, así como una posible influencia indebida del Poder Ejecutivo sobre la ASF a la hora de revisar sus cuentas públicas, ya que ésta recibió 47.7 millones de pesos de manera “irregular”, es decir, fuera de presupuesto.
El 16 de diciembre de 2009, Juan Manuel Portal fue designado por mayoría de votos en la Cámara de Diputados como auditor por ocho años en sustitución de Arturo González de Aragón, a quien el PRI no quiso reelegir. En febrero de 2010 Portal entregó a la cámara su primer documento, la revisión de la cuenta pública de 2008. Pero fue sólo un trámite, pues quien encabezó esa auditoría fue su antecesor.
El actual auditor superior enfrentará su verdadera prueba ante los diputados el próximo miércoles16, cuando presente los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2009, el tercer año de la administración de Felipe Calderón.
Esto es lo que preocupa a Michel Padilla, quien revela que en diciembre pasado detectó dos entregas de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la ASF. Como éstas no se incluyen en el presupuesto, el titular de la UEC alerta que los millonarios recursos “pudieran influir en su independencia de criterio, objetividad e imparcialidad” al revisar la cuenta pública, “lo que pude traducirse en una indebida intromisión en el ámbito del Poder Legislativo (…) que pudieran violentar su autonomía técnica y de gestión”.
El 16 de diciembre de 2010, cuando Juan Manuel Portal cumplió un año al frente de la ASF, la UEC le envió a la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Estela Damián, el oficio OTUEC/182/2010 para informarle que en los ejercicios de 2008 y 2009 la Auditoría recibió aportaciones que constituyen “hechos que permanecen sin solventar y que pudieran originar consecuencias jurídicas”.
De acuerdo con el oficio, en 2008 Hacienda le entregó 22 millones 700 mil pesos a la ASF, fuera de presupuesto, para continuar con el llamado Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis); y en 2009 le dio otros 25 millones para el mismo rubro.
La propia ASF ha reportado a la UEC que nunca solicitó dichos recursos: “La recepción se llevó a cabo sin mediar solicitud o trámite alguno de parte de esa entidad de fiscalización”, se indica en el mismo documento citado. Sin embargo, recalca la UEC, Hacienda “otorgó indebidamente presupuesto extraordinario por un total de 47 millones 700 mil pesos fuera del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y sin que se hubiera solicitado por la ASF”.
De acuerdo con los oficios 307-A.-7-562, del 11 de diciembre de 2007, y 307-A.0580, del 3 de diciembre de 2008, los recursos se recibieron “y fueron ejercidos indebidamente por la ASF, ya que pudieran provenir, de forma irregular, de una de las dependencias del gobierno federal que es supervisada o auditada por la misma ASF”.
Esta circunstancia, de por sí peligrosa, tiene un agravante: la UEC también detectó que el dinero se destinó “en usos no contemplados” por las reglas de operación del Profis.
A través de dos oficios enviados el 22 de abril y el 30 de agosto de 2010 a Dionisio Pérez Jácome Friscione, en aquel entonces subsecretario de Egresos de la SHCP, la unidad le pidió que informara “cuál fue el motivo y fundamento legal por el que se otorgaron” esas partidas, “sin que a la fecha haya atendido la solicitud”.
Después de meses de insistir y de que algunos legisladores hablaran directamente con el ex subsecretario de Egresos, hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pérez Jácome, finalmente la subsecretaría aceptó mediante oficios que la SHCP y la ASF acordaron la entrega de ese dinero para fortalecer la capacidad de auditoría.
Si bien desde el punto de vista de la UEC dichos recursos fueron solicitados y entregados en forma irregular, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP le informó a la UEC que el acuerdo se tomó en una reunión con la ASF y que el cargo se hizo “al concepto de gasto 740, Provisiones para Erogaciones Especiales”.
El pasado 25 de enero, la UEC informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que desde el 4 de marzo de 2003 la SHCP aclaró que “no cuenta con atribuciones para emitir autorizaciones presupuestales a la ASF”, por lo que “resulta extraño que Hacienda negocie directamente con la ASF, sin la intervención de la Cámara de Diputados, las adecuaciones de la propia ASF”. Añade que la instancia que debe fortalecer a la Auditoría es la propia cámara.
Esta entrega de recursos del Ejecutivo federal a la ASF “puede traducirse en una indebida intromisión, indebida transferencia de recursos que pudiera violentar su autonomía técnica y de gestión”, reitera la UEC, y destaca que los ingresos entregados “pudieran influir en su independencia de criterio, objetividad e imparcialidad” a la que está obligado el órgano auditor, ya que se encarga de revisar el desempeño de la SHCP, entre otras dependencias.
Por esos motivos, la UEC pide a la Comisión de Vigilancia que haga lo necesario para “preservar de cualquier influencia la autonomía técnica y de gestión de la ASF”.
Conflicto de interés

Otro motivo para que la UEC tenga bajo escrutinio al equipo de Juan Manuel Portal en la ASF es la reciente suspensión de un hombre clave de Portal: Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales.
Según el titular de la UEC, Roberto Michel, el funcionario de la ASF incurrió en “conflicto de interés” al asumir su cargo, ya que su puesto anterior fue el de gerente de Concursos y Contratos de la Subdirección de Operaciones y Proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), instancia que ahora debe auditar.
Cruz García llegó a la ASF el 1 de julio de 2010. Desde su nombramiento fue impugnado por los diputados Mario di Costanzo, del PT; Marcela Guerra, del PRI, y Estela Damián, del PRD, todos ellos integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.
El argumento de los tres fue el mismo que el de la UEC: conflicto de interés, ya que en su nuevo cargo Cruz García sería responsable de auditar los contratos que él autorizó en la paraestatal.
El jefe de Cruz García en la ASF, el nuevo auditor especial de Cumplimiento Financiero, Javier Pérez Saavedra, encontró una forma de escabullirse de este señalamiento: ese mismo 1 de julio le pidió que se excusara de participar en la revisión de los contratos de Pemex en los que pudo haber participado. El funcionario impugnado lo hizo, pero de manera genérica, sin especificar en cuáles contratos tomó parte. Aun así, intervino en el análisis de varios expedientes con los que se le relacionaba.
Aunque el caso está clasificado como “información reservada”, Proceso cuenta con varios oficios en los cuales la UEC expone su preocupación por la presencia de Cruz García en la ASF, así como suspicacias por la vehemencia con que el funcionario ha sido defendido por su jefe y por “el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría” (que hoy ocupa Víctor Manuel Andrade Martínez).
En el oficio OTUEC/112/2010, del 30 de agosto, Michel Padilla presentó varios argumentos “de carácter preventivo” para impedir que el servidor público incurriera en alguna falta administrativa. Recordó que faltaba auditar 29 contratos efectuados en 2009 por Pemex, por lo que pedía la total excusa de Cruz García de participar en todos ellos a fin de evitar el conflicto de interés. Michel Padilla señaló que el funcionario “muy probablemente haya intervenido” en muchas inversiones autorizadas para Pemex y que aún estaban por revisarse.
En otro oficio (OTUEC/131/2010) el titular de la UEC recuerda que antes del nombramiento de Cruz García en la ASF, ésta había formulado un pliego de “observaciones sin solventar respecto de operaciones que él había autorizado y firmado”, las cuales alcanzaban un monto de casi 100 millones de pesos.
Como ejemplo, cita el pliego 481/2010, del 23 de junio, por 84 millones 866 mil 722.10 pesos, motivado por la suscripción del contrato de obra pública ROPA04107P del 27 de noviembre de 2007. “Es importante señalar que, de forma por demás extraña, el C. Celerino Cruz García, firmante de dicho contrato, no fue incluido entre los presuntos responsables”, observa el titular de la UEC.
Además, indica que “Cruz García, en su calidad de gerente de Concursos y Contratos de Pemex, originalmente fue señalado por la ASF como uno de los participantes responsables por actos irregulares, plasmándose lo anterior en un pliego de observaciones por 14 millones 425 mil 100 pesos con motivo de la inobservancia en el contrato con clave ETI-2805 S/C 2396, mismo que firmó”.
En el oficio citado, el titular de la UEC dice que a pesar de su nuevo cargo en la ASF y de haberle pedido que no interviniera en este asunto, Cruz García consultó “al director general de Responsabilidades”, “y el servidor público dio respuesta complaciente, revocando lo antes calificado”. Para ello, el director de Responsabilidades argumentó que se había violado el principio de anualidad, ya que las irregularidades corresponden a 2009 y la cuenta que se revisaba era la de 2008. Sin embargo, Michel Padilla subraya que se trata de un contrato plurianual, de 2007 a 2009, lo que evidentemente incluye 2008.
Por si fuera poco, el pliego de observaciones contra Cruz García desapareció de la ASF, y de sus ocho hojas originales sólo una se le ha entregado a la UEC.
Ésta detectó posteriormente que, a pesar de haberse excusado de participar en algunos temas de Pemex, Cruz García suscribió fallos para la adjudicación de contratos a nombre de la ASF para aplicar auditorías de desempeño en la paraestatal, así como auditorías técnicas en las refinerías de Tula y Salamanca.
Michel Padilla sostiene que esto viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; advierte que el incumplimiento de ésta “es considerado una conducta grave y se castiga con destitución del cargo”. Por ese motivo, y para evitar que “se cuestionen los resultados de la propia ASF”, la UEC recomendó que Celerino Cruz García se excuse de conocer u opinar sobre todas las revisiones a Pemex.
También provoca sospechas la vehemente defensa de Cruz García por Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, quien ocupa el segundo cargo más importante en la ASF. En sus oficios, el encargado de la UEC apunta que tanta protección puede hacer pensar que el auditor especial tiene “interés particular sobre el caso… en vez de velar por los intereses de la institución en la que labora y actuar apegado a la legalidad frente a esta unidad”.
Subraya que fue Pérez Saavedra quien desde el día que Cruz García asumió el cargo en la ASF le recomendó que se excusara de algunas revisiones, como si supiera en cuáles contratos había participado.
De auditados a auditores

En el sexenio de Vicente Fox, Javier Pérez Saavedra y Celerino Cruz García trabajaron en la ya desaparecida Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex. Ahí coincidieron con Federico Martínez Salas, quien fue señalado por encubrir un presunto fraude de la empresa Oceanografía en contra del Banco de Comercio Exterior a través de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Entre 2001 y 2005 los tres ocuparon diversos cargos en la citada dirección. En 2004, Martínez Salas fue director corporativo de esa área y se encargaba de todas las inversiones que se hacían en Pemex y sus subsidiarias; Javier Pérez Saavedra era su subalterno, ocupaba la Subdirección de Control de Calidad de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, donde verificaba el control de calidad de las inversiones. Celerino Cruz García dependía de este último, pues era gerente de Concursos y Contratos, y como tal revisaba, autorizaba y firmaba los contratos de inversión.
Martínez Salas dejó la dirección corporativa en 2005 y se fue a la misma área en la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). Fue entonces cuando se le señaló, junto a otros funcionarios, como facilitador en un fraude que cometió Oceanografía en perjuicio de Bancomext por 23 millones de dólares, para el cual la empresa utilizó falsas facturas de PEP. Finalmente, Martínez Salas se jubiló en diciembre de 2006.
Desde que éste saltó a PEP, Pérez Saavedra abandonó la Subdirección de Control de Calidad y se fue a trabajar como consultor externo. En julio de 2006 ingresó a la ASF como director general de Auditoría Financiera Federal B. Otro amigo suyo lo esperaba en el órgano auditor: Juan Manuel Portal, quien llegó en 2002 como auditor especial de Cumplimiento Financiero.
Portal y Pérez Saavedra ocuparon sendas direcciones en la Secretaría de la Contraloría de la Federación de 1983 a 1987. Después, cuando Francisco Rojas dirigía Pemex, Portal fue contralor de la paraestatal. Por ese tiempo (entre 1993 y1994) su amigo Pérez Saavedra era el contralor de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando Portal fue designado titular de la ASF, el 16 de diciembre de 2009, le heredó su cargo anterior a Pérez Saavedra, quien entonces contrató a Cruz García.


¡AMLO 2012!