Lunes 31 de enero 2011
• Disputan mafias contratos petroleros
• Coyotes rondan a Pemex-Refinación
• Jueza 54 protege a empresa acusada
En noviembre pasado escribí cómo la gestoría, el coyotaje, la intermediación y los brokers se han apoderado de los contratos en Petróleos Mexicanos y obtienen ganancias millonarias con la anuencia y complicidad del director general, subdirectores y gerentes de la paraestatal. Se trata de mafias que controlan los negocios en Pemex ante la indiferencia del Congreso y el encubrimiento del Poder Judicial.Una jueza, la 54 de lo civil del Distrito Federal, así lo demuestra cuando, por encima de la ley y de la propia Constitución, juzgó a cuatro periodistas de la revista Contralínea y los sentenció a no volver a publicar nada que relacione a tres empresas intermediarias que obtuvieron contratos petroleros con sobreprecios, sin importar el daño patrimonial que esto causa al erario público.
Esa decisión de la jueza Yassmín Alonso Tolamatl, quien con su resolución en contra de los cuatros periodistas buscó proteger a empresas privadas sobre el interés público y coartar la libertad de prensa y el derecho a la información, es contraria a una resolución de la Secretaría de la Función Pública que, después de cinco años de investigaciones y alegatos, resolvió que Pemex Refinación adjudicó de manera “irregular” contratos a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos Issa y Alfredo y Juan Reynoso Durand, y Transportación Marítima Mexicana, de José Serrano Segovia, para el arrendamiento de cuatro buquetanques a casco desnudo “con un sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”, que causó daños a las finanzas petroleras por 23.5 millones de dólares.
Ambas resoluciones contrarias entre sí, una judicial y otra administrativa, se refieren a la misma información publicada por los periodistas demandados por Arrendadora Ocean Mexicana, empresa que según el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, está sujeta a investigación por supuesto fraude al erario público. Sin embargo, la jueza 54 consideró que los cuatro periodistas causaron un “daño moral” a los accionistas de Arrendadoras Ocean Mexicana por denunciar desde hace cinco años la forma cómo funcionarios petroleros le otorgaban contratos con sobreprecios para beneficiarla.
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