Contratos casi “de riesgo”5 diciembre 2010
Antonio Gershenson
En tiempos de Miguel Alemán se firmaron los llamados “contratos riesgo” o de riesgo. Se quedó el nombrecito, pero en realidad no había ningún riesgo para las trasnacionales, para los contratistas, pues se les entregaban estructuras perfectamente localizadas y probadas. Se firmaban los contratos por 25 años.
Se les entregaba el 15 por ciento de la producción o, mejor dicho, estas empresas se quedaban con él. Pemex, al entregar los terrenos ya preparados como se dijo, pagó los costos de exploración, localización y prueba. Pero además, lo gastado por las empresas en la perforación se lo pagaba Pemex en petróleo del extraído ahí, que se sumaba al 15 por ciento. En los hechos, las trasnacionales se iban apropiando de todo el petróleo extraído, y esto motivó la sobrexplotación de pozos ya existentes, para cubrir la demanda nacional. Este rasgo, pagar con petróleo, es el único que no está aún en los contratos “nuevos” con los que se amenaza ahora al país. Claro, como con estos contratos el pago al contratista se da en función del precio del barril de petróleo, la trasnacional podría comprar con ese dinero el petróleo en cuestión.
La reacción contra esta entrega fue sucesiva, ya pocos años después de salido Alemán: se fueron dando por terminados anticipadamente los contratos; la ley reglamentaria de Pemex prohibió los contratos riesgo. Y se modificó, en 1960, el artículo 27 de la Constitución, prohibiendo ya no sólo las concesiones sino los contratos, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Después de un tiempo, el entreguismo volvió a la carga con diferentes nombres para los contratos.
Ahora, con los nombres de contratos incentivados y “contratos integrales de servicios”, se acercan cada vez más a los contratos riesgo de Miguel Alemán y en algunos sentidos los rebasan.
La entrega es hasta de 170 kilómetros cuadrados durante 25 años (como en los contratos riesgo), pero ahora se puede aumentar la duración otros 25 años sin volver a concursar, para sumar 50: medio siglo. Aquí rebasaron en entreguismo a Miguel Alemán. Además, se pueden entregar más kilómetros adjuntos.
Las compañías realizarían su trabajo a cambio de un pago en efectivo y con un extra si logran rebasar una meta establecida al principio. En esto también superan a Miguel Alemán. Se les pagaría conforme a un precio por barril extraído, más un 70 u 80 por ciento de los costos que tenga. Se les pagaría incluso en caso de ineficiencia.
Se plantea que Pemex entre como socio minoritario de la empresa privada. Pone su lana, su inversión, pero el socio privado mayoritario, como tal, adopta las decisiones de la empresa. Además, Pemex no puede, en casos extremos como los que ya se han dado, demandar a la compañía, porque son socios.
Como cierre, viene la declaracionitis del director. Que se crea una nueva división de Pemex para firmar estos contratos; que no, que tal vez firme Pemex Internacional. Habían hablado del absurdo de importar petróleo superligero, cuando es de las pocas cosas en Pemex cuya producción está aumentando de manera importante. Ya mejor no dicen nada. Ahora, el director dice que hay que mandar a refinar petróleo a Estados Unidos, ya se les olvidó su anterior discurso sobre la “nueva refinería”, en realidad abandonada. Alguien le dice y afirma que no la han abandonado.
Lo cierto es que el año pasado había en el presupuesto de Pemex una ¡barda perimetral!, gran cosa para una refinería, y no pusieron ni un alambrito. Este año, otra vez, lo mismo en el presupuesto y la misma ausencia de la tremenda barda perimetral. ¡Y en diciembre dice que no han abandonado la refinería!
Con tanta mentira, ya no sabe uno si de a de veras van a hacer esa nueva acción entreguista, los contratos integrales de servicios. Claro, más vale que no la hagan, y que sea otra obra de pura saliva, pero eso sólo lo sabremos cuando las cosas hayan ocurrido… o cuando dejen de hablar del asunto, como pasó con el crudo superligero.
Parecería que las mentiras son un sello de este sistema como tal.
antonio.gershenson@gmail.com
Creará Pemex nueva empresa para participar en contratos incentivados
2 diciembre 2010
• Se asociará con consorcios que ganen las licitaciones para prestar servicios integrados
• La nueva entidad será ciento por ciento de la paraestatal; descarta la participación de PEP
Julio Reyna y Miriam Posada
Periódico La Jornada
Jueves 2 de diciembre de 2010, p. 31
Petróleos Mexicanos (Pemex) creará una empresa para asociarse con los grandes consorcios que se adjudiquen los nuevos contratos de servicios integrados o contratos incentivados, anunció este martes el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.
Durante su intervención en el Diálogo con motivo del cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, dijo que en la asociación estaría involucrada una filial de Pemex ya en operaciones o una nueva.
Descartó que Pemex Exploración y Producción (PEP) participe directamente en la asociación por impedimentos legales, y señaló a Pemex Internacional (PMI) como la posible socia de contratistas.
La semana pasada, el consejo de administración de Pemex aprobó ese tipo de contratos en una primera etapa para la explotación de campos marginales de petróleo.
El consejero Fluvio Ruiz consideró que esos contratos no tienen precedente en los recientes 50 años en la historia de la petrolera y representan la mayor apertura a la iniciativa privada.
Suárez Coppel afirmó ayer que la empresa surgida de cualquier asociación de la paraestatal sería ciento por ciento propiedad de la compañía mexicana, y que su nivel de inversión sería inferior a 15 por ciento. Ello asegura la transferencia de tecnología y el control de costos.
Lo que se busca, dijo, es que Pemex participe en el consorcio operador para tener acceso a las prácticas en los campos críticos. “Poder traer ese expertise, y la manera más directa es participando en la operación del consorcio de estos contratos.”
Liquidación de Luz y Fuerza
En materia de refinación, Suárez Coppel dijo que Pemex inició negociaciones con plantas estadunidenses para incrementar su participación en aquel mercado, y aprovechar el exceso de capacidad de refinación. Puntualizó que es más conveniente y rentable tener participación en refinerías estadunidenses que construir una nueva refinería en México, “porque resulta 2.5 dólares más barato por barril de crudo procesado”.
El funcionario dijo que las negociaciones se han dado con empresas como Valero Energy y cinco más, pero aseguró que dichas alianzas no serán motivo para dejar la refinería de Tula “en el camino”.
En el mismo foro el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Energía, Carlos Petersen, afirmó que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue una decisión difícil para el gobierno, pero necesaria para el erario.
El funcionario incluyó esa medida entre los “logros” alcanzados en materia energética en los cuatro años de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Sostuvo que el gobierno federal actuó en la extinción de la empresa con “determinación”, porque decidió enfrentar un problema que, dijo, constituía un freno al crecimiento de la economía del centro del país.
Petersen recordó que el gobierno federal canalizaba 42 mil millones de pesos a Luz y Fuerza del Centro, cantidad equivalente al programa Oportunidades.
Las acciones emprendidas en este gobierno permitirán que el sector energía continúe siendo una palanca fundamental del desarrollo nacional, afirmó el funcionario, quien asistió con la representación de la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Dijo que el nuevo marco legal en la materia permitirá una operación eficiente y transparente del sector hidrocarburos, en tanto que la puesta en marcha del proyecto Etileno 21 tendrá una inversión de 2 mil millones de dólares con la generación de 11 mil empleos directos e indirectos.
Pese a la importancia del sector energético, la asistencia de ciudadanos al Diálogo de las agencias del sector fue prácticamente nula; acudió menos de medio centener de personas, la mayoría funcionarios de gobierno.
Consejero de Pemex califica de ilegales los contratos incentivados
• Consejero de Pemex califica de ilegales los contratos incentivados
• El abogado general de la paraestatal soslayó la legalidad y conveniencia económica, señala
• Se posibilita la explotación de áreas de hasta 170 kilómetros cuadrados durante 25 años
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Domingo 28 de noviembre de 2010, p. 32
Una nueva forma de contratación de proyectos en áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos, que fue aprobada por el consejo de administración de la paraestatal hace cuatro días, abre la puerta a que empresas privadas se apropien de parte de la renta petrolera, advirtió uno de los consejeros de la empresa.
Los contratos son “ilegales”, fueron aprobados con premura y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre una controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, advirtió Rogelio Gasca Neri, el único de los integrantes del consejo de administración de Pemex que votó en contra de los llamados “contratos incentivados”.
En la reforma energética aprobada hace dos años por el Congreso se introdujo la figura de los “contratos incentivados”. Este instrumento permite a empresas privadas realizar para Pemex trabajos en las áreas de exploración y producción, reservadas por la Constitución al Estado. Las compañías realizan el trabajo a cambio de una remuneración en efectivo, con el incentivo de aumentar su percepción en función si logran metas arriba de las pactadas al momento de la contratación.
El 24 de noviembre, el consejo de administración de Pemex aprobó un primer modelo de “contrato incentivado”, aun cuando el proceso de discusión previo tuvo vicios de origen, como el hecho de que la legalidad y conveniencia económica no fue dictaminada por el abogado general de la empresa, expuso Gasca Neri, en la sesión de consejo de ese día, según un “voto razonado” del que este diario posee una copia.
Pago de tarifa cuestionado
Gasca Neri, uno de los cuatro consejeros profesionales de Pemex, cuestionó que el modelo de contrato aprobado incluya el pago de una tarifa por barril de petróleo extraído por el contratista, cuando existe una controversia constitucional específicamente sobre ese término planteada por la Cámara de Diputados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aún no ha sido resuelta.
Adelantarse al pronunciamiento de la Corte “puede interpretarse como un menosprecio a las resoluciones del más alto tribunal de la nación, amén de los riesgos que implica para Petróleos Mexicanos”, planteó Gasca Neri, quien ha sido director de la Comisión Federal de la Electricidad y subsecretario tanto en Comunicaciones y Transportes y Hacienda.
En la sesión del consejo de administración de Pemex del 24 de noviembre, Gasca Neri reconoció la relevancia de definir los términos de la contratación con premura. Sin embargo, apuntó, la urgencia no debe justificar la violación del marco jurídico que rige al propio órgano colegiado.
“En mi opinión, nuestro objetivo no es aprobar un modelo de contratos de inmediato, sino lograr que el primer modelo de contratos incentivados de Petróleos Mexicanos sea sólido legalmente, conveniente desde el punto de vista económico, que cuente con el más amplio apoyo del consejo de administración y que la administración de la empresa pueda implementar adecuadamente, todo ello en beneficio de Petróleos Mexicanos”, planteó Gasca Neri en esa sesión.
Argumentó que el modelo de contrato aprobado es “ilegal”. Explicó: “en el modelo de contrato se licita y se da a concesión para la evaluación, el desarrollo y la producción de hidrocarburos, un área predeterminada de hasta 170 kilómetros cuadrados de forma exclusiva, hasta por 25 años, misma que puede incrementarse hasta en 100 por ciento sin licitación”.
Adicionalmente, el contrato aprobado por el consejo de administración de Pemex define como remuneración para la empresa privada contratista una tarifa por barril extraído más el pago de 70 a 80 por ciento de todos los costos en que incurra.
“Me preocupa –argumentó Gasca Neri– que en este modelo de contrato se esté incluyendo el pago de una tarifa por barril extraído por el contratista, cuando es de todos conocido que existe una controversia constitucional sobre este término, que planteó la Cámara de Diputados”
Por otra parte, abundó, en el contrato finalmente aprobado por el consejo de administración de Pemex existe una estrecha correlación entre el precio del crudo y la remuneración del contratista, “lo que difícilmente se puede disociar del concepto de compartir la renta petrolera, lo cual está prohibido por la Constitución”.
La renta petrolera es la diferencia entre los costos de extracción, almacenamiento y distribución y el precio de venta del hidrocarburo. El Estado se apropia de la renta (ganancia) mediante una empresa pública que aplica parte de esas utilidades a la reposición y desarrollo de nuevas reservas y la otra parte se emplea en gasto público.
En su “voto razonado” en la sesión de consejo del 24 de noviembre pasado, Gasca Neri expuso que el modelo de contrato (finalmente aprobado) no es conveniente económicamente para Pemex. No incentiva la eficiencia ni la disciplina en el gasto y se pagarían costos aun en casos de ineficiencia, negligencia o abuso dado que se rembolsa gran parte de los costos, incluidos los gastos de operación.
“En el modelo de contrato presentado [en esa sesión] Pemex se sujeta al compromiso de rembolsarle prioritariamente al contratista un gran porcentaje, de 70 a 80 por ciento, de todos los costos (inclusive los gastos de operación, lo cual es inusual considerando que en la fórmula de pago hay una tarifa por barril) en que incurra con el único límite del valor de la producción después del pago de los derechos de extracción, con la característica de que cuando el efectivo disponible no alcance para sufragar el pago, la diferencia se acumulará como un adeudo para Pemex para el siguiente periodo”.
Esto implica, apuntó, que una parte muy sustancial de la remuneración del contratista es completamente incierta a la firma del contrato, lo cual es contrario a lo que marca la legislación vigente.
Gasca Neri cuestionó también la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de asignación, contratación y aprobación del gasto.
En particular destacó que la posible participación de Pemex como socio minoritario en el contrato, amén de que no incluye ningún derecho que lo proteja, tendría el efecto de poner a la paraestatal en una situación “en la que se contrata a sí mismo y, por lo tanto, le impediría presentar una demanda al contratista si llegase a ser necesario”.
Así, aseveró, “la fórmula de asociación más bien sirve de escudo de protección para el contratista frente al mismo Petróleos Mexicanos”. Por ello, en esa sesión propuso que se estableciera que Pemex no participará de socio de ninguna empresa que le preste servicios.
Los contratos, según lo planteado por Gasca Neri, están elaborados de manera tal que garantizan a los contratistas que no habrá cambios en la legislación fiscal.
El modelo de contrato votado el 24 de noviembre indica que el documento será modificado si existe un cambio en la ley que afecte exclusivamente a los prestadores de servicios de petróleo y gas.
“Con ello, se busca proteger a los contratistas de incrementos en impuestos o modificaciones en el paquete fiscal que el Congreso de la Unión determine o imponga y los contratistas resulten directamente afectados en función de la actividad que desempeñan; o bien, que un incremento en derechos o impuestos a Petróleos Mexicanos tenga como resultado un menor efectivo disponible para el pago al contratista”, consideró."
¡AMLO 2012!
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