La tentación
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
07 de diciembre de 2010
La ofensiva de Televisa contra Proceso entraña un deplorable acto de complicidades entre este poderoso grupo televisivo y la administración de Calderón que, a cambio de canonjías, otra vez usa una concesión pública para denostar y sentenciar, a la usanza de tribunal inquisitorio, a quien disiente y no se somete a los intereses del “poder”, lo que pone en entredicho la libertad de expresión y amaga con convertirse en una práctica regular.
No es la primera vez que acontece. Más allá de los hechos más sonados ante la opinión pública —como los videoescándalos—, a diario se desarrolla una estrategia que socava nuestra precaria vida institucional. Sin pretender desconocer el descrédito y deterioro bien ganado de las instituciones públicas ni de los políticos y servidores públicos que las conformamos, de forma sistemática se mina la “cosa pública” pretendiendo erigir a los poderes fácticos y sus empresas en la sana conciencia de la sociedad, alentando al alimón el temor y la desconfianza en la población.
El lastimoso escenario nacional —violencia e inseguridad, desempleo, frustración y exclusión social, y falta de rumbo en la conducción del país— ha creado un caldo de cultivo que, lejos de motivar cambios profundos en la vida nacional, alienta tentaciones autoritarias en el ánimo de conservar el poder. Para ello se hace uso de todos los medios y recursos, inclusive conculcando libertades y garantías constitucionales. Un buen ejemplo es el caso que nos ocupa contra Proceso, y la “denuncia” basada en el dicho de un delincuente habilitado como testigo protegido.
La figura de testigo protegido fue creada en un paquete de reformas legislativas que se plantearon como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado, que ha modificado sustancialmente nuestro sistema de justicia. Así se estableció la figura de arraigo, la intervención telefónica, la denuncia anónima y el allanamiento domiciliario en flagrancia. Asimismo, se endurecieron las penas tanto para delitos federales como del fuero común y se aumentaron, como nunca, los recursos públicos en materia de seguridad pública.
Con ello se pretendía disuadir la actividad criminal y dar eficacia a las corporaciones policiacas. Pero, con el tiempo, se eliminó el principio de presunción de inocencia que regía nuestro sistema judicial y, lejos de cumplirse el objetivo, la delincuencia y la violencia siguen en aumento, las policías han sido sustituidas por las fuerzas armadas y en diversas regiones del país se vive una situación de excepción.
LEER MAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
#Dontriananews gracias por escribirnos