PROCESO: El “riesgo” de ser presidente

El “riesgo” de ser presidenteDaniel Lizárraga 

El Ejército se ha visto obligado a compensar a las familias de los civiles inocentes que ha matado en acciones de guerra contra el narcotráfico; por cada fallecido, el desembolso militar ha sido de alrededor de 150 mil pesos. En el otro extremo, el presidente Felipe Calderón, el hombre más protegido del país, recibe un bono “por riesgo de trabajo”. La existencia de esta percepción extraordinaria se conoció en junio pasado, cuando la Secretaría de la Función Pública subió el dato a internet, junto con más información sobre el patrimonio de la familia presidencial.

En los primeros días de su gobierno, Felipe Calderón convocó a los medios a la residencia oficial de Los Pinos para anunciar que reduciría 10% su salario y el de los integrantes de su gabinete con el fin de ahorrar recursos públicos. Dos años después recuperó 97% de ese descuento al aceptar un bono retroactivo de 196 mil 32 pesos, por algo que en el lenguaje oficial se denomina “riesgo de trabajo”.

El 3 de diciembre de 2006, el mandatario le quitó 16 mil 725 pesos a su salario mensual, con lo que al cierre de 2007 había ahorrado 200 mil 700 pesos, de acuerdo con la información oficial manejada entonces. 

En su declaración patrimonial de 2010, Calderón reveló que dos años antes recibió ese bono retroactivo por 196 mil 32 pesos; es decir, apenas unos 4 mil pesos por debajo de lo ahorrado con la disminución salarial previa.

El mandatario cobró esa prestación aun cuando no tiene gastos de manutención familiar, pues vive en la residencia oficial de Los Pinos; tiene un seguro de separación individualizado (equivalente a un fondo de ahorro) que en este momento podría alcanzar 3 millones 467 mil 286 pesos, y está protegido por mil 408 soldados, marinos y pilotos del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cual cuenta con una sección de inteligencia dedicada a la protección del presidente.

Además, desde el momento en el que Felipe Calderón entregue la banda presidencial a su sucesor en diciembre de 2012 tendrá una pensión vitalicia de 215 mil pesos mensuales, un aguinaldo de 43 mil 500 pesos y un seguro de vida de 8 millones de pesos.

En el otro extremo, el Ejército ha compensado con cantidades que van de 150 mil a 153 mil pesos a las familias de las víctimas de los enfrentamientos entre la tropa y los cárteles de las drogas. Hasta el momento, oficialmente no hay indicios de que las familias de esas víctimas vayan a recibir algún tipo de pensión permanente o bonos anuales por parte de las Fuerzas Armadas.

En el caso de los heridos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha puesto en manos de los afectados alrededor de 35 mil pesos en efectivo, de acuerdo con cifras publicadas por el reportero Jorge Carrasco en la Agencia de Noticia Proceso (Apro).

El 1 de junio de 2007, los deudos de Roberto Francisco Valenzuela Loera recibieron 147 mil 664 pesos por los hechos ocurridos en el caso conocido como La Joya, cuando soldados de un retén dispararon contra un auto, con saldo de cinco civiles muertos, entre ellos dos menores. En los días siguientes las indemnizaciones a los deudos alcanzaron 849 mil pesos.

En febrero de 2008 –el año en que Calderón recibió la compensación retroactiva por riesgo de trabajo–, la Sedena indemnizó con 153 mil 562 pesos a los deudos de Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo, Édgar Araujo Alarcón, Ireneo Medina y Miguel Medina Medina, así como con 38 mil pesos a Wilfredo Ernesto Madrid Medina, quienes fueron agredidos a tiros por soldados en la comunidad de Santiago de los Caballeros, Sinaloa.

En su edición del 18 de junio de 2010, el diario La Jornada publicó que el pago más elevado por indemnización médica por parte de la Sedena fue de 153 mil 562 pesos para Marcela Santiago Mauricio por una lesión neurológica.

Esa misma cantidad recibieron los deudos del menor Carlos Iván García Calderón, ametrallado por soldados en la carretera Morelia-Mil Cumbres el 12 de mayo de 2008. En ambos casos no hubo otro tipo de compensación.

En suma, la participación del Ejército en el combate al narcotráfico representó un desembolso de unos 8 millones de pesos correspondientes a la reparación del daño económico por la muerte de 24 civiles inocentes –cinco menores de edad–, lesiones y servicios médicos en 2007, 2008 y 2009.

Las viudas de los civiles que han muerto en la guerra contra el narcotráfico no recibieron pensiones de por vida por parte del gobierno federal. En cambio el marco legal le garantizaba a Margarita Zavala 80% del sueldo bruto de su marido, Felipe Calderón, en caso de que éste falleciera durante el primer año de su gestión. La pensión se reduce paulatinamente hasta llegar a 50%.

Declaraciones en internet

Los hijos de la familia Calderón Zavala, por ejemplo, estarán incluidos en seguros de vida y de gastos médicos mayores hasta cumplir la mayoría de edad, pero los hijos de quienes perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico no cuentan con esa prestación.

El bono por riesgo de trabajo para Felipe Calderón permaneció alejado del escrutinio de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y académicos durante más de un año, ya que no fue incluido en la primera declaración patrimonial disponible en internet, correspondiente a 2008 y presentada en el primer trimestre de 2009, de acuerdo con una copia de la misma obtenida por este semanario.

No fue sino hasta el pasado 4 de junio de 2010 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en internet una nueva versión de esas listas de bienes y propiedades en la que asumieron que la diferencia de percepciones anuales entre 2008 y 2009 se debió al bono referido.

La aparición de esta bolsa de dinero fue manejada por el gobierno como un gesto de buena voluntad; sin embargo, fue puesta a disposición de los ciudadanos luego de que Proceso publicó una investigación sobre inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del presidente.

El dinero entregado a Felipe Calderón fue retroactivo y, en este sentido, correspondió sólo a 2007 y 2008. En el EMP hay un grupo especialmente entrenado –la Sección Séptima– para garantizar la protección del mandatario. Además, en cada gira de trabajo se cuenta con el apoyo de las policías estatales y municipales. La presencia de Calderón en calles y plazas implica que los militares incluso coloquen francotiradores y, sobre todo, controlen los accesos a los actos públicos con al menos 24 horas de anticipación.

El martes 21 de septiembre, el reportero de Reforma Jorge Arturo Hidalgo publicó que el gobierno de Felipe Calderón pretende aumentar 34% el bono por riesgo de trabajo, lo que significará para el erario más de 500 millones de pesos, ya que además del mandatario también serán beneficiados 376 funcionarios de alto nivel, así como 623 mandos del Ejército y la Marina.

Calderón tendrá 49 años cuando deje la Presidencia. En su número 1742 Proceso publicó que si el actual mandatario cumpliera con la expectativa de vida promedio de los mexicanos –73 años– su pensión representaría para el erario más de 64 millones de pesos sólo por salarios y aguinaldos.

Los predios descubiertos

Luego de que los Calderón Zavala presuntamente abrieron su lista completa de bienes al escrutinio público, pudo saberse que los bienes del presidente y su esposa aumentaron por esa compensación por riesgo de trabajo y también por cuatro departamentos y un estudio que adquirieron en un predio contiguo a su vivienda en Cóndor 231, en la colonia Las Águilas de la Ciudad de México. 

A partir del 14 de mayo de 2010 se publicaron varios reportajes (Proceso 1741, 1742, 1753 y 1754) sobre inconsistencias en las listas de bienes de Felipe Calderón. Aun cuando en el sistema de rendición de cuentas en internet se decía que el mandatario aceptó hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, en ellas no aparecieron terrenos y casas que incrementaron hasta en 11 veces el tamaño original de la vivienda de clase media alta que, hasta ese momento, poseía.

En 2003 la familia Calderón Zavala compró una casa de 174 metros cuadrados, la cual ahora se ubica junto con otras propiedades –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF– en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

En la primera versión pública de su declaración patrimonial, correspondiente a 2008, Calderón omitió informar la adquisición de otra casa –de 234 metros cuadrados– contigua a la vieja vivienda familiar y a nombre de Margarita Zavala; tampoco registró la adquisición de un terreno de 776 metros cuadrados en esa misma zona de Las Águilas, con el cual se convirtió en socio de su propia esposa.

Vista desde afuera la casa de los Calderón Zavala, en el número 8 de la privada de Cóndor 231, no ha cambiado desde 2003; pero puertas adentro se descubrieron nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y la nueva casa, marcada con el número 9. 

Además cuentan con un edificio de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor, asentado en un terreno de mil 532 metros cuadrados, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega. Estos inmuebles se conectan por dentro formando un conglomerado dispuesto en un área en forma de “L” (Proceso 1741).

Al respecto, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que Calderón sí reconoció en sus declaraciones patrimoniales los bienes inmuebles a nombre de su esposa, por lo que no habría incurrido en irregularidad alguna.

En entrevista con este semanario en mayo pasado, Vega Casillas, amigo cercano de Calderón, asumió la responsabilidad de haber eliminado de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales las casas y terrenos para proteger los datos personales de la primera dama. 

El sistema Declaranet, explicó entonces, elimina ese tipo de información automáticamente, aun cuando el propio funcionario haya aceptado hacer pública su declaración patrimonial. Ante esta postura oficial, Proceso hizo varias solicitudes de información a la SFP y a la Presidencia. Pidió copias de las listas completas de bienes presentadas por Felipe Calderón, en las cuales debieron incluirse –como el propio Vega Casillas lo aseguró– las casas y terrenos a nombre de Margarita Zavala.

En respuestas por separado, la SFP argumentó que las declaraciones patrimoniales completas de Felipe Calderón son confidenciales y la Presidencia notificó que no existían en sus archivos copias de las listas de bienes y propiedades del mandatario. En un oficio, el secretario particular, Luis Felipe Bravo Mena, sugirió dirigir la solicitud hacia la Función Pública, es decir, a la misma dependencia que ya había decretado confidencial esa información.

Para el gobierno en ese momento la obligación de presentar una lista de bienes e inversiones cada año no podía hacerse extensiva a la esposa e hijos. Estos datos, explicaron, sólo guardan una “relación tangencial” con el mandatario. La SFP también indicó que si se abriera ese tipo de información al escrutinio público se invadiría la privacidad de la familia Calderón Zavala (Proceso 1753).

El recurso del IFAI

Ante la negativa, Proceso presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño y su equipo de trabajo se avocaron a analizar si era posible obligar a la SFP a entregar las declaraciones patrimoniales completas de Calderón, ya que él, desde que rindió protesta como presidente, había autorizado que fueran públicas.

El 10 de junio, mientras se desarrollaba el juicio dentro del IFAI y una semana después de que este semanario publicara que los candados a la transparencia en las declaraciones patrimoniales alejan a México de las políticas aplicadas en Estados Unidos y Canadá (Proceso 1754), la oficina de Margarita Zavala envió a esta revista una carta en la cual informó que había autorizado que se dieran a conocer los bienes comprados a su nombre.

“La autorización otorgada por la Lic. Zavala para hacer pública su declaración patrimonial consiste en un hecho sin precedentes en los registros de la Secretaría de la Función Pública por lo que corresponde a una cónyuge de un servidor público”, se advirtió en la misiva.

Sin embargo esa no fue la única carta que salió de Los Pinos. Alrededor de 48 horas antes de que la comisionada del IFAI, María Elena Pérez-Jaén, pusiera a disposición de sus compañeros una resolución definitiva sobre la transparencia en las listas de bienes del presidente, llegó a su oficina una misiva firmada por Felipe Calderón y Margarita Zavala en la cual argumentaron que ya habían dado su consentimiento para que su lista completa de bienes inmuebles fuera hecha pública.

En una de sus partes la carta expresaba: “La autorización otorgada para hacer pública la información patrimonial tanto del servidor público como de su cónyuge deberá únicamente de proteger y garantizar la seguridad de los datos estrictamente personales de contenido no patrimonial y/o de considerada confidencialidad o reservada por disposición de ley.

“El acceso a la información de contenido patrimonial de los servidores públicos favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos y contribuye a transparentar su gestión; por ello hemos otorgado de manera reiterada cuando hemos desempeñado cargos públicos, nuestra expresa autorización para que dicha información se haga pública a todos los ciudadanos.”

Esta carta fue definitiva para que la comisionada Pérez Jáen-Zermeño no entrara al fondo del debate al considerar que al autorizarse la publicitación en internet de la lista de bienes se cumplía al menos una parte de la solicitud de información hecha por Proceso. Sin embargo, también consideró que, de acuerdo con el marco legal mexicano vigente, es imposible abrir la lista de bienes completa si no existe de por medio una autorización por escrito de los servidores públicos.

Así, el pasado 7 de junio a partir de las 10 de la noche, la SFP puso en internet más información de la familia Calderón Zavala. Entre las novedades está precisamente el bono por riesgo de trabajo.

Además de lo anterior, en las anotaciones finales también reconocieron que en el edificio de Cóndor 227, descubierto en la investigación de Proceso, dos departamentos corresponden a Margarita Zavala y otros dos, más un estudio, son propiedad de Felipe Calderón.

Ahora se sabe que la familia Calderón Zavala cuenta al menos con dos casas: las de privada de Cóndor 231, así como con cuatro departamentos y un estudio en el número 227 de la misma privada. Luego de una década de alternancia política los mexicanos todavía no pueden saber en qué medida se incrementaron los patrimonios familiares de quienes han ocupado un cargo dentro del gobierno federal, incluido el presidente de la República.

Los funcionarios tienen garantizado el hecho de que los departamentos, los terrenos, las joyas, los autos y las inversiones bancarias que pongan a nombre de sus esposas o hijos no serán revisados por las organizaciones no gubernamentales, los académicos ni los medios.

La opacidad en el acceso a las declaraciones patrimoniales no tiene jerarquías y los ciudadanos sólo pueden abrirlas cuando existe una autorización por parte del servidor público. De otra manera, el propio gobierno se encargará de clasificar esa información. El marco legal no permite más interpretaciones en este sentido, según se desprende de la resolución del IFAI.

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