Ante la vulnerabilidad mexicana, Washington aprieta su intervencionismo
J. Jesús Esquivel
A principios de año, el Pentágono entregó al Congreso de su país un informe en el que expone el miedo de Estados Unidos a un “contagio del narcoterrorismo y la narcoviolencia”. Meses después, en junio, Barack Obama realizó varios movimientos para apuntalar militarmente su frontera con México, y en agosto anunció que el Departamento de Justicia destinará 196 millones de dólares para reforzar la presencia de sus agentes en el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés). Además, la presencia de militares y espías estadunidenses en territorio mexicano es un hecho, según se desprende de ese reporte.
WASHINGTON.- La Casa Blanca avaló desde junio pasado un plan para militarizar y fortalecer la vigilancia a lo largo de los 3 mil 169 kilómetros de frontera común con México.
La administración Obama parte de una premisa: la violencia del crimen organizado y la incapacidad de las autoridades mexicanas para detenerlo podría ser aprovechada por grupos como Al Qaeda para penetrar a Estados Unidos y perpetrar ahí actos de terrorismo, sobre todo en las grandes urbes.
A principios de año el Pentágono entregó al Congreso federal un informe de inteligencia en el que sostiene que el territorio mexicano “podría ser un pasaje fácil” para los grupos terroristas internacionales:
“Los cárteles del narcotráfico y los grupos del crimen organizado han demostrado que México es un territorio muy fácil de vulnerar para realizar actividades ilícitas, como traficar drogas y personas hacia los Estados Unidos… y esto puede ser aprovechado por grupos terroristas como Al Qaeda y otros más.”
El documento, cuya copia fue facilitada a Proceso por un asesor del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que preside el demócrata por Texas Silvestre Reyes, sostiene: “Por la facilidad con la que grupos terroristas podrían usar a México como pasaje para ingresar a Estados Unidos, tenemos que estar muy vigilantes y fortalecer nuestras capacidades de inteligencia a lo largo de la frontera sur”.
A partir de ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo anunció que destinará cientos de millones de dólares y movilizará a decenas de miles personas hacia el sur de su territorio para sellar la frontera con México. Las medidas tienen el propósito de contener el tráfico de narcóticos, así como el flujo de inmigrantes indocumentados y la posibilidad de “contagio del narcoterrorismo y la narcoviolencia” que afecta cada vez más a los mexicanos.
Las maniobras de Bush
Durante su administración, George W. Bush aprovechó la “sensibilidad” de su par Vicente Fox luego de los ataques terroristas en varias ciudades estadunidenses el 11 de septiembre de 2001 para instalar “células de intercambio de información de inteligencia” con el gobierno mexicano. El propósito: “contener al crimen organizado”.
Fox abrió las puertas de México para que espías de la CIA, el Pentágono, el FBI y la DEA instalaran pequeños centros de operación en Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey, Guadalajara y la misma capital mexicana. Las autoridades mexicanas ocultaron la injerencia del personal estadunidese y alegaron que se trataba de un simple intercambio de información con sus vecinos.
Con la llegada de Felipe Calderón, el “boquete” para los operativos de inteligencia contra el terrorismo internacional en el territorio mexicano se hizo más grande. El ejemplo principal lo constituye el posterior establecimiento de la Iniciativa Mérida, una herramienta bilateral para combatir al narcotráfico mexicano que fortaleció el trabajo de las antiguas “células de intercambio de información de inteligencia”.
Además, ante el fracaso de Calderón para doblegar al crimen organizado, la administración de Barack Obama aprovechó para crear, con la venia de su homólogo mexicano, el Centro Binacional de Inteligencia, que ya comenzó a trabajar y que tiene su sede en el Distrito Federal.
Este centro le permitirá a la CIA, al Pentágono, al FBI y a las demás agencias federales de espionaje de Estados Unidos tener el control inmediato de la vigilancia en el propio territorio mexicano. Y aun cuando se esgrima que el objetivo es coadyuvar a desmantelar a los cárteles del narcotráfico, en realidad se busca garantizar que el territorio mexicano no sea usado como trampolín por grupos terroristas internacionales para entrar a Estados Unidos.
De acuerdo con la Iniciativa Mérida, el Centro Binacional de Inteligencia, que “estará a cargo de agentes mexicanos”, se coordinará directamente con el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), ubicado a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez, desde donde el Pentágono controla cualquier movimiento “sospechoso” de los grupos del crimen organizado que operan a lo largo de la frontera común con México.
La decisión de Obama
En los meses recientes, los gobernadores de California, Arizona, Nuevo México y Texas, los cuatro estados fronterizos, han manifestado su preocupación por la posibilidad de un “contagio del narcoterrorismo y narcoviolencia” que prevalece en la región norteña de México.
Y fue precisamente ese temor el que motivó a Obama a fortalecer la vigilancia en la frontera sur. El mandatario anunció además que se incrementará la presencia de servicios de inteligencia en esa zona debido a la vulnerabilidad del territorio mexicano frente al terrorismo.
La presencia del EPIC en El Paso, Texas, y de las células de intercambio de información de inteligencia en México, además de la presencia de cientos de agentes de casi todas las agencias federales de Estados Unidos, convierten a esa urbe y a Laredo –que comparten frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las entidades más violentas de México– en la segunda y la cuarta ciudades más seguras de Estados Unidos.
“Los narcos mexicanos saben que meterse aquí o en El Paso sería como meterse al mismo infierno, porque están conscientes de la presencia de los agentes federales que hay de este lado”, comenta a Proceso Raúl Salinas, alcalde de Laredo y exjefe del FBI en México.
Por razones de seguridad nacional, el Departamento de Justicia se niega a revelar el número de agentes que operan en el EPIC y los nombres de sus instituciones; también evita informar sobre los empleados del FBI, la DEA y el Pentágono comisionados a los estados sureños de California, Arizona, Texas y Nuevo México.
Sólo se sabe que el personal de agencias federales distribuido a lo largo de la frontera con México está constituido por los 20 mil elementos de la Patrulla Fronteriza, a los que se sumarán otros mil en los próximos meses.
En lo que atañe a la militarización, Obama ordenó en junio pasado el despliegue de mil 200 elementos a lo largo de los 3 mil 169 kilómetros de la frontera con México para “apoyar a las agencias federales” en operaciones de supervisión fronteriza.
De acuerdo con el Pentágono, los soldados estarán armados y tienen autorización para defenderse ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad personal.
Además, en sintonía con la ley de la Iniciativa de la Frontera Sur, promulgada por el presidente Obama el pasado 12 de agosto, el Departamento de Justicia destinará 196 millones de dólares, de los 600 millones de su presupuesto, al plan fronterizo para instalar siete nuevos equipos de agentes del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) para combatir el tráfico de armas hacia México, cinco Grupos de Tarea del FBI, agentes de la DEA y 20 alguaciles más que se abocarán exclusivamente a la labor de “investigaciones mexicanas” como parte del proyecto de investigaciones transfronterizas del EPIC.
En la actualidad, la frontera sur de Estados Unidos es vigilada desde el aire por 150 helicópteros y aviones, además de cinco aeronaves espías manejadas a control remoto similares a las que usó el Pentágono para destruir objetivos terroristas con misiles de corto alcance en Afganistán e Irak.
Recientemente, 25 nuevos analistas de la DEA se incorporaron al EPIC bajo la Ley de la Iniciativa Sur, y se crearon Grupos de Tarea Anticorrupción del FBI en Houston y Del Río, Texas.
En total, de acuerdo con la documentación obtenida por el corresponsal, habrá 200 nuevos alguaciles federales en la frontera sur de Estados Unidos. Su tarea: “Incrementar las detenciones de fugitivos de la ley, identificar y confiscar bienes de los grupos del crimen organizado, e investigar y mitigar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos (actos terroristas)”, según la ley promulgada por Obama el 12 de agosto último.
Por lo demás, con el propósito de profundizar la cooperación bilateral de combate al crimen, la administración estadunidense se compromete a entrenar a 3 mil 799 ministerios públicos y agentes federales mexicanos más para finales de año. Hasta ahora ha capacitado a 5 mil 462.
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