21.09.2010 · Carlos Sardiña
El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.
Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.
Pese a todo el Gobierno irakí ha declarado públicamente que el acuerdo supone “un gran logro” y, según su Ministerio de Asuntos Exteriores, resuelve los contenciosos heredados del anterior régimen y es un paso hacia la soberanía total del país, ya que ayudará a que la ONU levante totalmente las sanciones que impuso al país hace dos decenios. Una de las condiciones que había puesto Estados Unidos para abogar en las Naciones Unidas por poner fin a las sanciones era que se resolviera el contencioso de las víctimas de Saddam durante la primera guerra del Golfo.
Hay que recordar que en 1990 la ONU hizo caer sobre Irak el peso del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y le impuso durante años un durísimo régimen de sanciones. Aunque el objetivo de las sanciones y el embargo era debilitar políticamente al régimen de Saddam Hussein, sólo consiguieron estrangular la economía del país y sumirlo en la pobreza más absoluta. Murieron cientos de miles de personas, hasta medio millón de niños entre ellos, como consecuencia del aislamiento económico casi total (sólo aliviado por el programa de “petróleo por alimentos”) al que fue sometido el país . En 1996 un periodista le preguntó a Madeleine Albright, por aquel entonces embajadora de Estados Unidos en la ONU, si creía que valía la pena pagar ese precio por los avances políticos obtenidos, a lo que ella respondió: “es una decisión muy difícil, pero creemos que vale la pena pagar ese precio”.
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