MEXICO ROJO: Tortura en nombre de la lucha contra el narcotráfico

Tortura en nombre de la lucha contra el narcotráfico: "

Oficial de policía vigila a un arrestado por narcotráfico en un centro de detención de Tijuana (AP Photo/Guillermo Arias)

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), no gubernamental, ha documentado supuesta tortura contra al menos 25 policías y un civil en el sudoriental estado de Tabasco, todos detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado entre 2009 y este año.

El expediente más reciente es el de seis agentes policiales del municipio tabasqueño de Cárdenas, unos 700 kilómetros al sudeste de la capital mexicana, detenidos el 13 de mayo y torturados presuntamente por militares para que se declarasen culpables del cargo de asociación delictiva. Asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, descargas eléctricas en los genitales y otras partes de cuerpo, ingestión de agua para luego expulsarla por la nariz, golpes y patadas en distintas partes del cuerpo, así como mordidas en las orejas componen el cuadro recogido por la CMDPDH.

“Ya es una práctica sistemática, cotidiana. Los casos documentados tienen el mismo patrón, llegan soldados y policías estatales, realizan las detenciones y luego los torturan para obtener confesiones”, declara a IPS la abogada Lucía Chávez, de la CMDPDH. Los seis policías, a uno de los cuales le extirparon el bazo y partes del intestino y el hígado a causa de los golpes recibidos, permanecen en una cárcel estatal. La CMDPDH ha pedido medidas para protegerlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de los Estados Americanos.

A su vez, la CIDH, con sede en Washington, ha solicitado al Estado mexicano información sobre las condiciones físicas y de salud de los detenidos. Hasta ahora, la CMDPDH ha documentado casos de 73 personas detenidas arbitrariamente, encarceladas y torturadas. En su informe de mayo de 2009, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes constató la aplicación de la tortura en México.

Una delegación del Subcomité, encabezada por Víctor Rodríguez, visitó México entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2008. Su informe fue mantenido confidencial por el gobierno, que tenía un plazo de seis meses para responder, hasta que en mayo el estatal Instituto Federal de Acceso a la Información Pública le ordenó divulgarlo. El Subcomité “considera que se necesita una política clara y práctica que envíe un mensaje dirigido a combatir la impunidad, de manera que, bajo ningún concepto ni en ninguna situación, se tolere la comisión de actos de tortura y malos tratos”, dice el texto de 88 páginas.

Miembros de una banda de crimen organizados son detenidos por tráfico de drogas en México capital. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

El gobierno asegura haber puesto en marcha un plan de acción para cumplir con las recomendaciones del Subcomité. Éste, en funciones desde febrero de 2007, fue establecido luego de la entrada en vigor en junio de 2006 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pero no es la primera vez que se denuncian torturas en Tabasco. Un policía fue arrestado en noviembre, sufrió lesiones y está a la espera de que se resuelva un amparo presentado por su defensa legal.

En una situación similar se hallan otros 18 agentes y un civil capturados en agosto del año pasado. “Cuando son detenidos no hay lesiones, pero sí aparecen después, síntoma de que han sufrido torturas”, afirma Chávez. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura rige desde 1986, y su última reforma data de 1994. Además, el Código Federal de Procedimientos Penales cataloga la tortura como delito grave. Aunado a estas disposiciones, el Código de Justicia Militar estipula que no puede haber incomunicación, intimidación o tortura en una confesión judicial.

México cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que “debe ser fortalecido mediante un marco legal apropiado, recursos humanos y materiales y autonomía”, según sugirió el Subcomité de las Naciones Unidas. La delegación “escuchó de varias fuentes que la impunidad generalizada de la que disfrutan los autores de malos tratos es un factor constante en el uso continuado de la tortura”, señala el informe.

La reforma al sistema procesal penal de 2008 cambió la figura del arraigo o detención preventiva, al alargar el plazo autorizado de confinamiento a 80 días, un mecanismo criticado por organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras. El Subcomité consideró que esa figura “puede propiciar la práctica de la tortura” contra los arraigados, “quienes no tienen ninguna condición jurídica claramente definida”.

En la militarizada lucha contra el narcotráfico que el presidente conservador Felipe Calderón impulsó desde su investidura en diciembre de 2006, los cuerpos policiales municipales, a menudo acusados de colusión con el crimen, son el eslabón más débil del aparato de seguridad nacional.

En marzo de 2009, efectivos militares capturaron y torturaron a 25 policías de la norteña ciudad de Tijuana, según denuncias de activistas. Los agentes permanecen en prisión, sin que se investiguen las acusaciones de tormento. Desde diciembre de 2006, más de 22.000 personas fallecieron en hechos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, según estadísticas gubernamentales. Apenas desde el viernes 11 de junio más de 100 personas murieron en varias regiones del país, en la peor escalada de violencia del mandato de Calderón.

En un mensaje publicado el lunes por los principales periódicos, el gobernante justificó su campaña con el argumento de que es “por la seguridad pública” y no constituye sólo una “guerra contra el narcotráfico”. Sin ella “los criminales se hubieran apoderado de gran parte del país”, ha afirmado. Calderón “ha perdido las riendas del país, no parcial sino totalmente. La violencia ha tomado proporciones inimaginables. La ley y el orden que en algunos estados se daba por sentada ahora está en duda en casi toda la geografía nacional”, escribie la periodista y activista Lydia Cacho en el diario capitalino El Universal.

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