Por: Jerome Duval, Damien Millet y Sophie Perchellet
Fecha de publicaci�n: 18/06/10"
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La crisis actual es el medio ideal para que el FMI aplique en Europa sus recetas ultraliberales adulteradas que ha estado imponiendo a los países en desarrollo desde comienzos de los años 80. Deslegitimado durante tres décadas de planes de ajuste estructural impuestos brutalmente a los pueblos del Sur, el FMI vuelve al centro del juego político desde el momento en que el G20 se hizo cargo de la gestión de la crisis en 2008.
El Sur fue el primer campo de batalla, Europa es ahora su prolongación. El FMI multiplica los préstamos a algunos países europeos que se encuentran en dificultades para pagar una deuda pública aumentada de golpe debido a la desaceleración económica y a los planes de salvamento para los bancos, cuya búsqueda desenfrenada de beneficios condujo precisamente a esta crisis. En 2007, Turquía era el único país de envergadura que todavía llamaba a las puertas del FMI. Muchos otros países como Brasil, Argentina, Uruguay, Filipinas, etc., habían cancelado de forma anticipada su deuda con el FMI para quitarse de encima su molesta tutela. El tiempo de las vacas flacas fue superado y el FMI ya abrió una línea de crédito para una decena de países europeos en menos de un año e interviene desde entonces en múltiples frentes.
Ahora, la institución ve que sus beneficios, sin considerar la venta de parte de sus reservas de oro, se han cuadruplicado durante el ejercicio 2009-2010 (cerrado a finales de abril), y es de 534 millones de dólares, frente a los 126 millones de dólares del ejercicio anterior. Confiar la gestión de la crisis a un organismo que saca provecho de ella hasta ese punto no debería dejar tranquila a la ciudadanía... Por otro lado, mientras que el Fondo impone la congelación, e incluso la rebaja, de los salarios un poco en todos lados, el correspondiente a su director general, el socialista francés Dominique Strauss-Kahn ‘sufrió’ un aumento superior al 7 % desde su llegada, para estabilizarse en medio millón de dólares al año.
El primer país tocado fue Hungría, antes de Ucrania, Islandia y Letonia. Después, en 2009, fueron Bielorrusia, Rumania, Serbia, Bosnia y más recientemente Moldavia y Grecia. La lista de países que solicitan un préstamo a la institución continúa alargándose y todos son obligados a aplicar los planes de austeridad dictados por los mercados financieros, el FMI y la Unión Europea.
El desastroso impacto social sobre las poblaciones nos recuerda los planes de ajuste estructural ,de siniestra memoria, implantados en el Sur después de la crisis de la deuda de 1982. Estos planes de austeridad tienen como objetivo una fuerte reducción de los gastos públicos, sin tocar a los grandes capitales, con el fin de encontrar los fondos necesarios para rembolsar prioritariamente a los acreedores.
Hungría abre el baile de los ajustes
En octubre de 2008 se decidió un plan para Hungría de 20.000 millones de euros: 12.300 millones prestados por el FMI, 6.500 millones por la Unión Europea y 1.000 millones de euros por el Banco Mundial. Además del crecimiento automático del stock de la deuda y de la pérdida neta por el pago de intereses, se implantaron una serie de severas condiciones para la población: el aumento de 5 puntos en el IVA, actualmente en el 25 %, el de la edad legal de jubilación a los 65 años, la congelación de salarios para los funcionarios durante dos años, la supresión del aguinaldo para los jubilados.
Hungría, gobernada por los socialdemócratas, había conseguido salvaguardar un sistema social bastante protector. El descontento de la población por la aplicación, bajo la conminación del FMI, de esas medidas de austeridad benefició a la derecha conservadora que acusó a los socialdemócratas en el poder de haber hecho del país “una colonia del FMI” (según publicó el diario conservador Magyar Nemzet). Sin embargo, la victoria del nuevo Primer Ministro conservador Viktor Orban fue bendecida por la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings, que estima que el partido de Orban, el Fidesz, obtuvo la mayoría necesaria para modificar la constitución y por lo tanto “representa una oportunidad para introducir reformas estructurales”.
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