CORRUPCIÓN EN CHIHUAHUA: DEJAN LIBRES A EXTORSIONADORES POR PERDIDA DE PRUEBAS

‘Pierden’ pruebas vs extorsionadores y los dejan libres

Staff
El Diario | 30-06-2010 | 00:14 | Local

La Confederación Nacional de Centrales de Abastos advirtió que denunciará formalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado por haber perdido las pruebas contra extorsionadores de una empresaria de la Central de Abastos local, y responsabilizó a la dependencia de lo que le suceda a la acusadora, pues los señalados salieron libres ayer.

Según la empresaria, que pidió la omisión de su nombre por temor a represalias, ella había pagado cerca de 15 mil dólares en extorsiones a lo largo de un año, y el lunes el subprocurador de la PGJE en Juárez, Alejandro Pariente, le pidió una disculpa telefónica por haber perdido elementos probatorios en contra de los presuntos delincuentes.

Además le pidió desistir de la acusación, pues no hay pruebas contra los acusados, a pesar de que ya estaban confesos.

A reserva de guardar su identidad, la afectada comentó ayer que primero acudió a la Policía Federal, donde le dijeron que mejor se fuera a El Paso, porque estaban atados de manos.

Luego acudió a la Procuraduría, que tomó el caso y detuvo a dos personas en flagrancia, pero a un año de la detención, la misma dependencia le pidió desistirse porque los investigadores extraviaron las pruebas.

La empresaria narró que el problema empezó en agosto de 2008, cuando los extorsionadores le pidieron 50 mil dólares a cambio de respetar su vida y la de su familia, y de no quemar su negocio.

Luego de negociar terminó dándoles 10 mil, en una entrega que se realizó a unas cuadras de Estación Babícora.

En noviembre de ese mismo año, relató, le volvieron a hablar amenazándole a ella y su familia, sin que lograra concretarse algún pago, pero en enero la llamada llegó hasta el celular de su mamá, mientras se encontraban en un rancho, y un empleado de la afectada les entregó 5 mil dólares en Tetos Cars.

Las llamadas siguieron y en marzo de 2009 acudió a la Subprocuraduría de Justicia del Estado, que organizó un operativo en cuanto la empresaria recibió otra llamada.

En esa ocasión le pidieron 500 dólares a la semana y cuando se iba a dar la primera entrega alguien en la Central de Abastos presionó un botón de pánico y se logró la captura.

En esa ocasión se les decomisó a los delincuentes un celular y se les arrancó una declaración de culpabilidad.

Sin embargo, la afectada señaló que las personas de la Subprocuraduría no hicieron bien las cosas, y perdieron las pruebas, lo que permitió que los chantajistas confesos salieran ayer libres a las 11:30 de la mañana.

Dijo que sabe de al menos tres casos más de empresarios de la Central de Abastos que están pagando extorsiones desde hace más de dos años bajo las mismas condiciones.

“Cuando empezaron las extorsiones fui de inmediato a la Policía Federal y les dije que me ayudaran, entonces ellos me dijeron ‘aquí tenemos las manos amarradas y no podemos hacer nada, si tiene pasaporte, mejor váyase a El Paso”, lamentó.

Respecto a las pruebas que inculpaban a los extorsionadores, señaló que los elementos que llevaban el caso fueron despedidos por corruptos, y que ahora no hay nada contra los acusados, según le dijo el propio subprocurador.

“Ya no están, los quitaron por malos elementos, Alejandro Pariente (el subprocurador) me ha estado ayudando, pero la gente que está alrededor de él no ha hecho bien las cosas... (Pariente) me habló y me dijo: necesitamos llegar a un acuerdo porque la cosas est*n así... aquí ya no existe (la declaración) donde ellos se declararon culpables, ya no existe el teléfono celular, ya no existe (el documento) donde agarramos la lana, ya no existe el certificado”, narró la afectada.

Agregó que a lo largo de un año que duraron detenidos los acusados, hubo tres fiscales con el caso que fueron retirados uno a uno y finalmente Alejandro Pariente lo tomó.

“(El subprocurador) me dijo: nos tenemos que desistir porque no tenemos elementos, no vamos a ganar, no la puedo exponer... me dijo que lo que vamos a hacer es pactar con los abogados de los acusados y decirles que la señora se desistió con la condición que la dejen en paz, que dejen en paz a la Central de Abastos”, señaló la afectada.

Advierten acusación

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una red en la que está integrada la Confederación Nacional de Centrales de Abastos (Conaca), señaló que ya se estudia la forma de denunciar penalmente a los funcionarios involucrados en las omisiones y el extravío de las pruebas.

“Ellos pierden el teléfono celular desde el que se hace la extorsión, pierden el dinero, pierden el video donde hacen el operativo donde se puede acreditar la flagrancia... si la autoridad pierde las pruebas, o actúa con negligencia o con colusión”, señaló.

“Hoy la Central de Abastos y mañana la Conaca vamos a hacer la exigencia a la PGJE para que busque la forma de castigar a todos los funcionarios involucrados en este problema.

“Vamos a tratar de presentar una acusación, con agentes del ministerio público corruptos y coludidos no vamos a llegar a ningún lado”, señaló.

Además Ortega Sánchez responsabilizó públicamente a la procuradora y al gobernador de cualquier ataque contra la afectada, que se atrevió a denunciar primero la extorsión, y luego la corrupción y la ineficacia de la Procuraduría.

Confesos, pero libres

A casi un año de ser exhibidos públicamente como “extorsionadores” y miembros del grupo criminal “La Línea”, los dos hombres mencionados obtuvieron su libertad después de que el Ministerio Público no acreditó la comisión del delito cometido en perjuicio de una comerciante de la Central de Abastos.

El juicio oral celebrado ayer en la Sala Tercera de Apelación a las 10:00 horas, concluyó cuando el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa penal 724/2009 al carecer de elementos de prueba contra Sóstenes Gerardo Martínez Carbajal y Federico Rocha Obregón.

Ayer mismo ambas personas obtuvieron su libertad, informó el abogado defensor de los acusados, José Miramontes Caro.


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