REFORMA PENAL EN CRACK
Publicado el 30 Abril 2010
Ordena Gobernador investigar a jueces y apelar el Caso Rubi Marisol cuyo asesino confeso fue exonerado en Juárez
CHIHUAHUA. La Reforma Penal empezó a crujir por todos lados ante las evidencias que fue hecha en favor de los malandros.
El Gobernador Reyes Baeza leyó este mediodía un comunicado para expresar su insólita postura contra la sentencia absolutoria en favor de Sergio Barraza.
‘Les les convocado para hacer pública mi indignación en mi condición de ciudadano, padre de familia y también como Titular del Ejecutivo Estatal, ante la sentencia absolutoria emitida ayer por un Tribunal de Juicio Oral a favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida confeso de su pareja sentimental, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
‘Como abogado sé que el Derecho tiene como fin último y supremo la justicia.
‘En este caso, tengo la convicción plena de que se faltó a este principio esencial para tutelar los derechos de las víctimas, sus familiares y en general de los ciudadanos.
‘Sin embargo para dar transparencia y certeza a la actuación de quienes intervinieron en este juicio he ordenado:
1.- Que el Ministerio Público Estatal impugne la sentencia en los términos previstos en la Ley, esto es, interponga el recurso de Casación.
2.- A la par solicito al titular del Poder Judicial, Magistrado Rodolfo Acosta, ordene se realice una investigación interna en relación a la conducta asumida por los jueces integrantes de este tribunal, con el propósito de determinar si su decisión se apegó al principio de legalidad y al buen juicio en la valoración de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, evidencias como la propia confesión del imputado, del inculpado y algunos otros elementos que formulaban prueba indiciaria muy importante.
3.- A la Procuradora General de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez revise y valore si la actuación del Ministerio Público fue la correcta.
‘Asimismo, convocaré a partir de este día, a la Barras de Abogados de Ciudad Juárez, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las organizaciones defensoras de las derechos de las mujeres, a integrar una comisión junto con un representante de la Procuraduría de Justicia del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del Supremo Tribunal de Justicia, para que supervise las diligencias practicadas en este caso, a fin de dar certeza y trasparencia a los ciudadanos de que la investigación se hará apegada a derecho y en estricto apego a la justicia’.
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