Los jueces torturadores se indignan
Artículos de Opinión | Miguel Ángel Rodríguez Arias | 18-04-2010 |
Las reacciones a las valientes palabras del fiscal Carlos Jiménez Villarejo en el, al parecer, terrible acto antidemocrático de ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de libre expresión de ayer (el 14 de abril), en apoyo a Garzón, no se han hecho esperar.
La caverna se remueve en su tumba, nunca mejor dicho, en otro 14 de abril, porque el que fuera ejemplar fiscal jefe anticorrupción ha denunciado públicamente la implicación en las torturas del franquismo de algunos de los miembros del Tribunal Supremo. Lo hacen en realidad porque saben que algo está empezando a moverse en el hartazgo de la conciencia democrática del país, a pie de calle, y era evidente que la reacción tenía que llegar antes o después. El debate sobre algunas de las mayores mentiras en las que se ha querido cimentar un país salido de un geniocidio negado empieza a hacerse visible de verdad y eso es un significativo avance democrático, y la reacción reacciona.
Aunque no deja de sorprender toda esa "sorpresa" e "indignación" por la denuncia de tal implicación en las torturas del régimen franquista cuando, día a día, y ante nuestros propios ojos, se da dicha misma complicidad de tales magistrados en el "trato inhumano, cruel y degradante" durante nuestro régimen monárquico libremente elegido por Franco y convalidado después con música ambiental de sables y los partidos republicanos en el exilio.
¿Pero es que alguien podría dudar de la terrible responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo en la prolongación del sufrimiento inhumano de las familias cuya vida sigue encadenada a esas fosas?, ¿del terrible aviso a navegantes que supone esta “doctrina” del “a ver quien se atreve ahora si hemos podido con Garzón” del alto tribunal que está quedando, a decir verdad, completamente por los suelos como nuestro presunto Estado de Derecho?.
El Tribunal Supremo criminaliza la investigación de los desaparecidos del franquismo mediante una invocación de esperpento jurídico de la ley de amnistía y hasta de la ley de la memoria.
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