Organización Editorial Mexicana
20 de marzo de 2010
Carlos Acosta / El Sol de México
Ciudad de México.- En la propuesta de reforma laboral, el PAN y el Gobierno pretenden avanzar hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical, y además se da carta de naturalización a las arbitrariedades de las autoridades laborales del país que, en complicidad con los empresarios, dejan en estado de indefensión a los trabajadores, sostuvo el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
En tanto, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación advirtió que en los términos en los que está planteada la iniciativa es un retroceso en varios aspectos, como pretender convertir en obsoletos los sindicatos gremiales, lo que constituiría una violación a la libertad de los trabajadores para organizarse gremialmente conforme a su interés.
Por otro lado, advirtió que el derecho de huelga es el único mecanismo del trabajador organizado en un sindicato para conseguir el equilibrio de los factores, y no puede ser un instrumento menospreciado y altamente condicionado como se pretende.
En su análisis, el CILAS precisa que el documento promueve el trabajo por temporada y por "capacitación inicial", así como el pago por horas, y con ello se contravienen las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social. Sin embozo alguno se promueve una flexibilización salvaje encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones, agregó.
Indicó que con la misma intencionalidad se pretende incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se pretende prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos.
Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora, detalló.
Aunque es preciso un estudio a fondo de la iniciativa, su contenido principal refleja la tendencia recurrente del Gobierno mexicano, en especial de la Secretaría del Trabajo, de actuar como voceros de los empresarios.
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