¿Se puede acusar sin pruebas a Chávez de colaborar con ETA? Por lo visto, sí
Publicado por Aguila en 3/20/2010 01:08:00 PM
Juan Carlos Escudier - 20/03/2010
Hugo Chávez es un histrión con maneras de caudillo, pero eso no es justificación bastante para acusarle sin pruebas de la muerte de Manolete, especialmente si quien lo hace es un magistrado de la Audiencia Nacional, a quien se supone consciente de las implicaciones de involucrar a un gobernante en un delito de colaboración con banda armada. Esto es lo que vino a hacer en dos líneas el juez Eloy Velasco en su auto de procesamiento de seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC al afirmar lo siguiente: “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración [entre ambos grupos terroristas]”. Más de dos semanas después de hacerse público el auto se desconocen los datos que avalarían tal afirmación.
La presencia de etarras en Latinoamérica se remonta a hace casi 30 años, cuando, con las estadísticas de sus crímenes en la mano, Felipe González convenció a Mitterrand de que era imprescindible la implicación de Francia en la lucha contra ETA, algo que se consiguió sólo en parte. Los franceses se negaron a entregar a España a los terroristas pero, al menos, aceptaron su deportación a terceros países. Se desplegó a partir de ahí una intensa labor diplomática para albergar a los expulsados y, entre otros, se llegaron a acuerdos con Panamá, México y con la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Allí vive desde 1989 el etarra Arturo Cubillas, deportado tras fracasar las negociaciones de Argel, al que el magistrado considera el coordinador de las relaciones entre ETA y las FARC y el organizador de cursos de adiestramiento militar en la selva colombiana a activistas vascos.
En definitiva, diez años antes de que Chávez llegara al poder, Cubillas ya vivía en Venezuela, donde residen casi un centenar de personas vinculadas de una manera u otra con la banda. ¿Ha protegido Chávez a este colectivo? Pues no más que lo que lo hicieron sus antecesores, entre ellos el democristiano Rafael Caldera presidente desde 1994 a 1999 de la entonces indiscutida democracia venezolana. Observen si no el titular del reportaje publicado en el diario ABC del 8 de abril de 1996, el primero de una serie, firmado por su enviado especial Jesús María Zuloaga: “Decenas de etarras, imputados en graves delitos, viven a cara descubierta en su santuario venezolano”. El artículo ofrecía nombres, direcciones y actividades de los deportados, y era continuación de otro trabajo realizado dos años antes: “Tal y como denunció ABC en agosto de 1994, los terroristas gozan de todo tipo de libertades”, remarcaba.
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