14 de febrero de 2010

Proceso -La de Juárez es una catástrofe social

La de Juárez es una catástrofe social
Patricia Dávila


CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “¡Esta es una catástrofe social! Desde el año 2004, los investigadores planteamos el problema de los Ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), quienes tienen cancelado cualquier proyecto de vida y cuya única esperanza es formar parte del ejército de la delincuencia debido a la falta de atención por parte del gobierno”, manifiesta la maestra María Teresa Marrufo, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, acerca del drama que sacude a esta localidad.

En el marco de la visita hecha el jueves 11 a esta ciudad por el presidente Felipe Calderón, quien fue increpado por la madre de dos de los 15 jóvenes masacrados el sábado 30 de enero, la investigadora refiere a Proceso que, hace unos 30 años, llegaban muchas familias a la ciudad, pero sólo la mujer encontraba trabajo en las maquiladoras. En consecuencia, dice, el hombre perdía su papel tradicional, se volvía alcohólico o se iba a Estados Unidos abandonando a sus hijos.

Fue la desatención de este fenómeno por parte de las autoridades la que “nos llevó a esta sociedad de jóvenes y adultos enojados” que se integran a diversas formas de la delincuencia en las numerosas bandas que se forman, y ahora la consecuencia es que “todos vivimos los estragos de esa desatención.

“Nuestros niños –continúa– están viendo a sus padres victimizados, y muchas veces ante sus ojos; prueba de ello es que tenemos 7 mil huérfanos como producto de ejecuciones ocurridas en los dos últimos años. Urge romper el laberinto de la soledad de los jóvenes, hay desolación en ellos, viven como en el olvido.”

La académica advierte que no sólo se necesitan escuelas, sino también que el contenido educativo sea diferente, enfocado a la resolución no violenta de conflictos y al manejo de las condiciones de miedo y estrés, pues en la actualidad las familias no quieren ni contestar el teléfono.

Señala que, debido a la violencia, unas 110 mil casas se han desocupado y se han perdido alrededor de 80 mil empleos. Mientras el Consejo Ciudadano de Ciudad Juárez reporta que muchos de los estudiantes denotan hambre, Bienes Raíces de El Paso, Texas, ha informado que 60 mil familias juarenses están viviendo del otro lado de la frontera.

“La sociedad de esta ciudad –comenta María Teresa Marrufo–, que se forjó mostrando capacidad para resistir fuertes cambios, ahora se ve caída, entristecida, impresionada.”

Recuerda que una de las acciones realizadas por las autoridades fue desarmar a la gente, pero, apunta, “te quitan el arma que tenías para tu defensa personal y protección, pero en seguida nadie te protege”.

–¿Hay peligro de que se extienda la práctica de cobrarse venganza por propia mano?

–Eso ya está sucediendo. Hay mucha desesperación.

–Como pedagoga, ¿considera suficiente la petición de una disculpa del presidente de la República ante los familiares de las víctimas de la masacre?

–No. Aunque es importante una disculpa porque cuando hay daño y el otro lo reconoce la persona afectada siente una liberación, hacen falta acciones que demuestren a las familias que las muertes injustas de sus hijos no fueron en balde. Y esto podría ser posible si de una política militar se pasa a una política integral.



Convocan a Obama y Calderón



El martes 9, el Cabildo de El Paso, Texas, aprobó un resolutivo en el que llama a celebrar inmediatamente una reunión entre los presidentes Felipe Calderón, de México, y Barack Obama, de Estados Unidos, para que en esta comunidad binacional, que es la más grande del mundo en su tipo, se desarrolle y coordine una estrategia que termine con la violencia relacionada con las drogas.

El resolutivo, propuesto por Beto O’Rourke, representante del Distrito 8, y por el regidor Steve Ortega, del Distrito 7, indica:

“Nos oponemos a medidas militaristas fracasadas como la Iniciativa Mérida, y demandamos que cualquier ayuda futura (a México), ya sea ligada a la Iniciativa Mérida o de cualquier otra manera, involucre rigurosos recuentos de las denuncias de abusos de los derechos humanos y contenga estrictos mecanismos de rendición de cuentas.”

En entrevista con Proceso, Steve Ortega precisa que ellos apoyan una ayuda que esté ligada a programas de desarrollo social, educativo y económico en México y que respalde el establecimiento de un sistema judicial efectivo realmente dedicado a la aplicación de la ley.

Los regidores de El Paso también se oponen a la actual política de Estados Unidos consistente en deportar mexicanos directamente a Ciudad Juárez, en lugar de enviarlos a sus estados o ciudades de origen. Esta práctica, señalan, además de injusta, sirve como proveedor potencial de reclutas y víctimas a las organizaciones criminales que operan en Ciudad Juárez.

Hacen igualmente a México un llamado para que realice una revisión amplia de “la fracasada guerra contra las drogas”, y respaldan las políticas antinarcóticos que no desperdicien fondos gubernamentales y que eviten el fortalecimiento de las pandillas y organizaciones del tráfico de drogas.

Aprobado por nueve votos a favor y dos en contra, el resolutivo del cabildo, que también recibió el respaldo del alcalde John F. Cook, afirma que la mariguana es una droga cuya venta representa por lo menos 50% de los ingresos de los cárteles, y que por esta frontera circulan cantidades de ese estupefaciente cuyo valor anual se calcula en 40 mil millones de pesos.

Mientras tanto, el presidente Felipe Calderón anunció que regresará a Ciudad Juárez el miércoles 17 de febrero para ver qué avance ha tenido el Programa “Todos somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad”.

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