Cananea, Pemex, política antiobrera
Arturo Alcalde Justiniani
Finalmente el Grupo Minera México venció el último bastión jurídico en el que los trabajadores huelguistas de Cananea tenían cifradas sus esperanzas. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en esta ciudad no tuvo la capacidad para entender la dimensión del problema planteado y avaló en un solo acto la destrucción del sindicato, del contrato colectivo, de la huelga y además, el despido masivo de los huelguistas. El argumento es grotesco: supuestas causas de fuerza mayor que han provocado que la mina no pueda seguir operando y, en consecuencia, actualizar lo señalado en la fracción I del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Difícil será saber cuál fue la razón que orilló a los magistrados a legitimar la maniobra. Lo evidente es que el estado de derecho sufrió un golpe de graves consecuencias.
No sólo los mineros de Cananea y de todo el país han resultado agraviados, se trata de un golpe contra la sociedad, quien observa cómo nuestras instituciones sucumben ante los intereses creados, la influencia de los grupos poderosos y las consignas. La pregunta obligada que queda es adónde acudir para obtener justicia.
La aberrante decisión asumida por el tribunal el pasado jueves no puede verse aislada del conjunto de acciones que el gobierno federal, haciendo causa común con el Grupo Minera México, ha desplegado en contra del sindicato nacional minero. Huelgas inexistentes por razones tan absurdas como el que la suspensión de labores se haya llevado a cabo minutos después de la fecha anunciada, tomas de nota en base a documentos falsificados, represión policiaca, creación artificial de sindicatos, sometimiento de jueces, financiamiento a abogados para inventar demandas, contratación de cabilderos para convencer a funcionarios, en fin, una campaña en la que toda la fuerza del Estado se puso al servicio de un consorcio privado.
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¡Es un Honor Estar con Obrador!
No sólo los mineros de Cananea y de todo el país han resultado agraviados, se trata de un golpe contra la sociedad, quien observa cómo nuestras instituciones sucumben ante los intereses creados, la influencia de los grupos poderosos y las consignas. La pregunta obligada que queda es adónde acudir para obtener justicia.
La aberrante decisión asumida por el tribunal el pasado jueves no puede verse aislada del conjunto de acciones que el gobierno federal, haciendo causa común con el Grupo Minera México, ha desplegado en contra del sindicato nacional minero. Huelgas inexistentes por razones tan absurdas como el que la suspensión de labores se haya llevado a cabo minutos después de la fecha anunciada, tomas de nota en base a documentos falsificados, represión policiaca, creación artificial de sindicatos, sometimiento de jueces, financiamiento a abogados para inventar demandas, contratación de cabilderos para convencer a funcionarios, en fin, una campaña en la que toda la fuerza del Estado se puso al servicio de un consorcio privado.
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