Después de 16 años de violencia contra las mujeres en la frontera norte de Chihuahua, México inició el 2009 con la exigencia de “la alerta de género” por parte de las organizaciones de la sociedad civil juarenses.Dicha alerta es “es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”, derecho estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.A pesar de la existencia y exigencia de la alerta de género, la impunidad y la violencia institucional ha continuado pues en enero de este año, nuestro país ratificó como embajador en Canadá a Francisco Javier Barrio Terrazas quien fue presidente municipal en Juárez y Gobernador por el Partido Acción Nacional en Chihuahua en 1983 y 1992, hombre que afirmó que los asesinatos de mujeres eran algo natural pues las víctimas “se vestían de manera provocativa”.Ante la falta de respuesta institucional, las OSC decidieron llevar el caso ante la justicia internacional y a principios de este año el Estado mexicano recibió la notificación de que iba a ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por tres feminicidios del Campo Algodonero en la ciudad fronteriza que, a decir de la académica Marcela Lagarde y de los Ríos, es reconocida en el mundo por ser un lugar en donde asesinan mujeres.La sentencia se dio a conocer a principios del mes de noviembre cuando la CoIDH declaró, al estado mexicano, culpable de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal a tres de las ocho víctimas de feminicidio del campo algodonero y lo responsabilizó de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, documentadas desde 1993.
¡Es un Honor Estar con Obrador!
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