Las guerras son asunto de militares, pero también de financieros. Es bien sabido que las guerras se ganan con buenos ejércitos y buenas estrategias, pero sobre todo se ganan con mucho dinero.
En México, el Gobierno del presidente Felipe Calderón emprendió una ofensiva frontal contra el narcotráfico, que el propio Gobierno ha equiparado discursivamente con una guerra. Esa guerra enfrentará en los próximos meses un escenario de riesgo adicional: el Gobierno mexicano padece una grave crisis en las finanzas públicas, y es probable que vea mermada su capacidad de maniobra en la lucha contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico en México se encuentra sin duda en un punto álgido.
Según el diario Reforma, en 2007 en México hubo 2.275 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico; en 2008 se dieron 5.207 y en lo que va de 2009 la cifra se acerca a las 4.000. Según la contabilidad del diario El Universal, la cifra se aproxima a las 4.500.
La violencia del narcotráfico es una experiencia cotidiana y todos los días se informa de noticias que van rebasando a la experiencia anterior. Nada menos, el jueves 20 de agosto fue ultimado a tiros el presidente del Congreso de Guerrero, el diputado Armando Chavarría Barrera, que era uno de los precandidatos más claros para suceder al gobernador Zeferino Torreblanca.
Al margen de la polémica teórica de si se trata de una guerra o no, el hecho es que, por primera vez desde los tiempos de la revolución mexicana a principios del siglo pasado, prácticamente todo el Ejército Mexicano se encuentra en la calles, operando, metido de lleno en el combate contra el crimen organizado.
La estrategia de guerra, empleando a todo el Ejército sin contar en el medio plazo con la posibilidad de relevarlo con una estructura de policía civil, está arrojando sus primeros frutos: cuestionamientos a las fuerzas armadas y acusaciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales de violación de los derechos humanos.
Es evidente que no había otro recurso que emplear al Ejército, pero también lo es que la estrategia de guerra no calculó los tiempos, los recursos y la capacidad real del Estado para construir nuevas instituciones que fueran capaces de relevar al Ejército, aunque sea parcialmente, en la lucha contra el crimen organizado.
Desafortunadamente, la estrategia provisional de usar al Ejército en la lucha contra el crimen organizado se va a convertir en una estrategia permanente con todos los costos y los riesgos que ello implica.
La guerra de Calderón está enfocada, de manera central, en el despliegue policial y militar en contra del crimen organizado. No se ha trabajado lo suficiente en los otros frentes, que van desde el aparato de justicia hasta los sistemas de reclusión y readaptación social.
Hay además un claro déficit en la estrategia de salud pública en el combate a las adicciones y prácticamente están marginadas de la estrategia contra el narcotráfico las instituciones educativas y las políticas de desarrollo social.
La estrategia ha sido más policial que social, y ciertamente no ha sido suficiente la capacidad del Gobierno para convocar a la sociedad civil en su lucha contra el crimen organizado.
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