Antecede un negro historial a federales
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El Diario | 18-01-2010 | 00:30 | Local |
Agentes de la Policía Federal (PF) se han visto involucrados en homicidios, secuestros, extorsiones, amenazas, pleitos, cateos y detenciones ilegales, y hasta en accidentes de tránsito mortales desde que comenzaron su participación en la Operación Conjunta Chihuahua (OCCH) en el 2008, establece un seguimiento periodístico con base en información oficial.
Hasta finales del año pasado, la oficina municipal que recibe las quejas y denuncias hacia los integrantes del operativo en contra de la delincuencia tenía 12 expedientes sin resolver en los que elementos de esa corporación son los acusados.
Mientras, en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se interpusieron 19 acusaciones formales en contra de la misma corporación federal.
Además, el recién nombrado coordinador estatal de la Operación Coordinada Chihuahua, Vidal Díaz Leal Ochoa, ha sido calificado por medios de comunicación nacionales como un “funcionario reciclado”, luego que fue destituido del cargo que ocupaba en Sonora hace casi tres años.
Antecedentes periodísticos establecen que era el director de Seguimiento de Operativo de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), cuando el 18 de mayo del 2007 un comando de medio centenar de personas entró a Cananea en un convoy y asesinó a 26 personas.
El gobernador de esa entidad, Eduardo Bours, reclamó a las autoridades federales un supuesto arreglo entre las corporaciones de ese nivel y organizaciones criminales, lo que ocasionó que Díaz Leal Ochoa fuera destituido junto con otros cinco funcionarios.
Sin embargo, los seis fueron reinstalados porque no se encontraron evidencias de complicidad en su contra.
El 4 de septiembre de 2007 Díaz Leal Ochoa fue nombrado delegado de la PFP en Guanajuato.
En relación con la actuación que han tenido aquí los elementos federales, el 4 de mayo del 2008 un grupo de esa corporación fue acusado de matar a Héctor Carrillo Soto de 21 años de edad, un habitante del poblado de San Isidro, ubicado en el Valle de Juárez.
Por versiones de testigos se conoció que el hombre recibió un balazo en la espalda cuando era seguido por policías cuando no quiso detenerse en un retén instalado sobre la carretera Juárez-Porvenir.
El reporte dado a conocer por la Policía Federal, tras los hechos, fue que el vehículo, un Acura modelo 1996 verde, sin placas, en el que viajaba el asesinado en calidad de copiloto, se dio la vuelta en “U” para evitar la revisión.
Cuando los agentes federales vieron que el vehículo giró, lo siguieron por tratarse de un comportamiento sospechoso y porque al parecer el conductor del vehículo aceleró en lugar de detenerse, como se le ordenó desde la patrulla 11042.
Los agentes dispararon entonces a las llantas, pero la bala entró por la cajuela, traspasó los asientos y le dio al copiloto en la espalda, a la altura del corazón.
La acción de los policías federales ocasionó que los vecinos de ese poblado incendiaran una de las patrullas de la PF.
Después de un año del incidente, el padre de la víctima, Héctor Carrillo Griego, acusó que el expediente del homicidio de su hijo estaba extraviado y las investigaciones estancadas.
Hasta ahora no se ha informado acerca del fin que tuvo el caso, investigado sobre la causa penal 532-VII.
El 5 de marzo del 2009, medio centenar de agentes de la PF que circulaban en cuatro camionetas pick up con insignias de la corporación, fueron acusados por cerca de 100 comerciantes, entre vendedores de autos usados apostados en “La Curva” Carlos Amaya, segunderos y yonkeros, de extorsión, intento de extorsión y amenazas de muerte.
Los agentes exigieron a los comerciantes hasta mil dólares a cada uno a cambio de no decomisar su mercancía.
Incluso periodistas de El Diario atestiguaron cuando agentes uniformados solicitaron las dádivas.
“No hay dinero ahorita, los negocios andan mal”, respondió un comerciante a un agente federal que bajó de la unidad 10746 para exigirle mil dólares.
“Pues júntate con tus compañeros y entre todos le hacen como puedan. Al rato me doy una vuelta”, dijo el policía, quien antes amenazó con decomisar vehículos y enviarlos a la Aduana Fronteriza.
El agente que pidió dinero al comerciante era quien conducía la unidad oficial y el que daba las órdenes a los demás elementos.
Primero, dos de sus subalternos bajaron para identificar al responsable de la venta de autos en uno de los lotes de la perimetral Carlos Amaya, una vez que lo ubicaron el propio coordinador acudió a exigirle el dinero sin percatarse que estaba siendo escuchado por los periodistas.
La camioneta que conducía ese agente iba escoltada por otra unidad oficial con el número 10722, cuyos tripulantes se mantuvieron a la expectativa.
La extorsión se extendió a locatarios de mercados y yonkeros apostados en esa zona, quienes luego de la exigencia de la cuota por parte de los federales decidieron unirse y denunciar la situación ante los representantes de diversos medios de comunicación que se acercaron al lugar creyendo que había un operativo policiaco en el lugar.
Los afectados identificaron a las unidades 107657, 10866, 10767, 10746, los tripulantes de esta última patrulla fueron señalados como los que encabezaron las extorsiones en la mayoría de los casos.
Diez días después, los elementos fueron concentrados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) en la Ciudad de México como medida disciplinaria y para su investigación.
El 11 de marzo un motociclista murió al ser impactado por una patrulla de la PFP que presuntamente omitió un señalamiento vial y cortó la preferencia de paso del civil, informó personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).
La víctima fue identificada como Filiberto Arrieta, 32 años.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:05 horas cuando el policía federal Bartolo Morales Cervantes conducía una camioneta Ford, modelo 2009 habilitada como la patrulla número 12382.
El federal iba sobre la calle Río Júcar en una dirección de sur a norte, al llegar al cruce con 21 de marzo se pasó un alto y golpeó al repartidor de la empresa “Taco H” que circulaba en esta arteria.
El ocupante de la motocicleta Honda transitaba de oriente a poniente sobre la 21 de Marzo y tras ser impactado por la camioneta en el costado derecho derrapó unos 11 metros.
Ese mismo mes, el día 27, siete agentes federales se enfrentaron a golpes con oficiales municipales.
Autoridades de la PF dieron a conocer que los elementos serían dados de baja y que además cumplirían horas de arresto.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 01:45 horas en el exterior de un centro nocturno, en las calles Ignacio Mariscal y Cristóbal Colón de la zona Centro.
Trascendió que los federales –que se encontraban francos– se liaron a golpes con civiles, por lo que un grupo de patrulleros intervino.
Posteriormente llegaron varios agentes de ambas corporaciones, generándose un intercambio de empujones y golpes.
Durante el altercado un sargento de la Policía Municipal resultó lesionado, los preventivos lograron someter a los federales, que se encontraban fuera de servicio y sin el uniforme reglamentario.
El sargento municipal lesionado recibió un golpe en el ojo derecho con una botella. Fue identificado como Óscar Érick Fasio Quezada, de 24 años.
A principios de abril pasado trascendió que al menos 15 agentes de la PF eran investigados porque fueron denunciados por abuso de autoridad y hasta por poseer y vender droga, mientras que uno más fue detenido, trasladado a la Ciudad de México y consignado ante la PGR, acusado de cometer delitos durante su trabajo.
Personal del Departamento Jurídico de la corporación federal llegó a la ciudad para realizar las investigaciones, lo que provocó roces entre los integrantes de esa comisión y los elementos acantonados aquí.
Los fiscales se apersonaron en las instalaciones del hotel Montecarlo, ubicado sobre la Paseo Triunfo de la República, cerca de la curva de San Lorenzo, donde incluso obstruyeron las entradas y salidas con vehículos oficiales.
Una de las denuncias que se presentaron aseguraba que los elementos que viajaban en la unidad 1063500 traían droga en su interior y que la estaban vendiendo.
Trascendió que algunos de los sujetos a investigación eran Osiel Aldama Portugal, Enrique Félix Pozos, Miguel Ángel Rosas y Román Pablo, este último encargado del Grupo 19 de la Policía Federal, mientras que los demás tenían otros puestos de mando.
El 24 de abril, los agentes federales Rogelio Castillo Barrientos y Eugenio Cruz Martínez fueron ejecutados en el exterior de un bar ubicado en la zona Centro.
Tras la doble ejecución, casi de manera simultánea, sobre el paso a desnivel ubicado en la avenida Carlos Amaya apareció una manta que contenía un “narcomensaje” dirigido a la Policía Federal.
El recado fue retirado de inmediato por los agentes federales, quienes entregaron la manta a sus jefes inmediatos superiores.
De acuerdo con el protocolo de comunicación, el doble crimen fue reportado en los primeros minutos en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Globo, en la zona Centro.
Los oficiales se encontraban en el exterior del bar Vallarta y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la doble ejecución ocurrió a las 23:00 horas.
En la escena del crimen fueron asegurados 23 casquillos calibre 9 milímetros.
El 29 de junio anterior dos agentes federales murieron y seis más resultaron lesionados en un accidente vial ocurrido en el parque industrial Antonio J. Bermúdez, informó personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Higinio Aparicio, quien falleció en el lugar de los hechos y Héctor Rodríguez Zavala, quien murió en el hospital. Ambos eran elementos efectivos de la Policía Federal, asignados a la OCCH.
El chofer de la unidad oficial perdió el control de la unidad tipo pick up con el número económico 10901 al virar en una esquina lo que provocó la volcadura.
El vehículo era conducido a exceso velocidad, lo que incidió para que el chofer no lograra controlar la camioneta.
El 10 de julio del 2009, siete elementos de la PF fueron detenidos tras haberse encontrado los elementos de prueba que los vinculan con el delito de extorsión.
¡Es un Honor Estar con Obrador!
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