PROCESO.COM.MX -Reporte especial | A más militarización, más violencia | JORGE CARRASCO ARAIZAGA

"A más militarización, más violencia
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El Ejército está vinculado a los períodos más violentos de la historia de México. Los altos niveles de violencia que ahora se padecen en el país cuestionan la decisión gubernamental de utilizarlo, una vez más, en tareas ajenas a su función.
A cambio, ha ganado más autonomía en momentos en que se esperaba una mayor subordinación hacia el poder civil, en tanto que el Estado mexicano no ha podido sustraerse de la infiltración de la delincuencia organizada.

El despliegue militar sin precedente ordenado por el gobierno de Felipe Calderón se ha traducido, por el contrario, en acciones represivas contra la población civil, coin­ciden especialistas que colaboran para el libro ¿Hacia la seguridad nacional? Seguridad nacional y seguridad interior en el siglo XXI.
Coordinado por el investigador de El Colegio de México (Colmex) Arturo Alvarado, el texto de próxima aparición aborda distintos aspectos de la inseguridad y la violencia en México. Pero la mayoría se centra en los efectos de la creciente militarización.
Uno de los colaboradores, el escritor Carlos Montemayor, experto en movimientos guerrilleros en México, establece un paralelismo entre el comportamiento del Estado al enfrentar a la guerrilla y la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
La característica común que encuentra es la falta de trabajo de inteligencia y la violencia contra la población civil. Dice: “Desde 2007 (el gobierno) emprendió un gran despliegue militar en zonas rurales y urbanas en una lucha aparentemente a fondo contra el narcotráfico.
“Sin embargo, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Tamaulipas, los contingentes del Ejército estuvieron operando como fuerzas de reacción, sin un plan de inteligencia.”
Asegura que en regiones de Guerrero o Oaxaca hubo un desplazamiento encubierto de militares para hostigar a bases sociales inconformes o posibles bases guerrilleras, mientras que en zonas rurales de Guerrero o Chihuahua el Ejército mostró un comportamiento igual al que mantuvo en la guerra sucia de los años sesenta, en perjuicio de la población civil.
Es decir, “la tortura y las desapariciones forzadas de personas se han convertido en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes que pudiéramos llamar, precisamente, inteligentes”.
Integrante de la comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno de Calderón para dar con el paradero de dos miembros de ese grupo guerrillero, Montemayor cuestiona lo que presenta como un comportamiento histórico del Estado mexicano:
“El estado de excepción, la masacre, el terror, la guerra sucia, son un signo de la insuficiente labor de las instituciones responsables de prevenir o anticipar conflictos sociales, y no solamente, al actuar como fuerzas reactivas, responsables de planear la represión selectiva indiscriminada.”
José Luis Piñeyro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especializado en seguridad nacional, asegura que en los últimos 15 años las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido una mayor participación en funciones de seguridad debido a los impactos negativos de las sucesivas crisis económicas y políticas.
Pero también, precisa, por la menor capacidad de mediación de las instituciones del Estado mexicano, el fortalecimiento de distintos actores no estatales, como la delincuencia organizada –sobre todo el narcotráfico– y la presencia de comandos guerrilleros y de movimientos sociales contrarios al sistema.
En su contribución, titulada Las Fuerzas Armadas mexicanas en la seguridad pública y la seguridad nacional, Piñeyro indica que esa participación castrense ha implicado un proceso de militarización organizativo, de operación y de adoctrinamiento que ha provocado el incremento de la violación a los derechos humanos de la población civil en distintas formas.
La violencia del narcotráfico, añade, se debe a que juega funciones propias del Estado: “cobra” impuestos mediante la venta de protección a empresarios y comerciantes; “designa” autoridades, obligando a la renuncia de directores de seguridad pública; obstaculiza o promueve la elección de alcaldes mediante advertencias o el financiamiento electoral, mientras que sus grupos paramilitares lo mismo se enfrentan a las fuerzas armadas que ofrecen “seguridad pública” a comunidades.
Mónica Serrano, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, también subraya en su contribución el mayor papel de los militares y su creciente autonomía. Ambos hechos atentan contra la consolidación democrática y el control de los civiles sobre los militares, dice la también investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford.
El propio Arturo Alvarado, junto con el investigador brasileño Jorge Zaverucha, hace una comparación de la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México y Brasil.
En contraste con el país sudamericano, donde la policía militarizada se sustenta en la Constitución, en México no hay un marco legal preciso que faculte al Ejército para participar en tareas policiales. Sin embargo, tanto el PRI como el PAN han recurrido a los militares de manera recurrente.
En los gobiernos de la autocracia priista, dicen los autores, el Ejército fue el brazo armado de la represión contra los movimientos sociales, grupos guerrilleros, movimientos electorales de oposición y para diversas tareas de control social. Y desde 1995 se han incrementado sus labores de policía.
Antes como ahora, una de las consecuencias de ello ha sido la violación a los derechos humanos, muertes de inocentes y estados de excepción en algunas ciudades.
Actualmente, “Ciudad Juárez es emblemática. Pero no hay ciudad, puerto, aeropuerto o carretera en donde no haya un puesto militar y donde los habitantes no deban detenerse, identificarse y aceptar la revisión de sus bienes y personas sin protección de su privacidad ni de sus derechos”.
De acuerdo con Alvarado y Zaverucha, Calderón ha incrementado los órganos de acción federal con el objetivo de poder controlar a los gobernadores, a los presidentes municipales y a todas las policías.
“Pero no ha resuelto el conflicto entre militares y civiles. No propone un modelo policial para las policías (…) no resuelve el histórico conflicto entre civiles y militares y produce que las relaciones entre ambos cuerpos continúen en confrontación.”
El otro texto dedicado al narcotráfico y sus efectos en la violencia social es el de Froy­lán Enciso, investigador e historiador egresado de El Colegio de México. En Los fracasos del chantaje señala que durante el gobierno de Vicente Fox la idea de un Estado fragmentado por el narcotráfico se fortaleció a raíz de las batallas por el control de territorios que emprendió el cártel de Sinaloa contra sus competidores del cártel del Golfo.
“Esta percepción de fragmentación de la presencia de las instituciones y el Estado se fortaleció luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, en 2001, al inicio del gobierno foxista, y del surgimiento de Los Zetas, el grupo paramilitar del cártel del Golfo formado por desertores del Ejército.”
Esa idea terminó por consolidarse con el surgimiento de La Familia michoacana en 2006 y los recurrentes enfrentamientos entre narcotraficantes y autoridades, dice.
Según el autor, “la falta de pericia política” de los gobiernos de Fox y Calderón “durante el espejismo democrático pulverizó la imagen del Estado y bañó al país de sangre”"

¡Es un Honor Estar con Obrador!