GRANADOS CHAPA: Pemex aturrullado

Pemex aturrullado: "Pemex aturrullado
Miguel Ángel Granados Chapa
2 Ago. 09

En el marco de la nueva refinería, la Secretaría de la Reforma Agraria adquirió una dimensión en sus funciones: la de estorbar cuando sea políticamente necesario

El miedo a gobernar, que en el acertado diagnóstico de Carlos Arriola caracteriza al Partido Acción Nacional, comprende también a Pemex, dirigido por un priista. La indecisión sobre la refinería, que hace ya un año está en estudio y no se ve para cuándo comenzará a ser construida, ha hecho que la Secretaría de la Reforma Agraria aparezca como factor decisivo en un proceso relativo a la industria petrolera, y como supremo árbitro en la absurda disputa entre dos gobiernos estatales, azuzados por el incumplimiento de las reglas fijadas por el director general de la empresa petrolera, Jesús Reyes Heroles. A esa pérdida de capacidad de decisión se agregó esta semana un asalto policial a las oficinas de la paraestatal, la detención de decenas de sus empleados, incluido un gerente, militar retirado, por sospechas no confirmadas de que desde allí se coordina o se ejerce complicidad con el robo de combustibles y petróleo crudo hasta por 9 mil millones de pesos.

De este último punto arranca el problema. Pemex y el gobierno federal propusieron en la reforma que hace un año se discutía en un foro impuesto al Senado, pero que éste hizo suyo, que en lo sucesivo la refinación del crudo fuera realizada por la industria privada. Meses antes de que la oposición rechazara ese proyecto, para no perder cara enteramente, el propio presidente Calderón anunció que Pemex se haría cargo de levantar una planta refinadora y no los particulares a quienes se vedó el acceso a tal actividad. En las oscilaciones de su ánimo, Calderón había ordenado en marzo anterior estudiar la factibilidad técnica y financiera de que el Estado construyera la refinería pero en su iniciativa de abril desposeía a Pemex de esa posibilidad. Eso no obstante en julio la empresa petrolera envió al Congreso un informe con el examen de varias ubicaciones, donde Tula quedó colocada en primer lugar.

Desde que Calderón, aun antes de que concluyera el proceso de reforma, y previendo su resultado en este punto, anunció la nueva refinería, un evidente tortuguismo afectó ese propósito, cuyo comienzo se aplazó una y otra vez, a partir de un problema ya resuelto, el de dónde ubicar la planta refinadora, sitio que estaba ya en principio definido con criterios técnicos y financieros elaborados por Pemex mismo. El 18 de marzo pasado, cuando se esperaba del propio Calderón el anuncio de la localización respectiva, sólo se estableció un extraño mecanismo en que 10 gobernadores presentaron proyectos para que en sus entidades se erigiera la refinería. El 14 de abril se decidió lo que estaba ya prefigurado en julio anterior: que Tula era la mejor opción, por su proximidad a los principales centros de consumo y porque, funcionando ya allí una planta refinadora, la Miguel Hidalgo, las vías de suministro del crudo a refinar estaban ya tendidas y sólo faltaría incrementar su capacidad.

Se otorgó un plazo de 100 días al gobierno hidalguense para donar a Pemex 700 hectáreas cuya propiedad no adoleciera de defectos jurídicos. Se anunció también, inesperadamente, que Salamanca sería un punto de localización alternativo, es decir que si el gobierno de Hidalgo no cumpliera el requisito, la ciudad guanajuatense, donde también funciona ya una refinería, quedaría como la opción preferente.

Llegó el centésimo día, el 23 de julio, sin que el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong pusiera a disposición de Pemex los terrenos requeridos. Y han transcurrido ya 10 días más, incluido este domingo, y no ha concluido el proceso. Antes al contrario la situación se ha complicado porque se ha hecho evidente la puja entre las dos entidades y la tardía intervención, que cabría calificar de taimada, de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuya supresión del organigrama federal está hoy una vez más siendo solicitada alegando que no sirve para nada, lo que contradigo diciendo que sí es útil, para estorbar cuando sea políticamente necesario.

El gobierno hidalguense procedió con desdén o ignorancia del derecho agrario. Negoció con varios ejidos la venta de sus terrenos y consiguió, de modo innecesariamente oneroso, tres créditos para sufragar el costo de los predios. Dos de ellos servirían para hacer expedito el pago y con el tercero, que requería autorización del Congreso local y tiene un monto de mil 500 millones de pesos, se cubriría el monto de los previos créditos-puente y se pagarían gastos adicionales. Pero se dejó para lo último cumplir con las estipulaciones agrarias, que requieren plazos incompatibles con la premura de la última hora pero que hubieran podido ser atendidas en más de tres meses de que dispuso el gobierno para solventarlas. A su propia abulia agregó el gobierno de Hidalgo la actitud de la Reforma Agraria, que en vísperas de que concluyeran los 100 días tuvo como defectuosa una asamblea del ejido de El Llano, que aportaría 350 hectáreas, la mitad de la superficie necesaria. Esa tardía y probablemente dolosa decisión de las autoridades agrarias obligó al gobierno de Osorio Chong a negociar de última hora con otros ejidos.

Entonces se pusieron en acción mecanismos de movilización autoritarios, obsoletos, para que los ejidatarios realizaran apresuradamente trámites agrarios. Se les sacó de sus domicilios y en una suerte de leva se les condujo a Pachuca. El colmo ha sido la búsqueda, con perros y agentes policiacos, de un ejidatario que no ha sido localizado para firmar la venta de la parcela que le corresponde, sin considerar que acaso el afectado no se deja encontrar porque no está en su voluntad realizar esa venta. Es que acaso ha cobrado conciencia de que, si al final del enredado proceso la refinería no se construye en esa comarca, los ejidatarios quedarían chasqueados pues no se les pagaría el millón y medio por hectárea que ha sido pactado y sin embargo ellos habrían mudado su condición jurídica y como propietarios privados quedarían sujetos a obligaciones de que la ley exime a los ejidatarios, como el impuesto predial. También se enfrenta el gobierno de Hidalgo a la ausencia de titulares de parcelas que emigraron o han muerto, y a la falta de decisiones de las asambleas respectivas sobre las áreas comunes de los ejidos, cuyo dominio no puede ser trasladado así nomás.

Mientras tanto, el gobierno de Guanajuato entró en la carrera por la refinería antes de que se cumpliera la condición que lo permitiría, es decir el fracaso hidalguense, y hasta destinó parte de un crédito aprobado por el Poder Legislativo para otros fines a la compra de los predios necesarios, cuya extensión ha sido ya hasta excedida, si atendemos el anuncio hecho el jueves 30 por el secretario de Desarrollo Económico de ese estado, Héctor López Santillana, quien alardeó de que el viernes 31, si lo quisiera, Pemex podría disponer de 760 hectáreas de un total de 911 que ya fueron adquiridas. Con su anuncio el funcionario guanajuatense infringió la regla que el lunes anterior había fijado la Secretaría de la Reforma Agraria, convertida por sí y ante sí en factor que decidiría si el requisito fijado por Pemex está cumplido. En aquella fecha, la SRA se había hecho eco de la guerra de cifras librada entre los dos gobiernos involucrados y fijó el marcador. Hidalgo aventajaba en la carrera, con 554.06 hectáreas contra 491.85 de Guanajuato.

Ya instalado en su papel de árbitro, el secretario Abelardo Escobar hizo expedir el jueves 30 un comunicado con fecha del día siguiente. Su solo título refleja las pretensiones de la Secretaría o de su titular: "Principios técnicos y de certeza jurídica sobre la tierra definirán la sede de la nueva refinería". El comunicado agregó la "revelación" del secretario Escobar de que la próxima semana se hará una evaluación de los avances, para lo cual contará con la participación de otro protagonista de presencia tan inesperada como la suya, la Asociación Nacional del Notariado, llamada a actuar como testigo social, figura apropiada para las licitaciones pero no para la oferta de donaciones, que de eso se trata.

El gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, antecesor de Osorio Chong fracasó en su intento de que el Aeropuerto de la Ciudad de México se construyera en Tizayuca, y en ello dilapidó recursos necesarios para otros urgentes fines. Que no le ocurra lo mismo a su legatario.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com"

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