DE PROCESO SEMANAL: EL JUICIO EN CHILE CONTRA EL ESTADO ESPURIO MEXICANO

"Muertas de Juárez: Juicio contra el Estado mexicano

ALEJANDRO GUTIéRREZ
México deberá responder por tres de los más de 400 casos de feminicidio ocurridos en su frontera norte,luego de siete años de espera para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara una probable responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y muerte de las jóvenes, por no proporcionar protección a las víctimas y por no pre-venir los crímenes. Esta será la primera vez que dicha Corte aborde la figura del feminicidio en un juicio.

MADRID.– El Estado mexicano será juzgado por primera ocasión ante un tribunal internacional por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde, las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez, lograron que el próximo martes 28 México deba responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cúmulo de negligencias e irregularidades que han afectado la investigación de la muerte de sus hijas.
Considerado “emblemático” entre los alrededor de 400 homicidios contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, el caso atañe a tres de los ocho cadáveres encontrados entre el 6 y 7 de noviembre de 2001 en un campo algodonero, en el cruce de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en esa frontera. Los cuerpos mostraban signos de tortura y violación agravada.
A siete años y medio de distancia del hallazgo, la persistencia de las señoras Irma Monreal, Josefina González y Benita Monarrez (madres de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, respectivamente) consiguió que, también por primera vez, la Corte Internacional aborde la figura del feminicidio en un juicio.
El caso inició en marzo de 2002, cuando las mujeres lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tardó tres años para admitirlo y revisar si el gobierno mexicano había violado los derechos humanos de esas víctimas y sus familiares al no ofrecerles justicia ni castigo a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Irónicamente, sólo se juzgan tres casos y no los ocho por los graves errores de las autoridades ministeriales en la identificación de los cadáveres. Pese a la reiterada insistencia de los abogados mexicanos, la CIDH ya no admitió la atracción de los otros casos.
En 2007, finalmente, la CIDH resolvió que sí hubo violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales; de los derechos de los niños y niñas (dos de ellas eran menores de edad); a la protección judicial, y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, explica el abogado David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una de las organizaciones que asesora a los familiares.
Algunas de las acciones del gobierno violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem do Pará, las cuales establecen las obligaciones del Estado en la protección de las mujeres.
Entrevistados por separado, en Madrid, el abogado Emilio Ginés, representante del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y Héctor Fáundez, experto en derecho internacional, precisan que el caso es admitido en la Corte Interamericana cuando se consideran agotadas las instancias legales en México y las familias no han obtenido la justicia debida ni se ha castigado a los responsables de esos homicidios. Ambos asesoran al equipo de abogados mexicanos.
Tras la resolución de la CIDH, el caso se presentó como acusación ante la Corte Interamericana, que el pasado 19 de enero atribuyó a México una posible “responsabilidad internacional” por la desaparición y muerte de las jóvenes al no proporcionar protección a las víctimas ni prevenir los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la región, explica David Peña en entrevista telefónica.
El abogado cuenta que el gobierno mexicano ha enviado a la CIDH tres comunicaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE) en los que asegura estar investigando el caso; incluso en una afirma que se había sancionado a dos responsables, a pesar de que después uno de ellos murió en prisión y el otro fue liberado.
La CIDH abrió un “proceso de comunicación” con el gobierno mexicano entre 2005 y 2007. El gobierno de Chihuahua alegó que tenía nuevas investigaciones, que estaba cambiando el sistema de justicia penal y que ofrecía apoyos a las familias, “pero no entraron a lo sustancial, que es la procuración de justicia eficaz y el castigo a los responsables; siguen sin líneas sólidas sobre los homicidios y tampoco avanzan en la prevención, porque siguen apareciendo jóvenes asesinadas”, dice Peña.
El abogado, quien junto con Michel Salas representa a las madres y encabeza la acusación ante la audiencia en Santiago de Chile, asegura que “ninguna instancia del gobierno federal se ha involucrado abiertamente”. Y eso, aclara, pese a que de 2003 a 2005 la PGR atrajo el caso exclusivamente para analizar si existía la comisión de algún delito federal, como era el tráfico de órganos, supuesto que nunca se comprobó. Sin embargo, la PGR nunca explicó por qué cerró el expediente.
“Están dejando solo al gobierno de Chihuahua, cuando la sanción será al Estado mexicano; pero ninguna instancia federal está involucrada, ni se implica en la investigación ni en la sanción”, señala.
La delegación del gobierno de México ante la Corte Interamericana estará integrada por 16 personas; los funcionarios de mayor rango son el embajador de México en Chile, Mario Leal Campos; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín Muñoz, y la procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez.
Peña lamenta la poca importancia que le dan al caso y al tribunal internacional, y se queja de la ausencia de Guadalupe Morfín, fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, y de Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, así como de la consejería jurídica de la Presidencia de la República.
Y es que la acusación no es asunto menor: se ha pedido a la Corte Interamericana que resuelva la “responsabilidad internacional” de México por esos hechos y le obligue a realizar una investigación “seria, imparcial y exhaustiva”; que sancione a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y que destituya y sancione a los funcionarios responsables de las negligencias.
También demandan que se incorpore la perspectiva de género en los procedimientos de investigación y en la valoración de los casos ante la instancia judicial, y que un comité internacional competente en derechos humanos de las mujeres realice una evaluación de las políticas y modelos de atención a las víctimas, entre otras conclusiones.
No obstante, mientras el caso llegaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de todas las jóvenes encontradas muertas en el campo algodonero han sufrido presiones de funcionarios ministeriales, tortura sicológica y hasta amenazas directas. Por ejemplo, el viernes 17 de abril Benita Monarrez obtuvo asilo político en Estados Unidos debido a las amenazas a su integridad. Vehículos con hombres se estacionaban afuera de su vivienda o la seguían en la calle y recibía presiones de autoridades, explica Sonia Torres, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, otra de las organizaciones civiles que apoyan a las madres.
“Las familias han sufrido todo el peso del Estado”, añade Torres en entrevista telefónica. Una de las formas para presionar a las familias, dice, era condicionarles un “auxilio económico” a la firma de un documento que las obligaba a desistir de investigaciones posteriores para corroborar la identificación de los cuerpos de sus hijas.

Los hechos

La noche del 11 de noviembre de 2001, el entonces procurador general de Justicia de Chihuahua, Arturo González Rascón, anunció la identificación de las ocho víctimas y la detención de Víctor J. García Uribe, El Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca, los presuntos asesinos.
Sin embargo, un estudio médico realizado en el Cereso de Juárez corroboró que los detenidos fueron torturados: sus cuerpos mostraban traumatismos y “múltiples quemaduras de primer grado en genitales y diversas partes del cuerpo”. Todo ello se documentó con fotografías.
La Foca murió en prisión luego de una operación de hernia, en condiciones nunca aclaradas. El 6 de febrero de 2002, su abogado, Mario César Escobedo Anaya, fue asesinado por policías que supuestamente lo confundieron con un prófugo al que perseguían.
El Cerillo fue absuelto por falta de pruebas en 2005. Su abogado, Sergio Dante Almaraz, también fue ejecutado el 25 de enero de 2006, cuando circulaba en su vehículo por las calles de Juárez.
Las víctimas, según anunció el procurador González Rascón, eran Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Araceli Martínez Ramos, Mayra Juliana Reyes Solís, María de los Ángeles Acosta, y las tres jóvenes cuyos casos tomó la CIDH: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez.
La misma noche del anuncio, el jefe de peritos, Óscar Máynez, explicó que sólo tenían avance en la identificación de cinco de los cuerpos, no en la totalidad (Proceso 1307). También comentó que el equipo del procurador, que había llegado de la capital de Chihuahua, había pretendido “sembrar” evidencias en la camioneta del hermano de uno de los inculpados. Ni Máynez ni la fiscal Zulema Bolívar avalaron el expediente.
La denuncia ante la Corte Interamericana señala que los dictámenes de antropología forense, criminalística y genética forense, para corroborar la supuesta identidad, se hicieron de manera “irregular y fuera de todo protocolo científico”. Es decir, se asignaron las identidades arbitrariamente. En ese momento existían reportes por la desaparición de 24 mujeres en Ciudad Juárez.
Las deficiencias en la identificación de los cuerpos fueron exhibidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que trabajó en Juárez entre 2005 y 2006 a petición de las organizaciones que apoyan a las madres.
El informe de EAAF concluyó que los cuerpos inicialmente identificados por la PGJE como los de Bárbara Araceli Martínez Ramos y Guadalupe Luna de la Rosa, en realidad pertenecían a los de otras dos mujeres que permanecían como desaparecidas: María Rosina Galicia Meraz y Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz. Un tercer cuerpo no logró ser identificado.
Así, Bárbara Araceli y Guadalupe Luna quedaron nuevamente en calidad de “persona desaparecida”.
También arrojó nueva luz en otro caso: Verónica Martínez Hernández estaba entre las víctimas “identificadas” por la PGJE, pero el cadáver que ellos examinaron había sido encontrado el 22 de septiembre de 2002 a siete kilómetros del campo algodonero.
Peor aún, su expediente fue extraviado y la Contraloría de la Procuraduría lo repuso hasta que el equipo argentino lo solicitó. Los restos entregados por la PGJE estaban incompletos. En sus respuestas a la CIDH o a la Corte Interamericana, el gobierno mexicano ha evitado hacer alusión a este informe.
El equipo argentino también destacó que era particularmente imposible que los familiares de Merlín Elizabeth Martínez Sáenz y de María Rosina Galicia Meraz pudieran acceder al sistema interamericano de justicia, aun cuando los cuerpos fueron identificados en 2006 y que la CIDH podía haberlos atraído como una unidad.
Así mismo, los familiares de las víctimas “en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones ni en el proceso penal”, dice la denuncia. Las madres nunca pudieron ver los cadáveres, sin embargo, las autoridades ministeriales les obligaron a firmar y reconocer que el cuerpo que les iban a entregar eran los de sus hijas.
En los testimonios de las tres madres se detallan los obstáculos que enfrentaron en la subprocuraduría zona norte en Juárez, como incomprensión y negligencia, desde el mismo momento de levantar las actas de desaparición.
Esmeralda Herrera Monreal, con apenas 14 años de edad, salió de su casa a las 6:30 de la mañana del 29 de octubre de 2001 para ir a la casa donde era trabajadora doméstica. Fue la última vez que su madre la vio con vida.
Al día siguiente, Irma Monreal acudió a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua para reportar la desaparición de su hija, pero le dijeron que debía esperar 72 horas para poderla reportar. Ella no quiso dejar que pasara más tiempo y colocó carteles con la fotografía y datos de la niña en la calle, en camiones y en negocios.
A Josefina González le fue peor: la entonces fiscal Sully Ponce se mostró prepotente con ella y justificó su inacción argumentando que “son muchas las desaparecidas”.
Su hija Claudia Ivette González, de 20 años de edad, no volvió a ser vista desde el 10 de octubre de 2001, cuando le negaron el acceso a su trabajo, la maquiladora Lear 173, por haber llegado sólo dos minutos tarde (Proceso 1307).
El 25 de febrero de 2002, tres meses después del hallazgo de los ocho cadáveres en el campo algodonero, las familias de las víctimas realizaron un rastreo por su cuenta y encontraron prendas y objetos que nunca fueron recogidos por las autoridades, como el pantalón de Claudia Ivette junto con su credencial de elector, que estaban dentro de una bolsa.
Laura Berenice Ramos, de 17 años, hija de Benita Monarrez, estudiaba el bachillerato y trabajaba en el restaurante Fogueiras. Desapareció el 21 de septiembre de 2001, luego de asistir a la escuela y al trabajo.
La madre recibió la noticia del hallazgo del cuerpo de su hija en los pasillos de la Subprocuraduría en Juárez. “Me lo dijeron de manera burda y sin consideración al dolor por el que estaba pasando”, declaró.
Con la llegada del gobierno del priista José Reyes Baeza, la PGJE resolvió separar esa causa penal en ocho legajos, uno por cada una de las mujeres asesinadas, para seguir la investigación individualmente. El pretexto fue “por economía procesal”, pero significó otro elemento para que la CIDH no admitiera la atracción de los otros cinco casos del campo algodonero.
David Peña advierte que la PGJE ha insistido que hay dos etapas de la investigación, una de 2001 a 2004, y otra con la llegada del gobierno de Reyes Baeza, cuando en realidad es un solo proceso. “Tratan de lavar las culpas, pese a que aquí la responsabilidad es institucional y el Ministerio Público es uno solo”, advierte.
En agosto de 2006, la PGJE anunció la detención de dos presuntos responsables, Edgar Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz (capturado en Estados Unidos por problemas migratorios). “Lo extraño es que sólo los ligan con el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís y no con el resto”, dice Peña"

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