RECURDAN LA DENUNCIA CONTRA RUFO APPEL Y SUS NEGOCIOS EN BAJA CALIFORNIA?

DE LA JORNADA:

Acusan a Rufo en San Lázaro de traficar con proyectos de gobierno

Roberto Garduño y Ciro Pérez

12/10/2006 20:16

México, DF. El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apel fue acusado desde la tribuna de la Cámara de Diputados de “bandido” por haberse asociado ilegalmente con empresas estadunidenses y chinas a quienes “vendió” extensiones de suelo, obtenidas ventajosamente a un precio estratosférico para construir un puerto de altura y cabotaje en la región conocida como Punta Colonet, municipio de Ensenada.



El pleno legislativo dio entrada a la denuncia que presentó el legislador perredista, Emilio Ulloa Pérez con objeto de exigir al gobierno de Vicente Fox una exhaustiva y transparente investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y la vinculación de estos, en actos probablemente ilegales con servidores públicos, en la construcción del citado puerto de altura destinado a la exportación e importación.



En tribuna, el legislador refirió que el puerto en Punta Colonet será el más grande de México y el tercero del mundo, después de Singapur y Hong Kong con una inversión calculada en 15 mil millones de dólares. Tal circunstancia sería favorable para la economía nacional, si no fuera por el probable tráfico de influencia en que habría incurrido el ex gobernador Ernesto Ruffo Apel.



El panista, dijo Ulloa, en colusión con el ex diputado federal César Patricio Reyes participan en un entramado en relaciones ausentes de claridad, destinadas a favorecer a unos empresarios chinos más, a través de una empresa transnacional, a quienes facilitaron la participación en la construcción del citado punto de cabotaje:



“Además, el bandido, Ruffo Apel está planteando la construcción de un aeropuerto internacional de carga, donde él es el socio. Lo más delicado es que Ruffo Apel adquirió mil 315 hectáreas a un costo de 3 millones de dólares, y actualmente esos terrenos están valuados en más de 100 mil millones de pesos. Es decir, el negocio de la vida”.



Siendo comisionado para asuntos de la frontera norte, Ernesto Ruffo acumuló información de la problemática portuaria que enfrenta la importación y exportación de mercancías en los litorales mexicanos. Para el año 2003, argumentando motivos de salud abandonó el cargo federal para relacionarse con el ex diputado César Patricio Reyes. Ambos personajes se asociaron con el consorcio Hutchison Port Holdings (HPH), cuyo dueño es el magnate multimillonario, de origen chino, Li Ka Shing.



La empresa Hutchison, fue impedida de participar en la operación de la terminal de contenedores de Lázaro Cárdenas Michoacán, por la séptima sala del tribunal de justicia fiscal y administrativa, al declarar ganador del concurso a la Controladora y Operadora de Terminales (COT). El argumento del poder judicial fue que se habían descubierto manejos turbios por parte de la transnacional.





La intervención de la Hutchinson en la construcción del puerto de altura y cabotaje de Punta Colonet provocó preocupación en el diputados Ulloa quien descubrió que a través de un borrador confidencial, elaborado por los servicios de inteligencia canadiense, se señalaba al propietario de esa empresa de “haber estado involucrado en grandes donaciones monetarias para campañas electorales, como es el caso de Inglaterra donde donó 1.5 millones de libras esterlinas al partido conservador y en Canadá donde entre 1991 y 1994, la empresa Hushy Oil, donó 100 mil dólares a los partidos liberal y conservador”.



Aún así, la Hutchinson fue admitida como operadora de la construcción y operación del puerto de altura. En medio de eso Ernesto Ruffo creó la empresa Integradora Baja Aeropuerto junto a Hector Moisés Calderón Quintero, y ambos adquirieron un terreno de 3 mil hectáreas en la zona denominada Maceta del Tigre con objeto de construir una aeropuerto internacional de carga, para crear un consorcio capaz de movilizar millones de toneladas de mercancías con destino internacional.



La participación de Ruffo Apel en todo el entramado financiero empresarial en torno de Punta Colonet fue objetado por Ulloa Pérez, para quien “en este caso la codicia les ha impedido dimensionar el conjunto de variables que interviene en el tema y que tiene que ver no sólo con su ganancia como coyotes o con cuestiones mercantiles, sino con aspectos más profundos y que implican asuntos que tiene que ver con la seguridad nacional y las relaciones internacionales”.