Carlos Acosta Córdova
De cara al debate que con la llegada del nuevo gobierno se dará en torno al sector energético, en particular sobre Petróleos Mexicanos, el exdirector de la paraestatal Raúl Muñoz Leos cuenta en un libro sus amargas experienciasal frente de la paraestatal: desde la incomprensión de los políticos
hasta el sorprendente desinterés del presidente Vicente Fox por la operación
de la empresa, a pesar de su importancia en las finanzas nacionales.
No hay tiempo que perder, dice Raúl Muñoz Leos: Pemex debe salirse ya del presupuesto federal, es necesario darle autonomía de gestión, aplicarle un régimen fiscal que no la sangre más, conducirla con criterios empresariales, alejarla de intereses políticos, y darle más autoridad a su director general.
Sobre todo, recomienda agarrar ya al toro por los cuernos y discutir en serio el rumbo de la empresa, la única petrolera en el mundo que, pese a su gran capacidad de producción, opera con pérdidas. Es decir, asegura Muñoz Leos, se tiene que discutir con altura de miras y no entrar al falso debate de la privatización ni al griterío destemplado y polarizante, en el que unos quedan como “vendepatrias” y otros como “preservadores del tesoro nacional”.
Pero antes que todo ello, dice, el nuevo gobierno debe dejar claro que los energéticos, y Pemex en particular, no sólo son una prioridad sino que, desde ahora, debe mostrar que tiene propuestas claras para hacer los cambios requeridos en la materia.
Raúl Muñoz Leos dirigió a Petróleos Mexicanos desde el primer día de la actual administración y hasta octubre de 2004, cuando decidió renunciar luego de recurrentes muestras de desinterés por parte del presidente Vicente Fox respecto de los necesarios cambios en Pemex. “No tengo nada qué hacer aquí”, dijo cuando –la gota que derramó el vaso– el gobierno y el propio Fox le dieron la espalda, acusándolo de entorpecer la estrategia gubernamental sobre el llamado Pemexgate.
Para plasmar su experiencia como director general de la paraestatal, Muñoz Leos decidió escribir Pemex en la encrucijada. Recuento de una gestión, libro que Nuevo Siglo Aguilar, del grupo Santillana, pondrá a la venta esta semana.
Con cierto regocijo cuenta lo polémica que resultó su llegada a Pemex: salido de la presidencia de Dupont México luego de 36 años de trabajo, provocó el júbilo de los empresarios mexicanos, pero también un fuerte rechazo de buena parte de la clase política, que vio en él al diablo mismo: sin duda, promoverá la privatización de Pemex, entregará la soberanía nacional, dará información secreta de Pemex al gobierno de Estados Unidos, provocará la crisis de la empresa para justificar su venta… Muñoz Leos en Pemex “es como poner la Iglesia en manos de Lutero”, llegó a decir la senadora priista Dulce María Sauri Riancho.
Atenco energético
Con un tono de decepción que se advierte en todo el libro, narra lo perdidos que andaban Fox y su equipo en relación a qué hacer con Pemex. En primer lugar, se le invitó 48 horas antes de que se hiciera oficial el anuncio –27 de noviembre de 2000–, sin que se conociera gran cosa su trayectoria profesional, pues no formó parte del equipo de transición ni tuvo mayor trato previo con éste. Bastó una plática de una hora con el presidente electo Vicente Fox, dos meses antes, para que se le considerara el candidato idóneo para dirigir Pemex.
Pero desde los primeros días al frente de la paraestatal, cuenta, “fui el más sorprendido al descubrir que la nueva administración no contaba con plan alguno respecto a Pemex, a pesar de su enorme peso en las finanzas públicas: más de 30% del presupuesto federal provenía de la paraestatal”.
No tenía idea el nuevo gobierno de la grave situación en que se hallaba la empresa, al borde del colapso, pues no había crecido en 20 años y ya era más que preocupante la declinante producción de crudo. Pemex se estaba muriendo, dice.
Y cuando funcionarios del gobierno hacían declaraciones en torno de Pemex y la política energética, lo único que hacían era enturbiar más el ambiente:
“Los planteamientos relativos a mejorar su eficiencia resultaban simplistas, prejuiciados, pues atribuían todos los males existentes a la corrupción y al sindicato, visión no muy diferente, por cierto, a la de los ‘tecnócratas’ de gobiernos anteriores que habían alimentado un clima perjudicial de desconfianza e inhibido el crecimiento de la empresa. Por otra parte, se anunciaban medidas aisladas que, en lugar de ayudar a definir una política energética, enturbiaban el ambiente y generaban reacciones negativas en la opinión pública.
“Ejemplo de ello fue la declaración de Eduardo Sojo, coordinador de políticas públicas del gabinete de Vicente Fox, en el sentido de que contaban ya con mecanismos para impulsar la inversión privada en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ‘sin pasar por el Congreso de la Unión’.”
Todo el mundo ponía el grito en el cielo. Partidos políticos, legisladores, líderes sociales, medios de comunicación, denunciaban, chillaban: la privatización es inminente.
En medio de todo eso, Muñoz Leos ocupó prácticamente todo el primer año en meterse a las entrañas de Pemex a fin de tener un diagnóstico claro y poder elaborar planes y estrategias para sacar adelante a la empresa. Pero fue un año caótico, en el que el funcionario iba de sorpresa en sorpresa.
Por ejemplo, en febrero de 2001 Vicente Fox decidió que cuatro magnates –Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Alfonso Romo y Rogelio Rebolledo– formarían parte del Consejo de Administración de Pemex como “representantes del Estado”, que podrían participar con el resto de consejeros en “la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera nacional”.
Muñoz Leos ni idea tenía de lo que estaba anunciando Fox, en Los Pinos, el 14 de febrero de ese año. Él estaba presente. Escribe:
“¿Por qué se eligió aquel momento para modificar la conformación del consejo? ¿Qué se buscaba con tal medida? ¿Tal vez el impacto mediático, pretendiendo que medidas como ésta eran un ejemplo del cambio prometido? Lo ignoro, pues el anuncio no sólo me tomó por sorpresa: tampoco fui consultado en lo absoluto sobre su conveniencia y, una vez que fue hecho público, manifesté al presidente mis reservas sobre su efectividad.”
En resumen: que un consejo así de poco le servía a él a la hora de lidiar con el sindicato; tampoco ayudaría como factor de disciplina, pues Pemex no es empresa privada. Pero sobre todo, ¿por qué la prisa de incluir en el consejo a dichos empresarios? “Hubiera sido mejor esperar un poco, quizá un año, de modo que hubiera ya algunos resultados concretos que justificaran la decisión de profundizar más el esquema empresarial”.
De cualquier forma, a Fox le salió el tiro por la culata. Fue tanto el rechazo público y la oposición legislativa por la inclusión de los magnates, que debió dar marcha atrás. Dos meses después, dijo que siempre no, que aquellos sólo formarían parte de un “consejo consultivo” y que, por recomendación de la Comisión Permanente, el Consejo de Administración de Pemex seguiría integrado como siempre: los secretarios de Hacienda y de Energía, cinco miembros del sindicato y el director general.
Dice Muñoz Leos: “A este episodio se le llamaría ‘el Atenco en Pemex’, y se tradujo en nuevas críticas a la administración de Vicente Fox que, como el cohetero, ahora era censurado por su indecisión”.
Decisiones políticas
El asunto de la incorporación de los empresarios en el consejo de Pemex no fue el único en el que Muñoz Leos quedaba al margen de las decisiones presidenciales. De muchas otras se enteraba tardíamente o por otros medios. Fue el caso de la renuncia de Ernesto Martens como secretario de Energía, cabeza del sector; su jefe, pues. Un día iba en su auto, rumbo a un acto oficial, y por la radio oyó al entonces vocero presidencial, Alfonso Durazo, que anunciaba ajustes en el gabinete. Casi brinca de su asiento cuando escucha decir a Durazo: en Energía sale Ernesto Martens y entra Felipe Calderón Hinojosa. Entonces pensó para sí: “Gracias por avisarme”. Para su consuelo, ni el propio Martens lo sabía; él mismo le informó de lo que acababa de escuchar en la radio.
Refiere el autor que ese reemplazo fue muy censurado, no sólo por el desconocimiento técnico del panista en el tema de energía, sino porque su llegada fue vista como una concesión al PAN, que continuamente reclamaba al presidente Fox por la magra presencia de miembros del partido en el gabinete.
Una vez instalado Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, se registró un incremento de panistas en puestos directivos, tanto en la dependencia como en Pemex. Sin embargo, en entrevista con Proceso, Muñoz Leos rechaza que la empresa se haya “empanizado”: “Sí hubo un número importante de panistas, pero fue irrelevante: no lograron modificar las estructuras de las empresas (que integran Pemex), que son difíciles de alterar, no porque sean buenas, sino porque ya están muy hechas”.
–Pero sí llegaron panistas a ocupar puestos clave en Pemex. Ahí está Bueno Torio, como director general de Pemex Refinación…
–Esa fue una designación presidencial.
–Dejó pésimos antecedentes. Se le acusa de múltiples irregularidades, de hacer negocios personales, con gasolineras entre otros…
–Uno de los problemas graves de Pemex es que esté divida en varias empresas. Se les dio autonomía y mucha fuerza a los directores, que son designados por el presidente. Entonces cada uno construyó su imperio, muy cerrado. La información en Pemex tradicionalmente no se comparte porque eso es perder poder. Entonces, (los directores) nada más están viendo cómo se guardan la información para hacer sus enjuagues. Con la división de Pemex, se atomizaron aún más los problemas.
–¿Quiere decir que usted no se enteraba de irregularidades en las distintas empresas de Pemex? Es difícil creerlo…
–Creéme que no. Si me hubiera enterado le llamo al tipo, lo encaro y vemos de qué cuero salen más correas. Nunca me llegó algo concreto, acaso rumores.
–Con todo respeto, explíqueme: el presidente no le hace caso, no lo consulta para decisiones importantes, los directores se manejan solos y ocultan información… entonces, ¿ser director general de Pemex es ocupar un puesto decorativo?
–Antes era un puesto político y como tal tenía un margen de acción muy amplio. Pero cuando te preocupas en disminuir el peso político y te concentras en la operación de la empresa, pierdes esos márgenes y se generan tensiones en el lado político. Por eso digo que el director general de Pemex debe tener más autoridad, por ejemplo, para designar a los directores del organismo, que ahora es decisión presidencial. Así se evitaría que alguno se sintiera con privilegios.
En Pemex en la encrucijada. Recuento de una gestión, el exfuncionario no deja de manifestar diferentes grados de frustración ante diversos hechos. El más relevante fue “no haber podido convencer a Vicente Fox de que la empresa debía ser una de las prioridades de su gobierno”.
Apatía foxista
Luego de zambullirse en las entrañas de la paraestatal, Muñoz Leos se dio cuenta de que la empresa tenía los días contados, pues en dos décadas no había crecido ni tenía planes para hacerlo. Era instrumento de la política fiscal y monetaria de los gobiernos en turno. Su principal fuente de recursos, la explotación de crudo, se mantenía estática. Regiones y campos petroleros declinaban francamente. Aumentaba constantemente el costo de producción por barril. No se invertía en exploración. Como era presa de criterios políticos sexenales, no podía desarrollar planes de negocio para el largo plazo, “viviendo siempre en la fluctuación de presupuestos anuales y la asfixiante perspectiva de la inmediatez”.
Aunado a ello, el hecho de que Pemex se divida en varias empresas es absurdo; se duplican funciones y se burocratiza más el trabajo. La paraestatal está lejos de los estándares internacionales de desempeño. Hay que discutir el hecho de que por razones históricas se le cargó al organismo de significados y compromisos; se le hizo símbolo y baluarte. Es hora de vencer mitos y falacias, apreciaciones incorrectas, visiones cortas, y conducir a Pemex como empresa, con eficiencia, y hacerla competitiva. Servirá más así a sus fines sociales. Urge eliminar los controles externos a que está sometida la empresa: “prácticamente no hay decisión de importancia que se pueda adoptar de manera integral al interior de la empresa ni asunto que no se supervise desde afuera”.
Fueron varias las ocasiones en que Muñoz Leos presentó diagnósticos y propuestas al presidente Fox. Pero una, particularmente, lo marcó por siempre. Al término de un recorrido por las oficinas centrales de Pemex, le hizo una presentación al presidente, dramática en el diagnóstico pero optimista en el futuro inmediato: se hará más eficiente la paraestatal, se fortalecerá el corporativo, podrán obtenerse resultados financieros espectaculares… pero hay que invertir agresivamente en exploración y explotación de crudo y gas; necesitamos el apoyo presidencial para que los planes de negocios puedan llevarse a cabo… En fin, necesitamos recursos, señor presidente. Y Fox:
–Todo esto que me dices es muy interesante, Raúl. Pero mi gobierno tiene definidas ya muchas otras prioridades.
Escribe Muñoz Leos:
“La respuesta fue descorazonadora, un auténtico balde de agua fría… Sencillamente un sentimiento de desazón anidó en mí. Y el tiempo se encargaría de hacerlo crecer.”
Pese a ello, Muñoz Leos dice que logró muchas de sus metas: evitar el colapso de la empresa, frenar la baja en la producción de crudo; establecer por primera vez planes transexenales y definir el potencial de Pemex: gracias a una fuerte inversión en exploración, se pudo inferir que hay mucho petróleo en el Golfo de México, en la parte nacional, aunque “para convertirlas en reservas reales, que se puedan explotar, se requiere mucho trabajo y de mucho más dinero”. Todo ello, agrega, independientemente de los resultados financieros positivos, el rediseño de mecanismos de licitación para evitar corruptelas y las innovaciones en el manejo corporativo de la empresa.
Dice sentirse satisfecho por lo logrado, aunque nadie va a reconocer el “gran salto” que dio Pemex durante su gestión. “Ni me interesa. Igual que no me interesó ser miembro de ningún partido, ni siquiera del PAN. Quizá por eso nadie abogó por mí cuando renuncié”.
Canonización calculada
Regina Martínez y Rodrigo Vera
La canonización de monseñor Ra-fael Guízar y Valencia es parte de un “proyecto a largo plazo” de los Legionarios de Cristo para elevar también a Marcial Maciel, sobrino nieto de Guízar y fundador de la congregación a quien actualmente el Vaticano tiene castigado por sus actos de pederastia.
Prevista para celebrarse este domingo 15 en la plaza de San Pedro, en Roma, dicha canonización se inscribe –aunque de manera indirecta– en la ya larga lista de beatos y santos mexicanos que produjo la guerra cristera, la cual sirvió de “inspiración” a Marcial Maciel para fundar la Legión.
El investigador Fernando M. González, estudioso de la Cristiada y de Maciel, afirma:
“El proceso de canonización de monseñor Guízar, así como el de la madre de Maciel, doña Maura Degollado, forman parte de un proyecto a largo plazo impulsado por los Legionarios de Cristo, cuyo fin es llevar a los altares a su fundador. Es, definitivamente, una operación en tres pistas.”
La causa de Maura Degollado fue abierta por los legionarios desde 1995 y ya lograron, por lo pronto, que obtuviera el rango de “sierva de Dios” (Proceso 1498).
“Imagínese, Marcial Maciel quedará como sobrino de un santo y, posiblemente, como hijo de una santa. De manera que quedará como una gran persona que también merece la santidad. Esta es una manera de preparar su futuro proceso de canonización”, explica González.
–Pero el Papa Benedicto XVI tiene castigado a Maciel por sus actos de pederastia.
–Sí, sí, pero ese castigo, que es prácticamente una suspensión a divinis, será aprovechado por los legionarios para decir que es una prueba que Dios le puso a Maciel para hacerlo santo. Hay fundadores de otras congregaciones, como San Ignacio de Loyola, que también fueron difamados en vida por diferentes motivos. Esa es la lógica.
“Además, monseñor Guízar y Valencia, el tío que hoy es canonizado, también fue suspendido a divinis de 1907 a 1908, porque se le acusó de haber infamado al entonces arzobispo de Morelia. Después se supo que era inocente y se le restituyó su ministerio sacerdotal.
“Por eso es fundamental esta canonización para Maciel, puesto que le da argumentos para decir: ‘Vean, mi tío fue suspendido igual que yo, a causa de un complot, y ahora lo hicieron santo. Esto nos acerca más a Cristo’. Esa es, pues, la operación simbólica que se está jugando con esta ceremonia de canonización y que Maciel aprovechará al máximo.”
Lucha de congregaciones
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, autor de los libros Matar y morir por Cristo Rey y Marcial Maciel, los Legionarios de Cristo, testimonios y documentos inéditos, Fernando M. González abunda:
“Las congregaciones religiosas se configuran alrededor de su fundador, alrededor del culto a su personalidad. Y el no tener un fundador santo, o al menos beato, hace que la congregación sea de segunda. Por eso los legionarios quieren canonizar a Maciel.
“Y actualmente, el principal competidor de la Legión es el Opus Dei, que ya logró canonizar a su fundador. En ese sentido, los legionarios están en total desventaja, puesto que Maciel no sólo no es santo, sino que es cuestionado por pederasta, drogadicto y mentiroso. Son acusaciones muy fuertes.”
–¿Los legionarios están apoyando la canonización de Guízar y Valencia?
–La están apoyando con todo. Basta revisar la página en internet de la Legión, o de su Regnum Christi, para comprobarlo.
Efectivamente, aparte de difundir la biografía del nuevo santo mexicano, los legionarios están llamando –en su página de internet– a que “promovamos y difundamos el ejemplo y testimonio de santidad de este misionero incansable y fiel apóstol de Cristo”.
A Guízar ya lo consideran los legionarios como “santo y patrono de nuestras misiones”, que son principalmente el Movimiento Regnum Christi, Juventud y Familia Misionera, así como Color y Fuego Misionero. Integrantes de estas misiones también planean realizar, para el mismo domingo 15, una misa en la Universidad Anáhuac poniente, concelebrada por numerosos sacerdotes legionarios.
Al cierre de esta edición, el viernes 13, fuentes confidenciales informaron que Marcial Maciel ya estaba en Roma, donde asistiría a la ceremonia de canonización de su tío abuelo. Pero debido a la sanción que pesa sobre él –la cual le impide ejercer su ministerio sacerdotal–, el fundador de los Legionarios de Cristo asistiría de incógnito en la plaza de San Pedro, como cualquier otro espectador. La Sagrada Congregación para la Causa de los Santos informó que ni siquiera le extendió una invitación formal.
Días antes de la ceremonia, el embajador de México ante el Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena, informó:
“Vienen mexicanos muy importantes a estar presentes en este gran momento para México. Tenemos confirmada la asistencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez; también del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Veracruz, don Miguel Alemán, y de otros miembros de su familia; así como de muchos empresarios. También está anunciada la presencia de por lo menos 60 obispos de México; varios de ellos van a oficiar junto con el Papa.”
Y mencionó que “dos hijos” del gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera, “van a llevar las ofrendas durante la misa”.
De acuerdo con Marco Antonio Garza, director general de información de Peña Nieto, el gobernador tiene prevista una “audiencia privada” con el Papa Benedicto XVI, en la cual “lo invitará a visitar el Estado de México”.
En un principio se dijo que también asistiría Carlos Abascal, secretario de Gobernación, pero el conflicto en Oaxaca le impidió viajar a Roma, según informaron en su oficina de prensa.
Entre los obispos mexicanos que acudirán a la ceremonia están los de las diócesis del estado de Veracruz, así como Martín Rábago, Adolfo Suárez Inda y Carlos Aguiar Retes, presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), respectivamente. El nombre de Marcial Maciel ni siquiera fue mencionado.
Saldos de la Cristiada
Tío materno de la madre de Maciel –conocida como Mamá Maurita–, el nuevo santo mexicano nació en Cotija, Michoacán, en 1878. Fue nombrado obispo de Veracruz en 1919. Le tocó la persecución religiosa de la época callista, que en Veracruz se prolongaría por más tiempo. Guízar tuvo que huir a la Ciudad de México, donde mantuvo operando, clandestinamente, el seminario de Xalapa. Ahí llegó a estudiar el joven Marcial Maciel en los años treinta.
Guízar murió el 6 de junio de 1938, después de sostener una fuerte discusión con su sobrino Marcial. Algunos suponen que éste lo envenenó con cianuro. Otros, en cambio, sostienen que falleció de muerte natural (Proceso 1544).
Alejandro Espinosa, autor del libro El legionario –en el que detalla los abusos sexuales a que lo sometía Maciel–, dijo a este semanario que “es una posibilidad muy cercana el que Maciel haya asesinado a su tío”. Esta hipótesis –agregó– es la que maneja en su nuevo libro, El prodigioso ilusionista, que pronto estará en circulación.
–¿Cuál fue la razón por la que supuestamente Maciel mató al obispo?
–Maciel estudiaba entonces en el seminario de su tío. Y éste lo corrió de ahí porque descubrió que era homosexual, que le estaba pervirtiendo su seminario. Marcial se sentía con derecho a un trato mejor, y no a que lo hayan expulsado por maricón. Ese fue el motivo.
“El día en que el obispo murió, había tenido una discusión muy fuerte con Maciel. Ya anteriormente algunos estudiantes habían acusado a Maciel de haberle dado un brebaje a su tío que le hizo mucho daño.
“La muerte de monseñor Guízar no quedó esclarecida. Y cuando años después exhumaron su cadáver, se le halló incorrupto y con el pelo rojizo, tal y como deja el cianuro a los cuerpos. Pero la gente se fue por el lado del milagro.”
Sin embargo, para el postulador de la causa de canonización, el sacerdote Rafael González Hernández, tal hipótesis es falsa:
“Monseñor Guízar murió a causa de una insuficiencia cardiaca y de un ataque de diabetes. Tenía 60 años de edad y ya era un anciano decrépito y acabadísimo, pues gastó su vida al servicio de los fieles”, dijo el sacerdote.
Y señaló que el “asombroso descubrimiento” de su cadáver incorrupto fue el detonante que impulsó su proceso de canonización, iniciado en 1951.
Al respecto, Fernando M. González opina: “No me atrevería a decir que lo envenenaron. Probablemente le hizo mal el coraje que le hizo pasar Marcial Maciel, pues el obispo ya estaba tan enfermo que decía misa sentado. Lo cierto es que, tan pronto muere Guízar, corren a Marcial del seminario”.
El investigador de la UNAM ve como trasfondo la guerra cristera en la mayoría de las canonizaciones y beatificaciones de mexicanos, empezando con la beatificación del sacerdote Miguel Agustín Pro en 1988. Luego, la canonización de 23 mártires de la Cristiada, realizada en mayo de 2000. Después, en noviembre del año pasado, la beatificación que se realizó en el estadio Jalisco de Anacleto González Flores y otras 12 personas que se vieron envueltas en aquel conflicto entre la Iglesia y el Estado.
En esta última “generación”, asegura, hay quienes sí participaron en la lucha armada, y aun así se les hizo beatos, con lo que se pasó por alto el requisito del Vaticano de llevar a los altares sólo a personas que no hayan empuñado las armas.
En cuanto al tío abuelo de Maciel, dice que “aunque no puede ser integrado propiamente dentro de los beatos y santos de la Cristiada, Guízar y Valencia vivió esa época, también padeció la persecución religiosa. Fue un pacifista que estuvo en contra de la lucha armada. Podría decirse que, de manera indirecta, es un santo de la poscristiada. Hay una continuidad en todo esto”.
–¿Cómo inserta aquí al fundador de los Legionarios de Cristo?
–Marcial Maciel nació en ese período. Es sobrino del general cristero Jesús Degollado Guízar, hermano de su madre, de manera que utiliza la Cristiada para la exaltación simbólica de su persona y de su congregación. Es más, ve a la Legión como fruto de aquellos mártires.
“Marcial se apoya mucho en el mártir michoacano José Sánchez del Río, quien fue asesinado a los 14 años de edad. En su autohagiografía, Mi vida es Cristo, Maciel dice que este jovencito lo invitaba a la sierra para pelear junto con los cristeros. Es falso, en primer lugar porque Sánchez del Río era siete años mayor que Maciel.”
Oportunismo político
–¿Y cómo ve la actitud del gobierno ante la canonización de Guízar? –se le pregunta al investigador.
–Ha habido un cambio en la actitud del gobierno mexicano en lo relacionado con la guerra cristera. Es un tema que ya no le causa crispación. Cuando surgió lo de la beatificación del padre Pro –que era como una bofetada a los gobiernos revolucionarios del PRI, pues fue fusilado sin previo juicio– sólo reaccionaron los masones y una parte de los jacobinos.
“Ahora, con la canonización de quien fuera obispo de Veracruz, a ese estado le va a servir para fomentar el turismo religioso, como ya sucede en Jalisco, donde hay todo un circuito turístico de los cristeros y donde el PAN utilizó a los mártires con fines electorales.”
Efectivamente, a los festejos de la arquidiócesis de Xalapa se sumó el gobierno de Fidel Herrera, quien anunció la acuñación de una medalla conmemorativa con la imagen de Guízar y Valencia, quien en su época fue perseguido por el gobernador Adalberto Tejeda.
Herrera planeaba ir al Vaticano para asistir a la ceremonia de canonización, pero luego desistió porque –según argumentó– debe atender los estragos de las fuertes lluvias en su estado: “Tengo que estar acá”. Corrió la versión de que no fue porque el Papa no le concedió la audiencia que solicitaba.
No obstante, el gobierno veracruzano, con recursos del erario público, financió los gastos de una selecta comitiva que fue a presenciar la canonización a Roma, integrada por funcionarios públicos, empresarios y periodistas.
El viaje, al menos para los directivos de los medios de comunicación, incluye un itinerario de hasta 15 días por Europa, lo cual molestó a los reporteros que cubren la fuente de gobierno: “Sólo nos invitan cuando el gobernador visita la sierra, pero se nos excluye cuando se trata de pasear con todo pagado por Europa”, se quejaron algunos.
En los días previos a la canonización, el gobierno organizó una serie de actividades enmarcadas en el festejo religioso, como la presentación de la biografía de Guízar, Ángel sin ojos, escrita hace años por el periodista y exgobernador de Yucatán Carlos Loret de Mola y prologada por José Vasconcelos. Aunque ahora ostenta un nuevo prólogo, de Sergio Obeso, arzobispo de Xalapa.
Durante la presentación del libro, la presidenta del DIF en la entidad, Rosa Borunda de Herrera, dijo que el gobierno de Veracruz compró los derechos de autor y que los ingresos obtenidos “serán destinados a la atención de personas minusválidas”.
Herrera Beltrán participó incluso en una misa realizada en la Plaza Lerdo, de Xalapa, el pasado 30 de septiembre. La ceremonia fue trasmitida por Radio Televisión de Veracruz, propiedad del estado. En esta ocasión, el gobernador anticipó que el día de la canonización irá a la catedral para estar ante “la tumba del santo obispo, un ser humano que fue ejemplar”.
La ceremonia será trasmitida en directo desde el Vaticano a través de grandes pantallas colocadas en la Plaza Lerdo. El gobierno repartirá tamales y atole a la feligresía. (Con información de Irene Savio)
Carnaval legionario
Francisco Castellanos
El monumento al religioso suplanta a las figuras de los próceres patrios. Guízar, junto con su sobrino Marcial Maciel, es considerado el hijo predilecto de Cotija. Ahora fue llevado a los altares y el municipio ya tiene su santo.
Por eso, los festejos por su canonización comenzaron aquí antes de la ceremonia en el Vaticano, según cuenta José Cruz Moreno, cura de la iglesia de Nuestra Señora del Popolo:
“A través de nuestro consejo parroquial, iniciamos los festejos con 15 días de anticipación. Vinieron peregrinaciones de las 52 comunidades del municipio. También vinieron los sacerdotes que han pasado por las parroquias de aquí. Hubo hasta eventos culturales y deportivos.”
La multitud de peregrinos pasaba a visitar la enorme casona con fachada de piedra donde, el 26 de abril de 1878, nació Guízar y Valencia. Queda en el centro de Cotija, en la calle Colón.
Amplios corredores con columnas de cantera rosa, macizas puertas de pino, rejas de hierro forjado y, al fondo, la recámara donde nació monseñor; hoy convertida en un altar con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y del Sagrado Corazón. Hay reclinatorios en recuerdo de su primera misa.
No es propiamente un museo, puesto que se exhiben muy pocos objetos personales de Guízar: un viejo sillón y algunas fotografías de su padre, Prudencio Guízar. Es todo.
La casona es más bien un centro de peregrinaje al que, hasta ahora, habían acudido principalmente los miembros de la Legión de Cristo que llegaban de visita desde varios países. Con la canonización se espera un gran incremento de peregrinos.
Una de las encargadas de cuidar el recinto dice al reportero: “La casa está idéntica a como la dejó monseñor. Las mismas vigas de madera, el mismo techo de tejamanil. Todo ha sido tratado para su conservación”.
Luego señala una estancia donde se venden estampitas, novenarios, llaveros y otros objetos que tienen la imagen de Guízar, y comenta:
“Aquí era la recámara donde vivía la madre de monseñor, doña Natividad Guízar. Ella murió de lepra a los 33 años de edad, cuando monseñor era apenas un niño de nueve años.”
–¿Cómo se contagió de lepra?
–Cuidando a los leprosos de la región. Les lavaba su ropa, les llevaba de comer. Era una mujer muy piadosa. Monseñor Guízar heredó de su madre la virtud de la caridad.
En 1896, el joven Guízar y Valencia se fue a estudiar al seminario de Zamora, donde se ordenó sacerdote en 1901. Cuando estalló la revolución, se fue con el ejército zapatista de capellán. Luego vivió en La Habana, Cuba, y en 1919 fue nombrado obispo de Veracruz. Solía visitar con frecuencia su pueblo.
Francisco Valencia Ayala, un sacerdote muy anciano, cuenta que él conoció al nuevo santo: “Era un hombre muy corpulento, alto, de ojos intensamente azules. Cuando venía a Cotija, los niños se asustaban al ver su imponente figura y pegaban la carrera, pero ya que lo conocían la cosa era distinta. Al obispo le gustaba cantarles a los niños tocando su acordeón. Sí, era muy bueno para el acordeón”.
Hoy, toda Cotija está vestida con banderolas y gallardetes lila y blanco. Se dice que son los colores que a Guízar y Valencia le gustaba lucir en su vestimenta. En las fachadas de las casas, aquí, allá, por todas partes, cuelga la imagen del primer obispo mexicano que ha llegado a los altares.
Y en la plaza de Cotija, los Legionarios de Cristo han colocado cuatro gigantescas pantallas a través de las cuales se trasmitirá en directo la ceremonia de canonización. Habrá después procesiones, juegos pirotécnicos y música.
Cotija tiene un santo. ?
Presión internacional por Oaxaca
Pedro Matías y Rosalía Vergara
OAXACA, OAX.- El gobierno de Vicente Fox se encuentra entre la espada y la pared por el conflicto social oaxaqueño, que ya lleva casi cinco meses y aún no tiene visos de solución.
El viernes 13, la Secretaría de Goberna-ción lanzó un nuevo ultimátum a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), mientras que organismos internacionales continúan presionando al Ejecutivo federal para que busque una salida negociada a la crisis.
Conforme pasa el tiempo, senadores, investigadores, representantes indígenas y de organizaciones de derechos humanos se convencen de que el conflicto es fundamentalmente político.
El caso es que en Oaxaca todo sigue como al principio: los empresarios se encuentran divididos a causa de las pérdidas que les ha causado el prolongado conflicto, mientras que el gobierno federal trata de apaciguarlos con promesas de millonarias inversiones turísticas. Además, en las mesas de diálogo los representantes de Gobernación hablan de una rezonificación salarial –una de las demandas del magisterio–, pero no hay avances claros.
Los representantes de la APPO y de los maestros siguen firmes en su petición fundamental: la destitución de Ulises Ruiz. En los últimos días, se comenzó a hablar ya de la desaparición de poderes en la entidad y algunos legisladores alegaron que esa propuesta es inviable, pero dicha figura jurídica sí está contemplada en la Constitución y su aplicación recae exclusivamente en los senadores, como explican Eduardo Castillo, del Foro Permanente de Abogados, y Laureano Martínez, del bufete Asesoría Jurídica Popular.
Problema desbordado
Yésica Sánchez Maya, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Dere-chos Humanos, A.C. (Limeddh), sostiene que Oaxaca se ha colocado en el centro de la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado en Washington, Amnistía Inter-nacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Alemania, la Federación Internacional de Derechos Humanos, así como de la Comisión Nacional de Dere-chos Humanos, organizaciones que están preocupadas por el desenlace que pudiera tener el conflicto.
México, dice la activista de la Limeddh, es uno de los países con el mayor número de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De hecho, el próximo 23 de octubre un grupo de representantes de organismos de derechos humanos afines a la APPO acudirán a Washington para presentar ante la Asamblea de la CIDH un informe sobre el estado de ingobernabilidad que vive Oaxaca. En menos de dos años, organismos civiles de la entidad han solicitado ya dos audiencias ante esa instancia internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por los gobiernos de José Murat y de su sucesor Ulises Ruiz.
La del 23 de octubre será la tercera audiencia, aseguran los voceros de la APPO, lo que pone en evidencia que la CIDH muestra interés por la violación sistemática de los derechos humanos y el rezago que hay en la entidad.
La delegación también presentará las cartas que organizaciones mexicanas e internacionales han enviado al presidente Fox para pedirle que no desate la represión. Además, el gobierno estatal ha recibido por lo menos 400 solicitudes para que atienda el problema que estalló en mayo pasado, dicen los integrantes de la APPO.
Entre los documentos que se presentarán ante la CIDH se incluye el reporte de la visita que la Misión Internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), integrada por el peruano Javier Mújica Petit y la española Marta Ibero Dolla, hizo a Oaxaca del 21 al 27 de septiembre pasado para constatar que “las instituciones gubernamentales han sido incapaces de ofrecer soluciones concretas a las legítimas demandas de la mayoría de la población, así como de proteger y garantizar los derechos fundamentales de ésta, en particular sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Agrega dicho reporte: “Hacemos un llamado al Senado de la República y al gobierno de México para que consideren el uso de sus legítimas atribuciones en orden a contribuir a la resolución pacífica, justa y negociada del conflicto desatado en Oaxaca y analicen con sumo detenimiento las demandas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña y nacional”.
Otro de los documentos que esgrime la APPO es la carta enviada a Fox el viernes 6, en la que “las organizaciones afiliadas a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México apelamos a que evite el uso de la violencia en el estado de Oaxaca y para que garantice el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos”.
La secretaria técnica de la Red Oaxa-queña de Derechos Humanos, Sara Mén-dez Morales, dice que el lunes 9 Amnistía Internacional (AI) también pidió por escrito al presidente Fox, al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que atendieran con urgencia el conflicto, luego de que se intensificaron los sobrevuelos militares y el despliegue de tropas en varias zonas de Oaxaca.
Así mismo, AI manifestó su preocupación por el magisterio, la APPO, los presos políticos Ramiro Aragón Pérez y Germán Mendoza Nube, así como por el estudiante Pedro García García y por el exrector de la Universidad de Oaxaca, Abraham Martínez Alavez.
El presidente de la FIDH, Sidiki Kaba, también envió una carta a Fox para externarle su preocupación por la “tendencia represiva en México”, como lo muestran los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca. Pese a la crudeza del reclamo, la FIDH reconoce los avances positivos del gobierno Mexicano en la materia, como la ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional y la supresión de la pena de muerte.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Colombia (ACIN), se solidarizó con el pueblo oaxaqueño por los graves hechos y la brutal represión que ha padecido en los últimos meses, muy parecida a la que, dicen, han padecido los indígenas en ese país sudamericano.
Todas esas manifestaciones de apoyo al movimiento popular, insiste Yésica Sánchez, se deben a que “en Oaxaca se consolidó la forma autoritaria en el ejercicio del poder que representa una abierta amenaza al estado de derecho, a la democracia y a la paz social; por eso Oaxaca no es un problema local, es un problema de envergadura nacional e internacional”.
México, dice la representante de la Limeddh, se ha situado en los niveles de Perú, Colombia, Nicaragua y Guatemala por la magnitud de sus crisis políticas. El gobierno de Fox se encuentra en una encrucijada, agrega, porque tiene que demostrar que su discurso de democracia tiene una base real.
El viernes 13, la Unicef hizo un llamado a las partes involucradas para que lleguen a una solución pacífica, a fin de que los niños afectados por el conflicto puedan volver a clases.
El simulacro de Ulises
Ante la posible desaparición de poderes en el estado, que solicita la APPO, el Senado creó la Subcomisión de Gobernación, cuyos integrantes visitaron la ciudad de Oaxaca para comprobar si existía gobernabilidad.
El gobernador Ulises Ruiz recibió en un hangar del aeropuerto local a los senadores Alejandro González Alcántara, del PAN; Tomás Torres Martínez, del PRD, y Ramiro Hernández García, del PRI, para persuadirlos de que él sí estaba gobernando en la entidad.
La APPO y el magisterio trataron de mostrar lo contrario. El martes 10, antes de que arribaran los legisladores, pintaron las bardas del centro de la ciudad de Oaxaca con leyendas contrarias al mandatario, que éste mandó borrar en la noche; además, la APPO reforzó sus barricadas, cerró más calles, bloqueó avenidas, tomó otros edificios públicos y se enfrentó con policías vestidos de civil y “porros” de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quienes les dispararon a quemarropa frente a las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana.
Finalmente, el jueves 12 llegaron los senadores en una visita relámpago. En menos de 24 horas recabaron información para armar un reporte sobre la crisis en Oaxaca, que va para cinco meses. Visitaron el Congreso local –aunque desde hace varias semanas los diputados no sesionan ahí–, fueron a los tribunales –donde tampoco asisten los magistrados ni los jueces– y, sin previo aviso, una comitiva del gobierno los trasladó al hangar del aeropuerto para que los recibieran el gobernador Ulises Ruiz y su gabinete para intentar demostrarles que todavía gobiernan. “A mi modo de ver, se ve montadito”, reconoció el panista González Alcántara.
Los senadores también se entrevistaron con representantes de comunidades indígenas, de organizaciones gubernamentales, así como con académicos y empresarios descontentos por la falta de solución al conflicto. Sin embargo, lo que más tensión causó a los senadores fue su visita a la zona aledaña a la radiodifusora La Ley del Pueblo, tomada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas el 1 de agosto.
Pero no mostraron miedo. Juntos, el priista y el perredista vieron las casas pintadas, las barricadas, las fogatas y a los hombres, mujeres, ancianos e incluso niños que las vigilaban. El panista González Alcántara, impresionado, aceptó tomarse un café en la “cocina” instalada frente a la puerta de la radiodifusora, mientras un anciano le agradeció que volteara la vista a Oaxaca.
Ya en confianza, el senador panista les preguntó si no habría forma de seguir su movimiento sin afectar a terceros. “No”, le respondieron al unísono alrededor de 25 personas.
Y acabó por aceptar que Ulises Ruiz cometió el error de querer gobernar como cacique y “trató de movilizar políticamente ciertas cosas para darle en la torre a algunos que él consideraba más radicales; pero le salió mal el tiro”.
Al hacer un resumen de su visita, González Alcántara reconoció que el Congreso local es muy unido y que el tribunal trabaja a medias; para que desaparezcan los poderes, dijo, se necesita que ninguno funcione.
–¿Entonces, no procede la desaparición de poderes? –se le pregunta.
–No aplica, claro.
Sin embargo, el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo asegura que en Oaxaca no hay gobierno, las instituciones tampoco están funcionando y por supuesto que no se necesita un enfrentamiento armado para decir que hay un desajuste político en Oaxaca.
“Lo evidente es que esta situación de ingobernabilidad puede ser motivo para documentar un juicio político al gobernador Ulises Ruiz”, advierte el abogado. En su opinión, el Ejecutivo local no está ejerciendo sus funciones. Muestra de ello son los paros, los movimientos, las marchas y la toma de oficinas del gobernador en Santa María Coyotepec, que ya podría considerarse la nueva capital del estado.
Y concluye Cruz Acevedo: el cambio forzado de la sede del gobierno a este municipio podría considerarse un elemento para establecer la inexistencia de poderes en la entidad.
Corrupción en agencias estadunidenses
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON.- Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, alias “Jesús Contreras” o simplemente Lalo, sirvió como informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la DEA en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en El Paso, Texas, hasta que funcionarios de la segunda dependencia descubrieron signos de corrupción en la otra agencia hermana, que de acuerdo con documentos clasificados y desclasificados, así como con declaraciones de Lalo presentadas ante jueces federales de Estados Unidos y la prensa, se enteró de ejecuciones cometidas por el cártel de Juárez incluso antes de que se llevaran a cabo, aunque nunca hizo nada para prevenirlas.
“El asunto aquí es saber por qué no ha habido una investigación para determinar si hubo mala conducta de parte de oficiales del gobierno de Estados Unidos. No se puede saber qué fue lo que pasó. Tenemos una idea de lo que pasó, pero eso tiene que ser corroborado por una investigación”, dice en entrevista telefónica con Proceso Sandalio González, exagente especial a cargo de la división de la DEA en El Paso.
González fue el primer funcionario en denunciar el caso de Lalo y las sospechas de corrupción en ICE, lo cual lo obligó a renunciar a su puesto.
Lo que está en el centro de la polémica es si hubo o no una acción deliberada por parte del gobierno de Estados Unidos para ocultar la corrupción de ICE asociada al caso de Lalo y más de una docena de asesinatos cometidos por el cártel de Carrillo Fuentes en México y en territorio estadunidense.
Con la información que ha salido a la luz recientemente sobre el particular, el Congreso federal bien podría hacerse cargo del asunto, afirma González.
Los presuntos actos de corrupción de ICE y su negligencia para prevenir la tortura y ejecución de personas quedan al descubierto a partir de la información que Lalo les proporcionó a los agentes de esa agencia sobre los crímenes que policías judiciales del estado de Chihuahua, bajo las órdenes del comandante Miguel Ángel Loya Gallegos, cometieron por mandato directo de Carrillo Fuentes a través de uno de sus principales operadores, Humberto Santillán Tabares. Algunos de los asesinatos se ejecutaron en la casa ubicada en el número 3663 de la calle Parsioneros, en el fraccionamiento Las Acequias de Ciudad Juárez, en cuyos terrenos fueron enterradas las víctimas.
Lalo, quien se encuentra en la cárcel de un estado de la zona del medio oeste de Estados Unidos, bajo custodia de ICE y en espera de la decisión de un juez de inmigración, que determinará si será deportado a México o enviado como asilado político a otro país, considera que el gobierno estadunidense quiere librarse de una investigación a fondo usándolo a él como chivo expiatorio.
En la entrevista que, por medio de su abogada, Jody Goodwin, concedió a Proceso y otros dos medios informativos, Lalo hace un recuento de lo que ocurrió el 14 de enero de 2004 en la casa de Parsioneros.
“Padilla, Rodríguez y la otra persona, estos tres fueron ‘levantados’ en Juárez supuestamente porque sabían el nombre de un inspector corrupto (estadunidense) que permitía el cruce de los cargamentos de droga de Juárez a El Paso por uno de los puentes.
“Cuando los confrontó (Humberto) Santillán (el número tres en la estructura del cártel), les pidió que le dieran el nombre del agente corrupto y le dijeron que era John Brown. Santillán tomó el teléfono y llamó a su experto en agentes corruptos para corroborar el nombre: el experto era yo, que estaba en ese momento en El Paso. Me pidió que con mis contactos confirmara el nombre. Entonces yo le llamé a (Raúl) Bencomo (agente de ICE) para decirle que tenían a tres tipos en la casa y que habían dado el nombre de Brown. Bencomo me dijo que me llamaría, y a los cinco minutos lo hizo para decirme que no había ningún John Brown, que había un James Brown.
“Pero entiendan: en ese momento, Bencomo sabía que había tres personas en la casa de Parsioneros y que tenía que dar la información porque Santillán la pedía y que además a los tres les iban ‘a dar piso’ (matarlos). Yo se lo dije. Bencomo dijo: ok, que llamara a Santillán para decirle que no había un John Brown sino un James Brown.
“Cuando le hablé a Santillán, este básicamente dijo: Está bien, y colgó.
Más tarde, recibí otra llamada de Santillán diciéndome que los tres ya habían dado otros nombres, que los corroborara: los nombres eran Homer Glenn y René Ramírez.
“Llamé a Bencomo para darle los otros dos nombres y me colgó diciendo que me llamaría después. Como a los cinco minutos, me llamó Rico para decirme: ‘Chingada madre, hijos de perra, esos son dos agentes de la DEA en Ciudad Juárez’.”
Prosigue: “Lo chistoso es que después de que sacaron a los agentes de la DEA de Juárez, nadie nunca se me acercó para felicitarme por lo que había hecho. Por eso creo que los agentes de la DEA en Juárez usaban dos chalecos (sic).
“Otra de las razones por las que creo que los de la DEA trabajaban para el cártel es porque en una ocasión, cuando fue la boda de una hija de Amado Carrillo Fuentes, en la que Amado se suponía que iba a estar presente, la DEA realizó una redada, pero unos minutos antes de que se hiciera la redada Amado recibió una llamada en la que le dijeron: ‘Vienen las tres letras (la DEA)’. Colgó y se fue (Lalo se rehúsa a señalar dónde y cuándo fue la boda de la hija de Amado).
“Yo entregué a ICE grabaciones de conversaciones de Santillán donde él habla de las conexiones del cártel con ‘las tres letras’ y que Vicente Carrillo Fuentes no tenía ninguna preocupación por la DEA. Yo creo que por estas grabaciones en las que ICE escuchó hablar a Santillán de sus conexiones con las tres letras, en ICE decidieron que no iban a compartir la información con la DEA”, concluye Lalo.
A su vez, González dice que él no sabe si agentes de la DEA en El Paso trabajaban para el cártel, pero considera que el caso tiene que ser investigado por el gobierno estadunidense o por el Congreso federal. De hecho, el exagente de la DEA, después de su renuncia, viajó a Washington para denunciar personalmente la situación. Solicitó audiencia con los senadores Chuck Grassley, republicano del estado de Iowa, y con Patrick Leahy, demócrata por Vermont. Lo recibieron los asistentes de ambos legisladores, y entre los asistentes se encontraba Robin Ashton, a la sazón funcionaria del Departamento de Justicia.
Sin embargo, González dice que su denuncia no llegó a ningún lado, “no hubo interés”. Él cree que Ashton fue la responsable de que los legisladores pensaran que el caso no tenía mucha importancia.
–¿Está dispuesto a reunirse nuevamente con miembros del Congreso? –le pregunta el reportero a González.
–Absolutamente, claro, si hay un interés en conocer la verdad de lo que pasó aquí. Yo considero todavía como un deber el hablar con el gobierno, ya sea con el Poder Ejecutivo o el Legislativo para tratar de aclarar esto porque es una cosa sumamente muy seria y en mi opinión el gobierno ha encubierto esto.
–¿Sabe si el caso ha llegado a niveles muy altos, al procurador general Alberto Gonzales?
–Claro, claro que llegó. El procurador sabe. Se le notificó del asunto de Juárez cuando tuvimos que sacar de Juárez al personal de la DEA. Después de que la policía paró al agente que iba con su familia tuvimos que evacuar a la oficina completa. Todo eso se le reportó al procurador general.
–¿Cree que en la Casa Blanca sepan del asunto?
–Personalmente, creo que sí, pero no tengo prueba de eso.
–¿Sirvió Lalo como informante?
–Él sí dio buena información, según lo que yo tengo entendido. De él yo personalmente no tengo ninguna opinión. Simplemente cuando hay un informante, los datos que él provee a las autoridades hay que cotejarlos para determinar si sirven o no. Es un hecho que muchos informantes mienten y por eso es que la información que proporcionan hay que corroborarla lo más posible. ?
De reversa en transparencia
Daniel Lizárraga
Si un historiador quiere enterarse de una evaluación hecha en Los Pinos sobre el desempeño del propio gobierno foxista tendrá que esperar, por lo menos, hasta el año 2009. Ese archivo está clasificado como reservado.
En caso de que algún académico esté interesado en estudiar cómo pulsó Vicente Fox la reacción de la ciudadanía ante situaciones coyunturales, deberá aguardar hasta 2010.
Y si un periodista o cualquier mexicano pretendiese analizar alguna de las 495 “encuestas de opinión” operadas desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no podrá hacerlo sino a partir de 2018.
De esta forma, el gobierno que utilizó la transparencia y la rendición de cuentas como cartas de presentación –dentro y fuera del país– dejará a su sucesor, Felipe Calderón, un legado de 5 millones 147 mil 293 archivos ocultos.
Con la agravante de que, cuando el presidente Fox abandone el poder, el próximo 1 de diciembre, el número de expedientes reservados habrá crecido más de 300% en los últimos dos años, y algunos de ellos podrán mantenerse bajo el cerrojo hasta 2018.
Utilizando su propio criterio para decidir qué es público y qué no, la residencia oficial de Los Pinos ha enviado 209 asuntos al Índice de Expedientes Reservados, entre los cuales destaca el estudio titulado: Percepción y evaluación sobre la gestión presidencial y de gobierno. Expectativas y reacciones ante diversos escenarios y/o situaciones coyunturales nacionales o internas.
Como si se tratara de secretos bancarios o de expedientes judiciales, la Secretaría Particular de la Presidencia determinó que un paquete de nueve archivos relacionados con las actividades oficiales de Vicente Fox permanezca cerrado hasta 2010.
Más aún, aunque el pasado 12 de julio venció el plazo que impedía acceder a una serie de encuestas que midieron la percepción pública del gobierno foxista, el Comité de Información puede intentar la prolongación de la reserva, sólo que para ello tendría que convencer a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Publica (IFAI).
Esto, porque recientemente, por decisión unánime, el IFAI ordenó a la Presidencia de la República entregar a la reportera de El Universal Lilia Saúl el expediente que contiene una serie de spots y la medición de su impacto. Se trata de la propaganda emitida durante el pasado proceso electoral que, a la postre, le valió a Vicente Fox una reprimenda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Consultada por Proceso, la comisionada y expresidenta del IFAI María Marván consideró que alrededor de 25% de los más de 5 millones de expedientes en cuestión merecerían revisarse con detenimiento, ya que, tras una primera lectura, no parecen estar relacionados con la seguridad nacional, el secreto bancario, los expedientes médicos, la diplomacia o los datos personales previstos por la ley.
“De cualquier manera, todos esos expedientes son susceptibles de abrirse. Nada impide a los ciudadanos hacer solicitudes de información sobre ellos, y en el IFAI revisaremos los casos. En lo personal, prefiero que estén reservados que triturados, como aconteció antes de que existiera la Ley de Transparencia”, comentó.
Le pareció comprensible que la Secre-taría de Hacienda, el Banco del Ejército y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se encuentren entre los organismos con más archivos clasificados, pero aclaró que incluso en casos como éstos debe hacerse una cuidadosa revisión, pues se han presentado errores. “Por ejemplo, en alguna ocasión atrapamos a una dependencia declarando la inexistencia de unos documentos, cuando con anterioridad ya los habían registrado como reservados”.
Y precisó: “Tan sólo en la etapa que va de julio a diciembre de 2006 se vence el período de clasificación sobre 453 mil asuntos. Ahora, para mantenerlos en esas condiciones, van a tener que contar con la aprobación del IFAI. Ya no bastará con la sola opinión de los funcionarios”.
Premura
No son pocos los expedientes reservados que escamotean a los ciudadanos la posibilidad de esclarecer cómo se han utilizado los recursos públicos.
Por ejemplo, Proceso comprobó que la empresa de participación estatal Fonatur-BMO reservó por cinco años el contrato para mantenimiento y remodelación de un laboratorio de vacunas, con el argumento de que estaba de por medio “la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”. Pero esos mismos documentos guardan una historia de malversación del presupuesto.
Conforme al resultado de la auditoría 03/06 –de la que este reportero tiene una copia–, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud consignó el desvío de 34 millones 500 mil pesos a consecuencia de una serie de graves irregularidades relacionadas con dicho contrato.
Pero hasta ahora no puede saberse qué pasó.
Y las dudas se multiplican por el hecho de que, en vísperas del cambio de gobierno, un alto número de funcionarios decidieron reservar cientos de archivos, como confirmó Proceso.
Así, en la Central Nucleoeléctrica La-guna Verde clasificaron, de un solo golpe, 2 mil 18 expedientes por el máximo que les permite la ley: 12 años. Contienen planes de emergencia, resultados de mantenimiento, documentos sobre protección radiológica, planos, expedientes de vendedores (sic) y facturas sobre la construcción de una bóveda, entre otros.
Y, a su vez, la Secretaría de Gobernación colocó en el Índice de Expedientes Reser-vados 2 mil 35 archivos, todos relacionados con el funcionamiento de fideicomisos para la protección de desastres naturales.
Igualmente, pese a que según el IFAI debe prevalecer la transparencia cuando haya transferencias de recursos públicos, la Comisión Reguladora de Energía rechaza el acceso, hasta por 12 años, a los contratos que ha tenido con la iniciativa privada.
De este modo, la Dirección de Gas Na-tural clasificó y reservó hasta el año 2017 todos los permisos para la distribución de ese insumo que fueron otorgados, mediante licitaciones públicas, a la compañía Natgas.
Por su parte, la Unidad de Reestructura Eléctrica impidió acceder a los estudios y asesorías pagados con recursos públicos con el argumento de que “aún no se toman las decisiones oficiales correspondientes”.
La situación cobra dimensiones alarmantes cuando se observa que el Índice de Expedientes Reservados no ha dejado de aumentar desde su creación, en 2004.
Las 240 dependencias sujetas a la normatividad y criterios del IFAI clasificaron ese año 1.5 millones de asuntos. En 2005 reportaron 3.5 millones. Ahora, cuando ya trabaja el equipo de transición calderonista, suman 5 millones 147 mil 293.
A la reserva
Singularizado justamente por haber impulsado la transparencia y apoyado la creación del IFAI, Vicente Fox no sólo desoye ahora las órdenes de los comisionados, sino que desliza una reforma para clasificar como de “uso restringido” la información sobre el patrimonio de cualquier persona, incluidos los funcionarios.
Más todavía, desde Los Pinos se maniobró para imponer al nuevo presidente del IFAI, como lo reveló a Proceso el comisionado Horacio Aguilar, quien dijo haber recibido llamadas telefónicas desde la Presidencia de la República –y también del equipo de transición– para pedirle votar por Alonso Lujambio como máximo responsable del organismo.
Fue en 2002 cuando Fox mandó a la Cámara de Diputados una de las tres iniciativas que existieron para crear la Ley de Transparencia. De acuerdo con el ensayo Leyes de Acceso a la Información en el Mundo, de John M. Ackerman e Irma E. Sandoval, uno de los propósitos era “mejorar su presencia” ante el socio y vecino Estados Unidos, pero, además, estaba presionado por los trabajos del Grupo Oaxaca, conformado por académicos, universidades y especialistas en la materia dedicados desde tiempo atrás en confeccionar gran parte de la ley ahora vigente.
E incluso el gobierno foxista impulsó un mecanismo para la rendición de cuentas llamado Compranet, por medio del cual pueden en teoría consultarse en internet todas las compras y adquisiciones de las secretarías de Estado.
Aunque el gobierno de Fox fue elogiado en Centroamérica por ese programa, se produjo el escándalo denominado Toallagate cuando Milenio Diario destacó que en Los Pinos se compraron toallas con un precio de 4 mil 25 pesos y juegos de sábanas por 38 mil pesos destinadas a la cabaña de la familia Fox.
Sólo habían pasado siete meses del gobierno foxista y a partir de entonces los movimientos económicos en Los Pinos atrajeron las miradas de los reporteros, al punto de que, de acuerdo con el IFAI, la Presidencia de la República se ha mantenido dentro de las 20 dependencias sobre las cuales se requiere más información. Hasta finales del año pasado había sido objeto de 2 mil 177 solicitudes, sin contabilizar lo que se acumule en 2006.
Ante las críticas por el uso de recursos públicos que hacían Fox y su esposa Marta Sahagún, la Unidad de Enlace de la Presidencia –encargada de atender las solicitudes– poco a poco fue acotando los márgenes para acceder a los archivos con datos sensibles de La pareja, como bautizó el periodista Julio Scherer, en su más reciente libro, a los habitantes de Los Pinos.
Uno de esos archivos protegidos fue el relativo a la solicitud de información que hizo este reportero en torno de los gastos, con cargo al erario, que había realizado Sahagún en su guardarropa.
Aunque la Presidencia se opuso rotundamente a difundir ese tipo de información, cinco comisionados del IFAI le ordenaron entregar las facturas y, entre otras cosas, quedó al descubierto que había gastado más de 300 mil pesos en prendas de vestir durante un año. En un solo día de compras por Polanco, la primera dama derrochó 84 mil pesos en bolsas y accesorios.
Igualmente, el mismo día en que encabezó una reunión internacional de esposas de jefes de Estado, Marta Sahagún recorrió una tienda de la firma española Loewe para adquirir un total de 16 prendas.
La difusión de datos como esos levantó una ola de reacciones adversas y, al año siguiente, en 2004, al pedirse una nueva relación de gastos de Marta Sahagún en guardarropa, la respuesta fue que, en este concepto, no se volvió a tocar el presupuesto.
Mas la resistencia a informar sobre el destino de los recursos públicos incluye todo tipo de procedimientos, al grado de que, entre junio de 2003 y diciembre de 2005 diversas instancias oficiales presentaron 101 solicitudes de amparo contra los dictámenes del IFAI, incluyendo a Pemex, el IPAB y la CNBV.
Diez de esos amparos fueron promovidos por la Secretaría de Energía, Luz y Fuerza del Centro, el Sistema de Administración Tributaria y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Cuando los juzgados fallaron en contra de algunos de esos organismos, surgió otra modalidad: 11 funcionarios del IPAB, de la CNBV y de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda fueron alentados por sus jefes para presentar amparos en lo individual alegando que si cumplían las órdenes del IFAI irían a la cárcel por violar el secreto bancario. Todos perdieron los litigios.
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