NOTA ORIGINAL MILENIO DIARIO
Nuestro régimen político tiene un aire democrático, derivado de la alternancia que tuvo lugar hace seis años. No obstante, en su interior prevalecen las prácticas autoritarias, tanto a nivel nacional como en el local. El verdadero cambio político que ha tenido lugar en estos años es el de un presidencialismo acotado y la presencia de un Presidente débil que no ha estado a la altura de la investidura que el voto ciudadano le otorgó. Esta mezcla permitió a los poderes locales despojarse de los amarres que el viejo presidencialismo les imponía. El poder de los gobernadores se agrandó y, en consecuencia, su autonomía del poder central. De esta manera, los “dueños” de los poderes locales empezaron a responder más a sus intereses personales y lejos quedó aquella función primordial que cumplían para que la Federación se mantuviera cohesionada. Esto pasó en Oaxaca. Una camarilla se “adueñó” de la entidad desde hace ocho años, impuso sus reglas y desdeñó el pacto federal, que si algo exige como mínimo es mantenerlo protegido de la ruptura. Dentro del cascarón democrático han florecido las prácticas autoritarias.
El mantenimiento del orden fue una prioridad del “antiguo régimen”. El gobernador que no atendía esta exigencia estaba condenado a la destitución. Ejemplos sobran en la historia política de este país. Los jefes del Poder Ejecutivo estatal podían pecar de cualquier cosa menos de deslealtad al poder central ni permitir que el desorden invadiera sus confines territoriales. En la actualidad, el caso oaxaqueño ha demostrado que ante la falta de una autoridad suprema que era el presidencialismo omnímodo, una camarilla puede hacer y deshacer a un grado que pone en riesgo la estabilidad política de la entidad y la del país, y actuar con un primitivismo político descarnado.
En el autoritarismo no son manejables los conflictos. Son reprimibles. En el autoritarismo no se negocia, se ordena. Eso hizo el gobernador oaxaqueño, sin importarle que en el entorno nacional se dieran algunos cambios, que conceden a los grupos sociales el derecho de expresión y de movilización, entre otras cosas. La exigencia de una mejora salarial, como lo hicieron en un principio los maestros de Oaxaca, tuvo como respuesta una acción represora del gobierno de la entidad. Ante ello, un sinfín de organizaciones se solidarizó con la demanda magisterial. Esto explica por qué la solicitud de “rezonificar” a los profesores oaxaqueños se convirtió en un movimiento social, que ha tenido una larga duración, que se ha vuelto un problema de seguridad nacional y que atenta, en muchos sentidos, contra la estabilidad política del sistema en su conjunto, sin mencionar el daño que se le infringió al estudiantado.
La actuación del todavía gobernador de Oaxaca a la política mexicana puede tener costos imprevistos. Su indeseable despotismo puede detonar el conflicto en otras entidades del país lo que, de suceder, haría más difícil el tránsito que este país intenta hacia niveles superiores de desarrollo político. Su negligencia hizo que una buena parte de la sociedad oaxaqueña se volviera en su contra, lo que implica que la función para la que fue electo, la de gobernar, quedó en entredicho. Más aún, que se volviera imposible ejercer el acto de gobierno pues la rebelión que él mismo gestó en su contra se lo impide. Tendrá que irse. El costo de su ineptitud. Además, sería deseable que no se fuera así nada más sino que enfrentara a la justicia, pues en su desempeño hay presuntos delitos que perseguir y situaciones, al menos las que tienen que ver con los recursos públicos, que aclarar.
Una de las instituciones que le dan un perfil democrático al régimen actual es el IFAI. En teoría, su función luce adecuada aunque en la práctica no se desenvuelva como debería. En Oaxaca, por ejemplo, no ha habido la transparencia ni el acceso a la información para hacer un balance de la gestión de los últimos dos gobiernos de esa entidad. El gobernador del Estado de México devolvió al Congreso local la reforma a la Ley de Transparencia. Algo quiere ocultar. La Presidencia de la República se ha negado a proporcionar la información solicitada por MILENIO Diario para conocer el rating del programa radiofónico de Fox cuyo costo es muy elevado. Nuestro gran problema es que nuestra democracia incipiente ha nutrido la vigorosa entraña autoritaria del sistema, en particular a nivel local. Ojalá esta tendencia se revierta, empezando por Oaxaca.
jreyna@colmex.mx
Nuestro régimen político tiene un aire democrático, derivado de la alternancia que tuvo lugar hace seis años. No obstante, en su interior prevalecen las prácticas autoritarias, tanto a nivel nacional como en el local. El verdadero cambio político que ha tenido lugar en estos años es el de un presidencialismo acotado y la presencia de un Presidente débil que no ha estado a la altura de la investidura que el voto ciudadano le otorgó. Esta mezcla permitió a los poderes locales despojarse de los amarres que el viejo presidencialismo les imponía. El poder de los gobernadores se agrandó y, en consecuencia, su autonomía del poder central. De esta manera, los “dueños” de los poderes locales empezaron a responder más a sus intereses personales y lejos quedó aquella función primordial que cumplían para que la Federación se mantuviera cohesionada. Esto pasó en Oaxaca. Una camarilla se “adueñó” de la entidad desde hace ocho años, impuso sus reglas y desdeñó el pacto federal, que si algo exige como mínimo es mantenerlo protegido de la ruptura. Dentro del cascarón democrático han florecido las prácticas autoritarias.
El mantenimiento del orden fue una prioridad del “antiguo régimen”. El gobernador que no atendía esta exigencia estaba condenado a la destitución. Ejemplos sobran en la historia política de este país. Los jefes del Poder Ejecutivo estatal podían pecar de cualquier cosa menos de deslealtad al poder central ni permitir que el desorden invadiera sus confines territoriales. En la actualidad, el caso oaxaqueño ha demostrado que ante la falta de una autoridad suprema que era el presidencialismo omnímodo, una camarilla puede hacer y deshacer a un grado que pone en riesgo la estabilidad política de la entidad y la del país, y actuar con un primitivismo político descarnado.
En el autoritarismo no son manejables los conflictos. Son reprimibles. En el autoritarismo no se negocia, se ordena. Eso hizo el gobernador oaxaqueño, sin importarle que en el entorno nacional se dieran algunos cambios, que conceden a los grupos sociales el derecho de expresión y de movilización, entre otras cosas. La exigencia de una mejora salarial, como lo hicieron en un principio los maestros de Oaxaca, tuvo como respuesta una acción represora del gobierno de la entidad. Ante ello, un sinfín de organizaciones se solidarizó con la demanda magisterial. Esto explica por qué la solicitud de “rezonificar” a los profesores oaxaqueños se convirtió en un movimiento social, que ha tenido una larga duración, que se ha vuelto un problema de seguridad nacional y que atenta, en muchos sentidos, contra la estabilidad política del sistema en su conjunto, sin mencionar el daño que se le infringió al estudiantado.
La actuación del todavía gobernador de Oaxaca a la política mexicana puede tener costos imprevistos. Su indeseable despotismo puede detonar el conflicto en otras entidades del país lo que, de suceder, haría más difícil el tránsito que este país intenta hacia niveles superiores de desarrollo político. Su negligencia hizo que una buena parte de la sociedad oaxaqueña se volviera en su contra, lo que implica que la función para la que fue electo, la de gobernar, quedó en entredicho. Más aún, que se volviera imposible ejercer el acto de gobierno pues la rebelión que él mismo gestó en su contra se lo impide. Tendrá que irse. El costo de su ineptitud. Además, sería deseable que no se fuera así nada más sino que enfrentara a la justicia, pues en su desempeño hay presuntos delitos que perseguir y situaciones, al menos las que tienen que ver con los recursos públicos, que aclarar.
Una de las instituciones que le dan un perfil democrático al régimen actual es el IFAI. En teoría, su función luce adecuada aunque en la práctica no se desenvuelva como debería. En Oaxaca, por ejemplo, no ha habido la transparencia ni el acceso a la información para hacer un balance de la gestión de los últimos dos gobiernos de esa entidad. El gobernador del Estado de México devolvió al Congreso local la reforma a la Ley de Transparencia. Algo quiere ocultar. La Presidencia de la República se ha negado a proporcionar la información solicitada por MILENIO Diario para conocer el rating del programa radiofónico de Fox cuyo costo es muy elevado. Nuestro gran problema es que nuestra democracia incipiente ha nutrido la vigorosa entraña autoritaria del sistema, en particular a nivel local. Ojalá esta tendencia se revierta, empezando por Oaxaca.
jreyna@colmex.mx
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