El debate sobre la pertinencia de modificar o no la Ley de Transparencia en Jalisco tiene el rostro de una discusión jurídica, pero lo que está de fondo es una justa de carácter político, en otras palabras, una prueba de poder.
La sanción penal a los servidores públicos que incumplan con la entrega de información, en concreto una demanda penal en su contra por abuso de autoridad, es un golpe a cualquier trayectoria de quienes se dedican profesionalmente al sector público y el caso emblemático lo constituye el proceso en curso que se le sigue al gobernador Ramírez Acuña.
Pero ésto no quiere decir que la incomodidad que pudiese provocar al mandatario jalisciense, haya sido la causa para que los diputados decidan someter a revisión la Ley de acceso a la información pública.
El Poder Legislativo también ha advertido el “riesgo” que significa la transparencia, el más grave quizá el relacionado con la exhibición del estado que guardan las cuentas públicas, especialmente cuando se trata de las correspondientes a los gobiernos municipales.
Es una práctica común que las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, negocien entre ellos las cuentas públicas de los ayuntamientos de sus respectivos alcaldes, para evitar escándalos que afecten la imagen de sus partidos.
Con las modificaciones a la ley se trata de evitar que una entidad que no controlan, en este caso el ITEI, tenga una posición de poder que les implica desventajas que desde luego no están dispuestos a permitir tan cándidamente.
Obviamente es improbable que así se reconozca por parte de los diputados o del Poder Ejecutivo, pero algunos lo admiten en conversaciones privadas sin dejar lugar a dudas: la lucha por reformar la Ley de Transparencia es la lucha por mantener el control de espacios de negociación y de cuidar trayectorias políticas.
Toda la discusión jurídica es el pretexto, un buen pretexto, para acomodar las cosas de una manera que no se pierdan ventajas para los partidos representados en el Congreso por una parte, y por otra para evitar que se produzcan abolladuras en las carreras de los políticos profesionales. Las demás “preocupaciones” de los diputados por “servir a los jaliscienses” la verdad no se las cree nadie, ni ellos.
Del otro lado un grupo de organizaciones ciudadanas se ha agrupado en torno al ITEI para evitar la modificación a la ley vigente, la defensa se ha mantenido relativamente sólida aunque ha sufrido algunos descalabros como el protagonizado la semana pasada por la Coparmex, que comenzó el lunes favoreciendo con su posición a los diputados pero terminó el viernes rectificando y apoyando nuevamente al instituto.
La sanción penal a los servidores públicos que incumplan con la entrega de información, en concreto una demanda penal en su contra por abuso de autoridad, es un golpe a cualquier trayectoria de quienes se dedican profesionalmente al sector público y el caso emblemático lo constituye el proceso en curso que se le sigue al gobernador Ramírez Acuña.
Pero ésto no quiere decir que la incomodidad que pudiese provocar al mandatario jalisciense, haya sido la causa para que los diputados decidan someter a revisión la Ley de acceso a la información pública.
El Poder Legislativo también ha advertido el “riesgo” que significa la transparencia, el más grave quizá el relacionado con la exhibición del estado que guardan las cuentas públicas, especialmente cuando se trata de las correspondientes a los gobiernos municipales.
Es una práctica común que las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, negocien entre ellos las cuentas públicas de los ayuntamientos de sus respectivos alcaldes, para evitar escándalos que afecten la imagen de sus partidos.
Con las modificaciones a la ley se trata de evitar que una entidad que no controlan, en este caso el ITEI, tenga una posición de poder que les implica desventajas que desde luego no están dispuestos a permitir tan cándidamente.
Obviamente es improbable que así se reconozca por parte de los diputados o del Poder Ejecutivo, pero algunos lo admiten en conversaciones privadas sin dejar lugar a dudas: la lucha por reformar la Ley de Transparencia es la lucha por mantener el control de espacios de negociación y de cuidar trayectorias políticas.
Toda la discusión jurídica es el pretexto, un buen pretexto, para acomodar las cosas de una manera que no se pierdan ventajas para los partidos representados en el Congreso por una parte, y por otra para evitar que se produzcan abolladuras en las carreras de los políticos profesionales. Las demás “preocupaciones” de los diputados por “servir a los jaliscienses” la verdad no se las cree nadie, ni ellos.
Del otro lado un grupo de organizaciones ciudadanas se ha agrupado en torno al ITEI para evitar la modificación a la ley vigente, la defensa se ha mantenido relativamente sólida aunque ha sufrido algunos descalabros como el protagonizado la semana pasada por la Coparmex, que comenzó el lunes favoreciendo con su posición a los diputados pero terminó el viernes rectificando y apoyando nuevamente al instituto.
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