El hermano rapaz
Jesusa Cervantes
El sexenio del presidente Vicente Fox termina como empezó: con escándalos por presuntos malos manejos financieros y de negocios de su hermano menor.
Mientras que en el año 2000 el First National Bank demandó a Juan Pablo Fox Quesada por no pagar un préstamo de 100 mil dólares que obtuvo ostentándose –sin serlo– como director de una empresa, ahora pesan sobre él acusaciones de haber incurrido, con la ayuda presidencial, en abuso de poder, tráfico de influencias, amenazas, secuestro y torturas.
Así lo afirma, en un libro de próxima aparición y en entrevista con Proceso, el investigador e industrial Édgar Arroyo, quien fue invitado a conocer al presidente Fox luego de hacer un descubrimiento que le dio celebridad internacional.
Después de nueve años de investigación sobre una enfermedad incurable, melliue mitocondria, que padecía su hijo Andy y que, entre otras cosas, consistía en que sus células no podían reproducirse, Arroyo encontró una cura, confirmada ahora por el hecho de que, a sus 11 años de edad, Andy está “clínicamente sano”, pese a que los médicos que empezaron a tratarlo no le daban arriba de ocho años de vida con esa enfermedad crónico degenerativa.
Su hallazgo consistió en la elaboración de un nutriente ultrasintetizado que, afirma, reestructura las células del cuerpo humano. Luego de que Andy había perdido hasta la vista, al consumir la proteína no sólo la recuperó, sino que recobró también la memoria, mejoró su piel, pudo sostenerse en pie y empezó a generar músculos. Andy, afirma su progenitor, comenzó su cura al igual que lo han hecho otros 800 enfermos que se han sometido al consumo del nutriente bajo un estricto protocolo.
El descubrimiento del investigador mexicano despertó gran interés en empresas farmacéuticas extranjeras –una de las cuales, refiere, pagó 10 millones de dólares sólo por ver uno de los 24 capítulos de la investigación–, pero también en Juan Pablo Fox Quesada, quien, según el denunciante, se confabuló con el poderoso grupo empresarial de Alfonso Romo, recurrió al contubernio de representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, ejerció presiones, incurrió en la tortura y llevó hasta la cárcel a Édgar Arroyo para intentar quedarse con la patente del producto, las plantas generadoras del mismo, sus cinco empresas y un predio en Puerto Vallarta que, ubicado en la zona turística, está valuado en 84 millones de pesos.
Pero lo que es peor, de acuerdo con Arroyo, es que las acciones de Juan Pablo en su contra fueron cometidas con pleno conocimiento del presidente Vicente Fox, quien asumió la Presidencia cuando Andy tenía cinco años de edad y casi tres de haber sido diagnosticado.
“El presidente de México –asevera– estaba siendo cómplice… estaban enterados de lo que quería hacer Juan Pablo Fox, y lo solaparon.”
El encuentro con los Fox
Con documentos oficiales y grabaciones notariadas donde, aparte de Juan Pablo Fox, aparecen representantes del presidente de la República y empleados de Alfonso Romo, el investigador expone en entrevista cada una de sus “especulaciones” –como él las llama– sobre los hechos por los cuales hoy se halla viviendo a “salto de mata” y alejado de su esposa y sus tres hijos, quienes huyeron del país por seguridad, ya que, subraya, también ellos fueron hostigados directamente por Juan Pablo Fox.
En la entrevista con la reportera, Édgar Arroyo, ingeniero con especialidad en investigaciones de química industrial y bioquímica, refiere que al inicio de la administración de Fox –por quien votó sólo para vivir el “lado cruel” del “gobierno del cambio”– contaba con todo un complejo de plantas y laboratorios pertenecientes al consorcio Grupo Industrial Aguascalientes (GIA): GiaCompany, Gialive, GiaCanada, La Perla y General Alliance. Para el año 2002, los avances sobre la cura de su hijo Andy eran notables y su empresa gozaba de un gran prestigio en el extranjero, lo que llegó a oídos de la familia Fox.
Por esa misma época, él y su equipo de trabajo, luego de comprobar mediante protocolos médicos los beneficios del nutriente, el cual fue bautizado como protengia, decidieron ponerlo al alcance de todos bajo el nombre de Proyecto Andy, dentro de una empresa fabricante de galletas, leche malteada, golosinas, bebidas hidratantes y suplementos alimenticios.
Pero había un problema: contaban con pocos recursos.
Una persona que en varios momentos lo había ayudado y que era un cercano amigo de Vicente Fox, a mediados de 2002 lo presentó con el presidente de la República, quien lo invitó a platicar en el rancho de San Cristóbal. Ahí, junto con su hermano Juan Pablo, Vicente Fox lo escuchó y se interesó en el proyecto.
En los días siguientes, aparecieron en las oficinas de Arroyo varios abogados, entre ellos el notario de Guanajuato Marcelo Gay Guerra, “quien se ostentó como amigo de Vicente Fox. El objetivo de la visita era –según comentaron– invitar a Juan Pablo Fox Quesada, aparentemente por instrucciones de su hermano Vicente, a que formara parte del proyecto”, recuerda Arroyo en su libro de próxima aparición En el nombre de mi hijo, bajo el sello de Grijalbo y Random House Mondadori.
Ya en la entrevista –realizada en la Ciudad de México–, Arroyo relata cómo durante las visitas de aquellos personajes a su casa o a su fábrica le insistían en que, dentro de su proyecto, debía participar “un miembro de la familia presidencial”.
Hasta que “llegó el momento en que no pude seguir dando más largas al asunto, por lo que le ofrecí una participación en la empresa Standard & Co. que mi esposa y yo habíamos creado en 2001 y que estaba sin trabajar. Fue como darle (a Juan Pablo) un dulcecito ante tanta insistencia”, acepta.
Para echar a andar el Proyecto Andy habían calculado que se requerían cuando menos 4 millones de dólares, por lo que Juan Pablo Fox insistió en que se solicitara un crédito a Nacional Financiera. “Acepté, pero para ofrecer respaldo crediticio tuve que incluir en esta empresa una propiedad que tenía en Puerto Vallarta, un predio de 500 hectáreas valuado en 85 millones de pesos”, recuerda.
A lo largo de varios meses, Nafin nunca les entregó el préstamo y, en cambio, todo se empezó a complicar, pues a principios de 2003 Juan Pablo empezó a exigirle 50% de las acciones de la empresa.
“Yo le dije: Oye, no seas ingrato. Yo voy a poner la planta, la infraestructura, el trabajo de presentación del plan de negocios y toda nuestra investigación. Ante esto, Juan Pablo cedió y dijo: está bien, que sea 25%.”
–¿Se sintió presionado por la familia presidencial?
–Sí, pero debo ser honesto: nunca me imaginé todo lo que vendría después…
A mediados de ese 2003 Juan Pablo estableció por otra parte una sociedad para instalar invernaderos y producir lechugas, lo que lo mantenía ocupado, pero al poco tiempo “me habló por teléfono y me ofreció otra forma de financiamiento: vender el terreno de Puerto Vallarta, ya que era un activo de Standard & Co., que no generaba dinero, pero además me dijo que tenía un posible comprador. La idea no me pareció mala, y acepté”.
El posible comprador era el notario de San Luis Agustín Castillo Toro, quien ofrecía 84 millones de pesos. “Para cerrar el negocio, mi esposa y yo fuimos a San Luis, pero Juan Pablo nunca llegó. El notario no ofertó nada, y en cambio me ofreció un acta extraordinaria de asamblea firmada por Juan Pablo Fox y fechada el 29 de marzo de 2004, donde se otorgaba poder a un tal Juan Pablo Rodríguez Quintanal para que vendiera o solicitara créditos a nombre de mi empresa. Ese documento lo cancelé el 24 de junio de ese mismo año en Vallarta”.
Días más tarde, sin embargo, Juan Pablo se volvió a comunicar para sugerirle solicitar un crédito a Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. “‘Es un crédito rápido y barato. Nos ayuda a ti y a mí en los proyectos que tenemos, y así a todos nos va bien y nos la llevamos tranquila’, me dijo, y luego me aseguró que sería con bajos intereses, pero que teníamos que dar el predio de Vallarta en garantía. ‘El negocio de las lechugas todavía no comienza y necesito dinero’, me expresó. Lo discutí con mi esposa y decidimos que, para avanzar más en el Proyecto Andy, debíamos considerar esta alternativa”.
Juan Pablo Fox y Édgar Arroyo firmaron ese crédito por 14.5 millones, y aunque las condiciones del préstamo no fueron las prometidas, Arroyo dice haberlas aceptado porque ya había adquirido algunos compromisos de pago de maquinaria que debía. Y añade un dato curioso: que en lugar de firmar Alfonso Romo el crédito por parte de la Casa de Bolsa, lo hizo su director de asesoría patrimonial, Héctor Lozano Sepúlveda.
Así, el 6 de septiembre de 2004 salió de allí con un préstamo por 14.5 millones, aunque sólo le entregaron 12.8 millones, y bajo el compromiso de pagar mensualmente 520 mil pesos. Para hacer estos pagos, apunta, nunca contribuyó Juan Pablo Fox a pesar de que era obligado solidario.
El notario que dio fe de la firma, Francisco Garza Calderón, prosigue, cobró 200 mil pesos por registrar en Vallarta la garantía hipotecaria, pero nunca realizó el trámite.
Pese a todo, Arroyo aún se resistía a pensar que “todo era una trampa”.
El calvario
Meses más tarde, en febrero de 2005, le ofrecieron comprarle el terreno de Vallarta por 6.7 millones de dólares. Era su oportunidad para liquidar el crédito de Vector, por lo que aceptó de inmediato.
Pero en seguida se dio cuenta de que ya no estaba a su nombre, sino que había sido vendido, el 4 de septiembre de 2004, por Juan Pablo Rodríguez Quintanal –a quien en junio de ese mismo año se le había revocado el poder para hacer tales operaciones–, a una empresa llamada Judama, propiedad de la hermana de aquél, Rebeca Rodríguez Quintanal.
Descubrió que la venta se había hecho por 1 millón 100 mil pesos; que el notario que dio fe de la operación fue el mismo de San Luis que, en marzo de 2004, firmó un acta de asamblea extraordinaria donde se daba poder a Rodríguez Quintanal para realizar ventas y firmar créditos.
Su equipo de abogados se encontró luego con otra sorpresa: que Judama había revendido el predio en 1 millón 200 mil pesos a otra empresa, llamada GVMMM, Capital, S.A., que se había constituido apenas dos días antes de la supuesta compra. Y para colmo: quien dio fe de esta reventa fue el mismo notario de San Luis Potosí.
Pronto supieron que otro notario de San Luis Potosí, Jacinto Lárraga Martínez, con firmas de Édgar Arroyo que según éste fueron falsificadas –como lo demostraron dos pruebas grafoscópicas–, había regresado a Juan Pablo Rodríguez Quintanal el poder para vender el predio de Vallarta propiedad de la empresa Standard & Co. Así mismo, asevera Arroyo, a pesar de que los documentos eran falsos, el registrador de Vallarta, Jaime Pérez Navarrete, inscribió indebidamente los cambios de propietario.
Angustiado y sorprendido, Arroyo informó de todo lo anterior a Juan Pablo Fox y a Héctor Lozano, de Vector. El hermano del presidente le aseguró que harían todo lo posible por arreglar esas irregularidades, en tanto que Lozano le dijo que no se preocupara, que lo esperarían con los pagos comprometidos, pues confiaban en él.
La mano del presidente
Posteriormente, de acuerdo con llamadas telefónicas que Arroyo dice haber grabado, Juan Pablo Fox le ofreció dar instrucciones para que recuperara su predio, pero a cambio de su patente y sus empresas.
Recuerda que ya a punto de vender su predio de Vallarta, se lo informó “a Héctor Lozano para avisarle que pronto le pagaría el crédito”, y, entonces, “raramente resultó que el dueño del terreno era otra persona. Pero, además, Juan Pablo Fox me dijo: cédeme parte de tu empresa, te mando al notario y entonces te regreso tu predio”.
Además, cuando comunicó al hermano del presidente la demanda que emprendió contra los notarios, éste le respondió: “¿Por qué lo haces? Me estás metiendo en problemas. Si te digo que te puedo regresar el predio, es porque lo puedo hacer”.
Días más tarde, indica Arroyo, el asesor del presidente Vicente Fox, Marcelo Gay, le habló para ayudarlo. “Incluso se llevó las demandas que yo interpuse por el tema de mi predio”, dice, y luego “me pidió escriturar mis activos a nombre de Juan Pablo Fox, quien a su vez daría instrucciones para que pudiera recuperar el terreno de Vallarta.
“Mi especulación en ese momento fue: ¡Juan Pablo Fox tenía secuestrado mi predio, y con el apoyo de su hermano, el presidente Vicente Fox, me estaba extorsionando! Por lo menos eso me dio a entender Marcelo Gay cuando me contó que el presidente de la República, al enterarse de lo que ocurría, le dijo a su hermano Juan Pablo Fox que se comunicara con José Reyes, ‘que es su asesor’, para que solucionara el tema.”
La pesadilla
El 8 de marzo de 2006, Édgar Arroyo salió de su casa rumbo a la Ciudad de México; tomó la carretera y, al cabo de un rato, vio que lo seguían. Cuando paró el auto para saber de qué se trataba, fue golpeado y trasladado a otro vehículo.
Sin decirle por qué, sus secuestradores –que a la postre se enteró eran policías ministeriales de Aguascalientes– lo golpeaban e insultaban, le mostraban fotografías de sus hijos y lo amenazaban con matarlo.
Ya cerca de las cinco de la tarde, uno de sus captores, quien le había insistido en que firmara un documento, le gritó: “¡Ya ves, pa’qué te andas metiendo con los Fox!”.
Hasta entonces entendió lo que pasaba.
Sus captores lo llevaron a una cárcel en Monterrey, y entonces se enteró de que había sido demandado por Héctor Lozano –lo acusó de haber ofrecido en garantía un predio que supuestamente ya había vendido– y por Juan Pablo Fox, “por haberlo engañado”.
Aún más, los abogados de ambos demandantes eran los mismos y lo presionaban para que firmara un contrato donde cedía los derechos de su patente, sus propiedades y negocios a Héctor Lozano, el empleado de Alfonso Romo.
–¿Juan Pablo Fox está detrás de todo esto? –se le pide confirmar.
–La información que hay demuestra muchas cosas. Yo puedo especular y al final puedo considerar que eso fue.
“Creo que Alfonso Romo, Héctor Lozano u otros que pudieran estar detrás de todo esto tienen mucho poder, pero no tienen tanto como el que les da la alianza con Juan Pablo Fox.”
Édgar Arroyo permaneció 27 días en la cárcel. Salió tras pagar una fianza de casi 40 millones de pesos. Pero mientras estuvo tras las rejas, escribió ese libro “para que mis hijos, por si moría allá adentro, supieran que su padre no fue un narcotraficante o un delincuente”.
Pero también, enfatiza, para que ellos “crezcan sin rencor y, si algún día deciden regresar a México, no pretendan buscar a los Fox para matarlos”. l
Los Bribiesca: a borrar huellas
Verónica Espinosa
Su método: amenazar con el desalojo y con la posibilidad de generar otros conflictos por la complicada situación jurídica y social que ambos desarrollos arrastran desde su origen. Para ello, los socios utilizan como pantalla a la empresa Plaza Industrial, que hace más de 10 años construyó y pretendió comercializar dichos fraccionamientos antes de irse a la quiebra.
A decir de Bernardo Sánchez Ayala, uno de los abogados que han intervenido en los juicios que se han interpuesto por la posesión y propiedad de las viviendas en Las Biznagas, el gobierno estatal “es parte de todo este negocio, porque está al tanto de la investigación en la Procuraduría General de la República, de la situación de los fraccionamientos y de que es la empresa de Manuel Bribiesca la que está detrás de la compra. Y aún así se apresuró a dar el permiso para vender”.
Añade: “Desde que el fraccionamiento quedó en el limbo cuando Plaza Industrial quebró y Bancrecer y Banorte entraron; desde que los trabajadores de la constructora comenzaron a ocupar las viviendas y a promover juicios laborales para quedarse con ellas en pago por lo que les debían, se inició un largo proceso en el que hubo chicanadas, entrampamientos; entraron terceros en los juicios, las autoridades permitieron de todo con tal de que el proceso se prolongara indefinidamente.
“A fin de cuentas, fueron otros los que salieron ganando, y los derechos de los trabajadores, que tenían que ser prioridad como marca la ley en estos juicios, quedaron en el piso. Todo fue hecho para aplazar los remates, para evitar que los trabajadores tuvieran mano para obtener las viviendas, y ahora los Bribiesca están detrás del negocio.”
El fraccionamiento Las Biznagas consta de 305 viviendas, casi todas ocupadas por familias pobres. Construido hace ya 10 años, originalmente iba a beneficiar a trabajadores federales, pero no cumplió los requisitos y fue rechazado por el gobierno. Ello, sumado a la crisis económica de mediados de los noventa, provocó la quiebra de la empresa constructora y comercializadora del fraccionamiento, Plaza Industrial.
Ésta era también la propietaria del predio El Zapote o El Milagro, en Irapuato, que junto con Las Biznagas y el fraccionamiento Solidaridad, de Acapulco, fueron comprados al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por las empresas de las que es socio Manuel Bribiesca Sahagún, como Grupo Kilate y Construcciones Prácticas, ambas con sede en Celaya.
Proceso informó a principios de junio cómo una comisión especial de la Cámara de Diputados corroboró que el IPAB dejó de percibir más de 134 millones de pesos por este paquete inmobiliario, puesto que éste ostentaba un valor comercial de 142 millones y medio de pesos, pero en la subasta de febrero de 2004 Bribiesca y sus socios pagaron sólo 8 millones 100 mil pesos.
La denuncia de los exdiputados integrantes de aquella comisión especial, Jesús González Schmal, Martha Lucía Micher y Sofía Castro, está vigente en la PGR.
La premura
Como ya informó este semanario (edición 1544), varias empresas vinculadas a panistas o a personas cercanas al presidente Vicente Fox – como Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún– obtuvieron información privilegiada del IPAB para hacer negocios multimillonarios con paquetes crediticios de inmuebles que fueron subvaluados por el instituto.
De acuerdo con la información obtenida por la comisión especial que presidía Jesús González Schmal, entre los paquetes asignados a Construcciones Prácticas en subastas correspondientes a 2004 figuran El Zapote, en Irapuato, y Las Biznagas en la ciudad de Guanajuato. Para el gobierno estatal, tan sólo este último valía 77 millones de pesos.
Sorpresivamente, justo en ese año supuestos representantes de Plaza Industrial comenzaron a exhibir poderes y documentos de 1995 y 1996 ante las autoridades del estado y del municipio. Se decían enviados de Adrián Campuzano (accionista y apoderado de la empresa cuando se construyó el fraccionamiento) y preguntaban por los adeudos, gravámenes y la situación legal de Las Biznagas.
Funcionarios estatales y municipales informaron a Proceso que incluso el representante de los trabajadores que demandaron a Plaza Industrial, Narciso Sánchez Rangel, de repente comenzó a tramitar el permiso de venta de esas viviendas, ahora en representación de la empresa contra la que años atrás se enfrentó en tribunales.
Sánchez Rangel hizo correr la versión de que una nueva empresa llamada Kilate se había acercado a Plaza Industrial para hacerse cargo de todos los adeudos, gravámenes y demás cargos, a fin de quedarse con el fraccionamiento.
De hecho, Las Biznagas aún está registrado en el Catastro Municipal a nombre de Plaza Industrial, pese a que tras la subasta del IPAB debería aparecer a nombre de la empresa que supuestamente lo adquirió. Eso sí, se puso al corriente en los impuestos municipales.
Toda esta información se incluye en la denuncia que los diputados de la comisión especial interpusieron ante la PGR por tráfico de influencias y otras irregularidades, posiblemente cometidas también por funcionarios del IPAB.
Sin embargo, el 12 de junio –ocho días después de que se divulgaron estos nuevos datos sobre los beneficios que habrían recibido los hijos de Marta Sahagún y sus socios– el gobernador Juan Carlos Romero Hicks firmó el edicto que autoriza la venta de Las Biznagas.
El Periódico Oficial del estado del 7 de julio publicó la resolución del expediente (15)-229-F/95, sobre la solicitud del permiso de venta del fraccionamiento adquirido por Plaza Industrial en octubre de 1994, ante el notario local Juan Arturo Villaseñor Buchanan. Por cierto, los representantes de Plaza Industrial remiten a los colonos al mismo notario para que formalicen las compraventas.
En junio de 1995, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado autorizó la traza y clasificó el fraccionamiento de vivienda popular. Sin embargo, ante la carencia de escrituras del área de donación y los diversos gravámenes que pesaban sobre el inmueble, se negó el permiso para vender los lotes.
En abril del presente año, la misma empresa, esta vez representada por Narciso Sánchez, presenta los certificados de libertad de gravámenes, la escritura de las áreas de donación, así como la terminación de los conflictos legales y los juicios laborales. Todo de un plumazo, gracias a la intervención de la empresa de Bribiesca Sahagún.
Incluso, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano reportó que las obras de urbanización del fraccionamiento se encuentran “ejecutadas en su totalidad”. Una vez cubiertos los requisitos, en menos de dos meses el secretario de Desarrollo Urbano, Justino Arriaga, presentó el proyecto de resolución gubernamental que aprobó de inmediato el gobernador, Romero Hicks.
Éste recibió a principios de septiembre una petición de audiencia de un grupo de colonos, preocupados por el riesgo de caer de nuevo en manos de defraudadores, pero ya no les respondió, pues el martes 26 entrega el poder al también panista Juan Manuel Oliva.
Empresa fantasma
El permiso del gobernador fue otorgado a la sociedad mercantil Plaza Industrial, S.A. de C.V. Algunos habitantes de Las Biznagas expresaron a Proceso para expresar sus dudas sobre la legalidad del proceso de compraventa de las viviendas, que se acaba de abrir.
Y es que en las últimas semanas se les han hecho llegar a los colonos varios volantes en los que se les informa que los tratos para la compraventa se harán directamente con Plaza Industrial, que ofrece las viviendas a 188 mil pesos, con 20 mil pesos de enganche y mensualidades de 2 mil pesos durante siete años.
En la asamblea en la que se detallaría la información, programada para el 21 de septiembre en la noche, el presidente de la asociación de colonos, Armando Torres Balderas, había anunciado que el representante legal de Construcciones Prácticas, Rubén Ayala Chaurand (sobrino del exdiputado federal Carlos Chaurand Arzate) estaría presente junto a la apoderada legal de Plaza Industrial, María Elena García. A fin de cuentas, Ayala no asistió.
“Nos han mencionado muchas veces a Construcciones Prácticas como la empresa que realmente está detrás de la negociación. Esta simulación es la que nos tiene preocupados, no sabemos si nuestros contratos tendrán validez. Y tampoco tienen derecho a desalojarnos así como así”, expuso un grupo de colonos. l
Más dinero al bolsillo foxista
Daniel Lizárraga
La historia financiera de los Amigos de Fox no concluyó cuando el guanajuatense fue declarado ganador de la elección en el año 2000, ya que un grupo de empresarios, que lo veían entonces como la esperanza del cambio, aportaron, con su identidad bajo resguardo, por lo menos otros 60 millones de pesos para que trabajara el equipo de transición.
Lino Korrodi –uno de los creadores de ese sistema de financiamiento– acepta por vez primera, en entrevista con Proceso, que fue él quien los convenció de hacer depósitos en una cuenta bancaria de Inbursa a nombre de Vicente Fox.
“La verdad es que hubo movimientos muy raros, muy extraños en esa cuenta. Me consta la entrada de una parte del dinero –yo lo conseguí–, pero no tengo mucha información y albergo dudas de cómo salía. Quizá pueda haber algo que investigar”, admite Korrodi en sus oficinas, las mismas donde Vicente Fox le había pedido conseguir más recursos para las tareas de transición.
De acuerdo con información oficial recopilada por este reportero durante casi dos años y que ahora Korrodi confirma, se trata del mismo fideicomiso privado en el que el gobierno de Ernesto Zedillo depositó, discrecionalmente, 24 millones 150 mil pesos provenientes de recursos públicos y cuyo destino permanece en el misterio, pues tanto la residencia oficial de Los Pinos como las secretarías de Hacienda y de la Función Pública se han negado a rendir cuentas, pese a que existe al respecto un ordenamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Proceso 1561).
Ante esta cerrazón oficial, el reportero buscó a Korrodi, quien fue uno de los principales operadores financieros de los Amigos de Fox y del equipo de transición en el año 2000.
“Lo que sí puedo decir, confirmar, es que de esa cuenta se pagaron sueldos y gastos, aunque algunas personas abusaron al meter en la nómina a gente balín y a sus amigos. Sinceramente, hubo mucho dinero que se gastó en superficialidades. Nunca se ejerció un control adecuado en ese fideicomiso. Quizá por eso la negativa a transparentar las cosas”, señala Korrodi.
En los documentos oficiales en poder de este semanario consta que, además de los recursos privados transferidos al fideicomiso, la Secretaría de Hacienda contrató por separado a 316 personas como si fueran sus empleados, pero que, en realidad, laboraron para el equipo de transición foxista, con un costo para el erario de 45 millones 264 mil pesos (Proceso 1501 y 1504).
De acuerdo con el testimonio de Lino Korrodi, el dinero público y privado que manejó Vicente Fox en esa etapa pudo llegar a los 129 millones 414 mil pesos, tan sólo para operar el equipo de transición en tres meses.
Las triangulaciones
“Quizá pudieron salir gastos sin sustento de ese fideicomiso, con repercusiones de cierto carácter, pues había mezclados recursos privados con recursos públicos”, dice Korrodi.
Durante la entrevista, efectuada el martes 3, este controvertido empresario prefirió mantener bajo reserva los nombres de los industriales que hicieron donativos extra para el equipo de transición foxista, toda vez que, dice, siempre actuaron de buena fe, sin sospechar que podían meterse en problemas ante la falta de control.
–¿Actuó usted legalmente? –se le inquiere.
–Claro. A mí me dijeron que había que conseguir lana para la transición, y lo que hice fue imaginar un mecanismo para traer el dinero. Había gente que, eufórica por el triunfo en las urnas, quería apoyar, pero no estaba dispuesta a que su nombre saliera, tarde o temprano, en alguna relación contable.
–¿Y qué pasó?
–Lo que hice entonces fue triangular. El dinero aparentemente se dio por una persona cualquiera cuyo nombre no llamara demasiado la atención, pero en realidad se trataba de recursos provenientes de empresarios. Es decir, los recibos salían a nombre de esa persona un tanto desconocida. Aunque también hubo algunos a los que eso no les importó, y los recibos del donativo se entregaron en sus manos, sin intermediarios.
–¿De cuánto dinero estamos hablando?
–A mí me consta lo que yo pude recaudar; unos 60 millones de pesos, más otros 25 que dio el gobierno de Zedillo, y no sé cuánto se habrá conseguido por otro lado.
–¿Quiénes más pudieron haber llevado más dinero?
–Habría que preguntar a Carlos Rojas si él también consiguió algo.
Carlos Rojas Magnon, íntimo amigo de Vicente Fox, coordinador financiero del equipo de transición y, más tarde, encargado de la administración en la residencia oficial de Los Pinos hasta que lo despidieron por el escándalo del Toallagate, juega un papel protagónico en esta historia.
En los últimos días del priato, la mañana del 24 de noviembre del año 2000, anunció que el dinero aportado por Hacienda para la recepción del gobierno zedillista (10.8 millones de pesos, según él) sería la base para constituir el Fondo Nacional de Becas.
Sin embargo, tras la insistencia de Proceso por conocer el destino del dinero, finalmente Hacienda, la Secretaría de Educación Pública y la propia Presidencia de la República reconocieron ante el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, que nunca hubo transferencia de recursos públicos al Fondo Nacional de Becas. (Proceso 1561).
Interrogado sobre esto, Lino Korrodi asegura que apoyó siempre la idea de que el dinero sobrante de las donaciones empresariales y de los recursos públicos para la transición sirviera para ayudar a los estudiantes de bajos recursos económicos.
–¿Cuánto sobró?
–Unos 30 millones, quizá.
–¿Entonces, en qué se gastaron el dinero público?
–Sueldos, viáticos, no tengo una idea clara de cómo salió el dinero. El problema fue que se mezcló todo.
–¿Despilfarro?
–No se puede saber con precisión qué pasó.
–¿Quién controlaba eso?
–Es amiga mía, pero tampoco se acuerda bien. Al final cancelamos el fideicomiso.
–¿Vicente Fox controlaba ese dinero?
–¡No, hombre! ¡Él nada más pedía!
–¿Por qué dan dinero y no quieren aparecer esos empresarios?
–Hay de todo. Hay gente a la que no le interesa aparecer. A mí me tocó organizar reuniones de Fox en las cuales los empresarios pedían salir antes o llegar después para no ser vistos juntos. Es una conducta sui generis del empresariado mexicano.
–¿Estos intereses fueron los que ataron a Fox durante su sexenio?
–No creo. Los grupos con intereses en este país, que se hicieron millonarios en seis años, llegaron a Los Pinos cuando Vicente ya tenía colocada la banda presidencial.
“No me voy a dar baños de pureza, pero el empresario que estaba en la precampaña sabía que no tendría beneficios a cambio de las donaciones. Lo mismo con el equipo de transición. Insisto, quienes ganaron mediante jugosos contratos fueron contactados desde Los Pinos y entre algunos de los secretarios.”
–¿Alguna vez le planteó esto a Vicente Fox?
–Sí, pero se hacía el ensarapado.
–¿Cómo lo ve al final de su sexenio?
–Tiene que asumir su responsabilidad con la problemática que enfrenta el país. Tenía que consensuar para sentar las bases de la transición, no de la democracia –eso es verborrea–. Hoy México no es un país democrático; tenemos instituciones manipuladas por los intereses de grupo que lo abordaron.
El cambio… personal de Fox
–¿Reconoce usted ahora a Vicente Fox? –se pregunta a Korrodi.
–No –responde contundente–. Vicente fue cambiando en sus valores humanos, como persona. Esa personalidad a la que el 2 de julio la gente le pidió no fallarle, desapareció. Todo eso que le encomiamos en la campaña se fue, ni sus luces quedaron.
–¿Cómo está ahora?
–Rodeado de muchos compromisos y atado. Eso no fue nada bueno para el país. Esa manera de asumirse como pareja presidencial no funcionó.
–¿Pero no son los mismos intereses que se manejaron desde la campaña?
–No, insisto en que los negativos llegaron después.
–¿Qué le diría ahora a la gente que creyó en el voto útil?
–Les pido perdón. No sé en cuántas generaciones más se vaya a tener un cambio.
–¿Se siente dolido porque la PGR alentó investigaciones contra los Amigos de Fox?
–Quizá, pero al final de este sexenio las cosas poco cambiaron.
–¿Cómo vio a Fox en el reciente proceso electoral?
–Los mexicanos le recriminamos que no se comporte como él lo pedía cuando era candidato. Desde que se inició en la política, una de sus consignas era contar con unas elecciones limpias, claras, transparentes; que los mexicanos decidieran.
–¿Se podía usted imaginar que al final, Fox quedara cuestionado por el Tribunal Electoral debido a su insistente intervención en el proceso?
–No, y creo que ver eso ha sido de lo más triste.
–¿En qué momento se dio ese quiebre entre el Fox que usted conoció y el de hoy?
–A finales de 2002 lo vi muy metido con esos intereses. No hacía caso a quienes decíamos que dormía con el enemigo. Yo me reunía con él cada semana en una de las cabañas de Los Pinos para analizar el caso de los Amigos de Fox, y por ahí empecé a notar que ya no quería escuchar otras opiniones.
–¿En qué momento fue? ¿Puede precisarlo?
–Cuando le propuse asumir que la denuncia penal contra los Amigos de Fox por parte de la PGR no procedía, además de que no había por qué irse sobre la gente que lo apoyó cuando en realidad era un problema del PAN.
“Pero me dio la impresión de que alguien lo había convencido –no sé si el procurador Macedo de la Concha o algún otro grupo– de agarrar como chivos expiatorios a algunos de los Amigos de Fox.”
–¿Le pagaron como precandidato? ¿Por qué?
–No queríamos que anduviera preocupado por el dinero. Necesitábamos toda su energía en la campaña y por eso le empezamos a pagar un sueldo a partir de que dejó el gobierno de Guanajuato.
–¿De cuánto?
–No lo recuerdo, pero creo que él y otros pelafustanes como Ramón Muñoz y Santiago Creel, si tuvieran un poquito de dignidad, deberían pedir perdón a los Amigos de Fox porque dañaron a gente inocente, que nada tuvo que ver con la precampaña.
–¿A los mismos que lo siguieron apoyando con dinero en el equipo de transición?
–Yo hice mal en invitar a tantas personas. Les pido perdón, pues luego los persiguieron. Algunos se fueron de México para que no los molestaran. Hubo persecución periodística y judicial.
–¿A quiénes se refiere?
–A Carlota Robinson, que era una persona de toda mi confianza, con la que trabajé muchos años. También perjudicaron a su hermana y a algunas familias que no quiero mencionar. Los utilizaron.
–¿Los traicionó, Vicente Fox?
–Que la gente lo juzgue. Que revisen las denuncias. Si el PAN sigue en el poder es por algo, por el trabajo que inició con los Amigos de Fox. Ojalá Felipe Calderón no se deje engañar –van a sobrarle lambiscones–, y que no le dé oportunidad a unos malandros como Ramón Muñoz y Santiago Creel.
–¿Quiere decir que los Amigos de Fox fueron los primeros chivos expiatorios?
–Los primeros y los únicos. A los Amigos de Fox los persiguieron a pesar de su apoyo incondicional.
–¿Aún queda algo abierto en su contra?
–Algunos asuntos fiscales. He pagado una cantidad impresionante de dinero.
–¿Cuánto?
–Entre honorarios de abogados e impuestos, alrededor de 60 millones de pesos. Al principio los otros empresarios me apoyaron, pero al final, con toda razón, me empezaron a cerrar la puerta.
–¿Por qué paga sólo usted?
–Fue dinero que pasó por mis empresas. Lo lamento. Ojalá el presidente tuviera un poquito de carácter para decir quién estuvo alimentando las denuncias. Ahora, dejar correr estas acusaciones dentro del próximo gobierno ya se me hace muy criminal y perverso.
Los rentables amarres del PRI
Jesús Cantú
En aquella ocasión, la mayoría opositora, conformada por los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PVEM y PT, le arrebató a los priistas la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que Porfirio Muñoz Ledo, entonces coordinador de la bancada perredista, respondiera el tercer informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo.
El PRI también perdió el control de las principales comisiones, incluidas la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al frente de la cual quedó el perredista Ricardo García Sáinz, y la de Gobernación, que encabezó el panista Santiago Creel.
Para 2000, la historia fue similar en el Senado: el PRI presidió 22 comisiones, el PAN sólo 16, el PRD se quedó con seis y el PVEM con dos. Sin embargo, el blanquiazul logró la presidencia de algunas de las comisiones más importantes, como las de Hacienda, Energía, Gobernación, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes. En particular, esta última fue clave para sacar adelante la llamada Ley Televisa, en marzo pasado.
En la Cámara de Diputados, el PRI acaparó la presidencia de 17 comisiones; el PAN alcanzó 16, el PRD cuatro, el PVEM dos, y el PT sólo una. Los priistas se quedaron con la presidencia de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como la de Puntos Constitucionales, pero el PAN arrebató las de Presupuesto y Cuenta Pública, Gobernación, y la de Radio, Televisión y Cinematografía.
En 2003, después de la debacle panista en las elecciones intermedias, el PRI pudo recuperar la presidencia de dos comisiones en la Cámara de Diputados y llegó a 19, el PAN obtuvo 12, PRD ocho, el PVEM dos, mientras que el PT y Convergencia sólo una. Los panistas se quedaron con las presidencias de Hacienda y Crédito Público, Energía y Economía, mientras que los priistas recuperaron la de Presupuesto y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Derrota con sabor a triunfo
En 2006, los priistas perdieron 95 diputados, mientras que los panistas ganaron 58 y los perredistas 30. Sin embargo, estos movimientos se tradujeron en sólo tres de las cinco presidencias de comisiones que correspondían al PAN, debido a que el partido cedió dos a los priistas como pago por su apoyo para no entregar al PRD la presidencia de la Cámara de Diputados.
Tres comisiones más fueron para los perredistas, para un total de 11, con respecto a la LIX Legislatura, y otras tantas para los del PRI, dos más de las que en rigor les correspondían. Así, los dos institutos políticos –PAN y PRI– amarraron las presidencias de las principales comisiones económicas.
En esta ocasión, la disputa se centró en la presidencia de cuatro comisiones económicas: Presupuesto y Cuenta Pública; Hacienda y Crédito Público; Economía, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El presidente electo, Felipe Calderón, dio instrucciones a su coordinador parlamentario, Héctor Larios, para que conservara las presidencias de Presupuesto y de Energía. Los legisladores priistas lucharon por quedarse con la comisión de Hacienda y Crédito Público, que también era reclamada por el PRD, como segunda fuerza. El bloque PAN-PRI les cedió la de Vigilancia, que perdió importancia a partir de la creación del Órgano Superior de Fiscalización.
Pero los priistas no se conformaron con la presidencia de la segunda comisión más importante en materia económica, sino que también aseguraron presidencias importantes en las comisiones políticas. Entre éstas destacan la de Justicia, la de Desarrollo Social y la Jurisdiccional, especialmente por si se tiene que iniciar algún procedimiento en contra del gobernador poblano Mario Marín.
En el Senado la disputa no fue tan evidente, pero el PRI mostró habilidad para negociar la presidencia de tres comisiones clave: Gobernación, especialmente por el conflicto de Oaxaca; Puntos Constitucionales y Energía, que le permitirá influir en los asuntos que se tratarán en la Cámara alta en estas materias, donde seguramente se discutirán iniciativas trascendentales. Los panistas se vieron compensados con la presidencia de la Comisión de Hacienda, al frente de la cual quedó Gustavo Enrique Madero, quien tiene experiencia en este asunto, pues presidió la comisión análoga en la Cámara de Diputados durante la pasada legislatura.
Así, los panistas aseguraron las presidencias de comisiones vitales para el manejo económico: la de Presupuesto, en la de Diputados, única que aprueba el gasto público, pues el Senado no tiene injerencia en la materia; y la de Hacienda, en la Cámara alta, que se encarga de autorizar los ingresos.
Los priistas amarraron las dos comisiones políticas que les permitirán proteger a sus gobernadores (Gobernación, en el Senado, y Jurisdiccional, en la Cámara de Diputados); dos económicas estratégicas (Hacienda, en la de Diputados; Energía, en el Senado); además, controlan una comisión social estratégica, que les permitirá incidir en el gasto público: la de Desarrollo Social, en la Cámara de Diputados.
Por si esto fuera poco, mientras los priistas encomendaron estas presidencias a políticos de mucha experiencia, los panistas enviaron a las comisiones más importantes a legisladores con poca o nula trayectoria.
Cuadros expertos
El político menos experimentado del PRI es Jorge Estefan, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Puebla, quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En contraste, destaca el amplio historial de Arely Madrid, encargada de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara baja, quien ha sido senadora, diputada en tres ocasiones y secretaria general de gobierno en Chiapas. En Desarrollo Social se encuentra el avezado político Héctor Hugo Olivares, y en Justicia, César Camacho, exgobernador del Estado de México y exsenador.
En el Senado, en la presidencia de la Comisión de Gobernación (que la próxima semana empieza a discutir la desaparición de poderes en Oaxaca), el PRI colocó al exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam, y en la de Energía, que será fundamental para la reforma energética que seguramente presentará el gobierno de Calderón, al exgobernador de Sinaloa y excandidato a la Presidencia, Francisco Labastida Ochoa.
Como contrapartida, en las presidencias de las comisiones panistas el único que cuenta con experiencia en el ramo es Gustavo Enrique Madero, pues para el resto de los legisladores ésta es su primera incursión en política o tienen muy poco conocimiento de la materia; por ejemplo, Raúl Padilla, que quedó al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y fue presidente de la Concanaco, vive su primera experiencia política, lo mismo que Adriana Rodríguez, en la comisión de Economía, quien proviene de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, sólo que ella a nivel local en León, Guanajuato. La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados es presidida por David Maldonado González, de la estructura panista de Baja California, pero cuya única experiencia en el ramo es haber sido durante dos años supervisor divisional del Programa de Ahorro de Energía de la Comisión Federal de Electricidad.
De esta manera, el PRI aprovecha la debilidad del PAN y la beligerancia del PRD para posicionarse en el control político del Congreso (la presidencia de la Mesa Directiva del Senado y la de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados).
También detenta la presidencia de las comisiones estratégicas en ambas cámaras (Hacienda, Desarrollo Social, Justicia y Jurisdiccional en la de Diputados; y las de Gobernación y Energía en el Senado). De esta manera, logra injerencia en la política económica y social y está en condiciones de brindar protección a sus gobernadores más vulnerables: Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla. l
Oaxaca: Cuenta regresiva
Pedro Matías y Rosalía Vergara
OAXACA, OAX.- Mientras Ulises Ruiz “gobierna” Oaxaca desde un helicóptero y aislado por un fuerte dispositivo de seguridad cuando viaja por carretera, fuentes militares le atribuyen a guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario recientes “patrullajes” en la Sierra Sur del estado, la zona donde surgió el grupo armado.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Loxicha rechaza esa versión. Se trata de un rumor que busca intimidar al pueblo o justificar el incremento de la presencia del Ejército Mexicano, que desde hace 10 años mantiene tres retenes en la zona, sostiene el maestro indígena Donaciano Valencia Juárez.
Un sacerdote que simpatiza con el movimiento popular ofrece su testimonio bajo la condición de mantener el anonimato: “De repente causa escalofrío; jamás pensamos que íbamos a vivir escenarios que vivieron los países centroamericanos en los sesenta, setenta y ochenta, como los policías disfrazados de civiles, cuerpos policiacos que reprimen fuera de toda lógica y control, las detenciones arbitrarias, disparar contra manifestaciones... Es algo muy fuerte, no sucede en cualquier lugar”.
El entrevistado sostiene que el movimiento “se está expandiendo a estados del sureste del país. Es el fin y el inicio de una nueva etapa, donde se definirán las vías de lucha, aunque el pueblo se manifieste por la pacífica. Sería una respuesta a la violencia que imponga el Estado. Podrían activarse grupos subversivos, escindidos y fraccionados”.
Por eso, agrega, las acciones sobre Oaxaca tendrán repercusiones nacionales. Tanto el presidente Vicente Fox como el electo, Felipe Calderón, tendrán que definir el rumbo de la entidad.
Por su parte, Florentino López Martínez, vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), destapó la estrategia del gobierno estatal para desactivar su movimiento. Se trata, dijo, del Plan Hierro, diseñado por la Dirección General de Seguridad Pública Estatal.
El documento que contiene el proyecto, en poder de Proceso, plantea la recuperación, por la policía, de los cinco puntos “donde se encuentran concentrados la mayor parte de los manifestantes”: las radiodifusoras tomadas, la casa oficial, la procuraduría, el Zócalo, los juzgados penales y la Secretaría de Finanzas.
Para el efecto, se diseñaron cuatro agrupaciones que operarían de manera simultánea y contarían, cada una, con tres ambulancias, una pipa de agua, cuatro unidades de bomberos, cuatro agentes del Ministerio Público, un notario público, dos cámaras de video y 300 esposas de plástico.
El “servicio de información” de la dependencia policiaca especifica que “los maestros y gente que simpatiza con la Asamblea Popular portan infinidad de armas hechas por ellos mismos, inclusive armas de fuego”. Y enumeran ese armamento: “bombas molotov, cinco armas por bloqueo, palos, piedras, varillas, resorteras, hondas, tablas con clavos, tanques de gas, cables atravesados de lado a lado de la calle, etcétera”.
En el documento se establece qué área le corresponde desalojar a cada agrupamiento policiaco: al 1, ubicado en Tlacolula, se le asigna el crucero Tlalixtac, la Penitenciaría, la radiodifusora La Ley 710 y Finanzas; al 2, de Viguera, le toca el Canal 9, el Instituto Estatal del Agua y Radio Oro; al 3, con sede en el Campo UPOE, le corresponde la Casa Oficial, la procuraduría y la antena El Rosario; mientras que el Zócalo quedaría a cargo del agrupamiento 4 de la policía.
El vocero de la Asamblea Popular, López Martínez, también acusó al gobierno de Ulises Ruiz de contratar a un grupo de sicarios denominado Los Zetas para que, como parte del mencionado plan, asesinen a los líderes del movimiento y generen más caos para justificar el uso de la fuerza pública federal.
Sin embargo, algunos analistas ven esta posibilidad cada día más lejana por sus probables costos políticos y sociales. El viernes 6, en su columna Estrictamente Personal de El Universal, Raymundo Rivapalacio detalló que, “de acuerdo con personas que han visto los informes del Cisen” sobre el conflicto en Oaxaca, alrededor de 3 mil personas se movilizan permanentemente en la entidad como parte del conflicto, de las cuales 800 tienen entrenamiento en la lucha armada “y cuentan con seis depósitos de parque y pertrechos que son movidos constantemente para evitar ser detectados”.
Según esos reportes, continúa, “en un momento de choque con las fuerzas federales es altamente probable que unidades militares del EPR y de milicias o espontáneos respondan con fuego. Pero además, subraya otro informe, se calculan en 600 aquellos menores de 18 años dispuestos a entrar en la pelea. Para entender la magnitud que entraña lo delicado de una operación de desalojo en estas condiciones, bastaría imaginarse las escenas de uno solo de esos niños o jóvenes muertos por la policía en el enfrentamiento”.
Leña al fuego
En la capital del estado se acumulan los motivos de tensión. A las siete de la mañana del 2 de octubre, tres petardos estallaron en sucursales bancarias (Banamex, Santander y Banorte). Las puertas de vidrio tronaron.
Ahí se encontró un mensaje firmado por la “Organización Revolucionaria Armada de los Pueblos de Oaxaca” (ORAPO), que se autocalificó como una expresión revolucionaria y le declaró la guerra a los gobiernos federal y estatal.
“Estamos preparados y dispuestos a luchar con las armas en la mano para defender a nuestro pueblo y seguiremos implementando acciones de mayor envergadura a instalaciones de la oligarquía. Estamos alertas y vigilantes”, advertía el mensaje.
Tanto jerarcas eclesiásticos como organizaciones civiles consideraron que el atentado fue un acto planeado desde el gobierno para justificar la intervención de la Marina contra la APPO y el magisterio. Pero los exguerrilleros Felipe Canseco Ruiz y David Cabañas Barrientos coinciden en que el ataque fue real y creen que el grupo que lo reivindica es una escisión de las guerrillas más conocidas de la sierra oaxaqueña: EPR, ERPI o FARP.
Canseco Ruiz fue miembro del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), y está seguro de que otras apariciones recientes de grupos armados son auténticas. De ser así, en Oaxaca estarían operando, además de los grupos ya mencionados, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), Colectivo Revolucionario-Francisco Javier Mina (CR-FJM), Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M), Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D).
La lista tendría que incluir a las Brigadas Populares de Liberación (BPL), que irrumpieron el pasado 30 de agosto en la carretera Oaxaca-Tuxtepec, a la altura de la comunidad de Reynosa, municipio de Santa Catarina Ixtepeji, en la Sierra Juárez, para entregar propaganda de su organización armada, así como al autodenominado Movimiento Armado Revolucionario (MAR), que se dio a conocer mediante un video el 31 de agosto pasado.
Canseco, quien fuera preso político durante siete años, sostuvo que el discurso y los planteamientos de estas organizaciones revelan su carácter revolucionario, pero opina que su irrupción “no es adecuada” en este momento político del estado.
En cuanto al gobierno federal, dice, está en la disyuntiva: “O crea las condiciones político jurídicas para la salida de Ulises Ruiz Ortiz, que es una demanda de la gran mayoría del pueblo de Oaxaca, o definitivamente se cierra a esta demanda justa y adopta una actitud de represión e intransigencia”.
Si el gobierno opta por lo segundo, “estará abriendo una nueva etapa de lucha cruenta y reeditando otra vez los años setenta, cuando se registró el levantamiento de Lucio Cabañas Barrientos. Seguramente los grupos que se han anunciado y muchos más ciudadanos oaxaqueños se van a ver obligados a empuñar las armas de manera legítima ante una cerrazón del Estado mexicano a un justo reclamo, la salida de Ulises Ruiz”, afirma Canseco Ruiz.
De esa manera se definirá si la movilización política basta para lograr las transformaciones necesarias con fundamento en el artículo 39 de la constitución para modificar la forma de gobierno, señala.
Por su parte, David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabañas, coincide en la advertencia de que puede resurgir la lucha armada en Oaxaca. Además, señala que es probable que el problema se extienda a otras entidades donde hay problemas sociales, como el Estado de México (San Salvador Atenco), Michoacán (Sicartsa), Guerrero y “otros lugares donde se le está poniendo leña al fuego”.
Ambos exguerrilleros hacen un llamado a los grupos armados para que permitan a la APPO desarrollar sus actividades dentro del marco constitucional “y actúen sólo en el caso de que la APPO sea arrasada, reprimida, masacrada, y asesinados o perseguidos sus dirigentes”.
La represión vislumbrada
Los integrantes de la APPO confían en que el gobernador será destituido, y no los desaniman los signos de una probable intervención armada en su contra: las amenazas públicas del presidente Fox y de funcionarios de Gobernación, los dos helicópteros de la Marina que se dejaron ver el pasado domingo 1 y la avioneta que por la noche sobrevuela sin luces las comunidades de la sierra.
“Los estamos esperando”, gritan los integrantes de la APPO y del magisterio, aunque saben que en Salina Cruz están preparadas las tanquetas. Sin embargo, la madrugada del propio día 1 se reforzaron las barricadas cerca de la radiodifusora renombrada La Ley del Pueblo. Se creía que los marinos bajarían de helicópteros para desalojar las estaciones de radio tomadas por los maestros, luego avanzarían hacia las barricadas e intentarías abrir el centro histórico de Oaxaca.
En la tarde, se dijo que la acción comenzaría a las 11 de la noche. Después se difundió que a las tres de la mañana y finalmente que al amanecer. Nada de ello sucedió. Pero hubo un muerto: un motociclista que no vio el cable que los maestros atravesaron para reforzar una barricada.
Al día siguiente, el rumor se repitió, aunque era improbable que el gobierno federal decidiera intervenir en Oaxaca un 2 de octubre, en el aniversario de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Posteriormente, se rumoró que la intervención se llevaría a cabo en la madrugada del jueves, como castigo porque la APPO y el magisterio no acudieron al foro convocado por la Secretaría de Gobernación. Se fijó como límite para el ataque las tres de la tarde, pero la tensión disminuyó al anunciarse que el gobierno federal había entregado una propuesta que implica la entrega de la capital oaxaqueña a un funcionario de Gobernación y que la Policía Federal Preventiva resguarde las calles. En cuanto a la salida de Ulises Ruiz, se dejaría en manos del Senado.
Esa distensión es relativa. Todos los días, a las siete de la mañana, policías estatales vestidos de civil salen del campamento de Zaachila en camionetas blancas y realizan rondines por la ciudad. En las noches la posibilidad de balaceras en las barricadas es constante y a veces los miembros de la APPO detienen a presuntos policías o priistas y los exhiben en el Zócalo después de darles “su clase de relaciones humanas”, es decir, de propinarles un castigo físico.
La madrugada del jueves, los participantes del plantón detuvieron a cinco personas que identificaron como agresores, dos de ellos guerrerenses, y los trasladaron a la Mesa de Incidencias integrada por la APPO y Gobernación. La noche siguiente, apareció el cuarto muerto de este conflicto: el maestro René Calvo Aragón fue degollado. Tanto la APPO como los maestros sindicalizados se deslindaron del hecho.
Y al mismo tiempo que el gobierno federal insiste en que no le apuesta a la represión, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 27 de marzo pasado, mucho antes de que los manifestantes tomaran el centro de Oaxaca, fueron enviados a la entidad –“en acotamiento de grupos armados”– 5 mil 414 militares adicionales a los destacados normalmente.
Actualmente, las fuerzas del Ejército Mexicano se distribuyen así en el estado: en Ixcotel permanecen 3 mil 837 elementos de Infantería listos para desplegarse; en Mihuatlán hay 624; en Pinotepa Nacional, 645; 609 en Nopala; 372 en Juxtlahuaca; 442 en Tuxtepec; 104 en Tlaxiaco; 489 en Coxocon y 185 en Huajapan de León.
Además, en los límites con Puebla permanecen 489 efectivos, y 455 en la colindancia con Guerrero. Y en el aeropuerto hay cuatro helicópteros (dos Bell 212 y otros dos Bell 206, aviones Schweizer utilizados en el Plan DN-III-E contra el narcotráfico y “para localizar grupos armados”.
En este contexto, Ulises Ruiz ejerce de manera peculiar su poder: hace visitas relámpago en helicóptero a municipios, pero no da discursos y nadie conoce su agenda. Entre el 2 y el 6 de octubre, sólo se supo que recibió como regalo una virgen labrada en cantera, inauguró una fábrica de muebles de madera en Santa Ana Tlapacoya, supervisó programas sociales en el municipio de Santos Reyes Nopala, y finalmente visitó una planta de tratamiento de aguas residuales y el acceso del boulevard de cuatro carriles en Villa de Mitla.
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