NOTA ORIGINAL PÚBLICO MILENIO
Y la mata sigue dando. En efecto, hay ciertos temas que son recurrentes en el debate (¿escándalo?) público. Ayer tocó el turno al turismo político, hoy toca a los bonos. Hace tres años, el asunto de los bonos no sólo evidenció enormes abusos, sino trampas y venganzas políticas. Así, después del reparto de los bonos de 2003, los diputados reformaron la Ley de Servidores Públicos, incorporando el artículo 54 bis que prohíbe, de forma expresa, que cualquier funcionario de alto nivel reciba un pago adicional a su sueldo. Se trató de un innegable avance respecto de la situación anterior, cuando no había regulación alguna, y bastaba un acuerdo de cabildo o una decisión administrativa para legalizar el abuso. Sin embargo, el candado legal no ha funcionado, entre otras razones, porque el presupuesto público –integrado por la Secretaría de Finanzas y aprobado por el Congreso local– sigue contemplando la partida correspondiente al bono.
El problema es más de descuido, por no decir de ingenuidad, que de mala fe. Este fue el caso del Itei, que sin verificar la legislación vigente, ejecutó el presupuesto tal cual le fue aprobado, cayendo en una trampa que, desde luego, fue aprovechada por sus detractores políticos. Lo irónico del caso es que, habiendo incurrido en el mismo error, varios diputados pidieron sancionar al Instituto. Para el momento de la acusación, el consejero presidente del Itei ya había reaccionado ordenando devolver los bonos, e incluso pidiendo una auditoria. Así, los señalamientos de algunos legisladores perdieron fuerza no sólo porque el bono estaba devuelto, sino porque el mismo bono se pagó a funcionarios de alto nivel del propio Legislativo y del Ejecutivo estatal. Mal de muchos, consuelo de… Lo que no deja de llamar la atención es que algunos diputados, que aún no terminan de explicar los motivos y gastos de sus viajes, llamen a cuentas cuando ellos mismos no han rendido cuentas. Es obvio que detrás de las acusaciones por el bono devuelto hay un golpeteo político por la reforma a la Ley de Transparencia.
Pero más allá del lapsus brutus del Día del Servidor Público, el asunto de los bonos tiene que repensarse desde una perspectiva más amplia. El próximo secretario de administración habrá de entrarle a un tema tan complejo como impostergable: la creación de un servicio civil de carrera que dé continuidad a las políticas públicas de los gobiernos y al desempeño legislativo del Congreso. Después de dos sexenios en el poder, el PAN no ha discutido, a fondo, la necesaria creación de una burocracia bien remunerada al tiempo que rigurosamente regulada que pueda mantenerse al margen de los ciclos político-electorales.
Las voces que claman porque los sueldos se reduzcan por mitad ofrecen soluciones populistas, como falaces son aquellas que pugnan por altísimos sueldos para evitar que los funcionarios sean proclives a la corrupción. El pago de bonos, y en general de sueldos, es un asunto de ética pública y desempeño profesional. Hace tres años en este mismo espacio escribí: “no existe una evaluación seria, rigurosa del desempeño que permita premiar o sancionar la función pública. Los bonos, per se, no serían condenables si fueran transparentes, reglamentados y, sobre todo, razonables. El problema está en su manejo discrecional, oscuro y abusivo que los vuelve ofensivos” (“El problema no está en los bonos”, Público, 9 de agosto de 2003).
Una vez modificada la legislación, corresponde adecuar la política salarial del gobierno para evitar este tipo de situaciones contradictorias donde lo ilegal se sigue presupuestando. Pero sobre todo, lo que resulta inaplazable es contar con una burocracia que pague impuestos, que tenga estabilidad laboral, que cuente con esquemas de incentivos y sanciones al desempeño (incluidos, por qué no, bonos al desempeño sobresaliente en forma de reconocimientos públicos, acompañados de estímulos eco-nómicos), en pocas palabras, una burocracia weberiana que, al margen de las contiendas políticas, dé garantías de continuidad y calidad en los servicios públicos a la ciudadanía, que es finalmente de lo que se trata la Administración Pública. Para no abonar al descrédito del gobierno, hay que regular mejor sueldos y compensaciones.
COMENTARIO: 2 sexenios en el poder en Jalisco y van por el tercero, pero no se ve que esto vaya a mejorar porque, al igual que Calderón, los panistas jaliscienses todavía no toman posesión y ya están viajando por el extranjero. Pero eso sí, ya están listos para desmantelar al Estado que les paga sus viajes y altos salarios, seguramente porque saben que terminarán siendo empleados de la oligarquía nacional, ellos les seguirán pagando sus sueldos.
Y la mata sigue dando. En efecto, hay ciertos temas que son recurrentes en el debate (¿escándalo?) público. Ayer tocó el turno al turismo político, hoy toca a los bonos. Hace tres años, el asunto de los bonos no sólo evidenció enormes abusos, sino trampas y venganzas políticas. Así, después del reparto de los bonos de 2003, los diputados reformaron la Ley de Servidores Públicos, incorporando el artículo 54 bis que prohíbe, de forma expresa, que cualquier funcionario de alto nivel reciba un pago adicional a su sueldo. Se trató de un innegable avance respecto de la situación anterior, cuando no había regulación alguna, y bastaba un acuerdo de cabildo o una decisión administrativa para legalizar el abuso. Sin embargo, el candado legal no ha funcionado, entre otras razones, porque el presupuesto público –integrado por la Secretaría de Finanzas y aprobado por el Congreso local– sigue contemplando la partida correspondiente al bono.
El problema es más de descuido, por no decir de ingenuidad, que de mala fe. Este fue el caso del Itei, que sin verificar la legislación vigente, ejecutó el presupuesto tal cual le fue aprobado, cayendo en una trampa que, desde luego, fue aprovechada por sus detractores políticos. Lo irónico del caso es que, habiendo incurrido en el mismo error, varios diputados pidieron sancionar al Instituto. Para el momento de la acusación, el consejero presidente del Itei ya había reaccionado ordenando devolver los bonos, e incluso pidiendo una auditoria. Así, los señalamientos de algunos legisladores perdieron fuerza no sólo porque el bono estaba devuelto, sino porque el mismo bono se pagó a funcionarios de alto nivel del propio Legislativo y del Ejecutivo estatal. Mal de muchos, consuelo de… Lo que no deja de llamar la atención es que algunos diputados, que aún no terminan de explicar los motivos y gastos de sus viajes, llamen a cuentas cuando ellos mismos no han rendido cuentas. Es obvio que detrás de las acusaciones por el bono devuelto hay un golpeteo político por la reforma a la Ley de Transparencia.
Pero más allá del lapsus brutus del Día del Servidor Público, el asunto de los bonos tiene que repensarse desde una perspectiva más amplia. El próximo secretario de administración habrá de entrarle a un tema tan complejo como impostergable: la creación de un servicio civil de carrera que dé continuidad a las políticas públicas de los gobiernos y al desempeño legislativo del Congreso. Después de dos sexenios en el poder, el PAN no ha discutido, a fondo, la necesaria creación de una burocracia bien remunerada al tiempo que rigurosamente regulada que pueda mantenerse al margen de los ciclos político-electorales.
Las voces que claman porque los sueldos se reduzcan por mitad ofrecen soluciones populistas, como falaces son aquellas que pugnan por altísimos sueldos para evitar que los funcionarios sean proclives a la corrupción. El pago de bonos, y en general de sueldos, es un asunto de ética pública y desempeño profesional. Hace tres años en este mismo espacio escribí: “no existe una evaluación seria, rigurosa del desempeño que permita premiar o sancionar la función pública. Los bonos, per se, no serían condenables si fueran transparentes, reglamentados y, sobre todo, razonables. El problema está en su manejo discrecional, oscuro y abusivo que los vuelve ofensivos” (“El problema no está en los bonos”, Público, 9 de agosto de 2003).
Una vez modificada la legislación, corresponde adecuar la política salarial del gobierno para evitar este tipo de situaciones contradictorias donde lo ilegal se sigue presupuestando. Pero sobre todo, lo que resulta inaplazable es contar con una burocracia que pague impuestos, que tenga estabilidad laboral, que cuente con esquemas de incentivos y sanciones al desempeño (incluidos, por qué no, bonos al desempeño sobresaliente en forma de reconocimientos públicos, acompañados de estímulos eco-nómicos), en pocas palabras, una burocracia weberiana que, al margen de las contiendas políticas, dé garantías de continuidad y calidad en los servicios públicos a la ciudadanía, que es finalmente de lo que se trata la Administración Pública. Para no abonar al descrédito del gobierno, hay que regular mejor sueldos y compensaciones.
COMENTARIO: 2 sexenios en el poder en Jalisco y van por el tercero, pero no se ve que esto vaya a mejorar porque, al igual que Calderón, los panistas jaliscienses todavía no toman posesión y ya están viajando por el extranjero. Pero eso sí, ya están listos para desmantelar al Estado que les paga sus viajes y altos salarios, seguramente porque saben que terminarán siendo empleados de la oligarquía nacional, ellos les seguirán pagando sus sueldos.
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