POLITICUENTOS:LYDIA CACHO Y LA CORTE

MARIO GALVEZ ESCRIBE:

Lydia Cacho y la Corte

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Al tiempo que el presidente Fox ponderaba ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas “la solidez de las instituciones mexicanas”, la Suprema Corte de Justicia declaraba también ayer que “por tratarse de un material obtenido sin el consentimiento de los involucrados ni mediar orden judicial para obtenerlo, fue descartado como prueba jurídica del presunto contubernio entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, para violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho”

Con semejante fallo los ministros de la Corte consideraron más importante la violación a la intimidad de la conversación entre el empresario y el gobernador, que el objetivo de la propia plática, que no fue otro que violar a Lydia Cacho en su persona y en sus derechos.

O sea que para los jurisperitos resultó más grave la grabación de la conversación entre Kamel y Marín que la utilización ilegal de todo el aparato de justicia de Puebla por parte del gobernador como parte del pago de favores políticos que debía al empresario.

Se fijaron en una minucia para evitar castigar una conducta claramente delincuencial del gobernador poblano.

Luego del vergonzoso desempeño del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral, era de esperarse que la Corte emitiera un fallo donde el proceder delictivo de la autoridad política quedara a salvo.

Eso es lo que llama Fox ‘la solidez de las instituciones’, el que se fomente y proteja la impunidad del poder político y del poder económico.

Ese es el México verdadero, el México de las ‘instituciones sólidas’, en las que un reconocido protector de pederastas como Emilio Gamboa Patrón es nada menos que presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Es el México donde la delincuencia es gobierno.

El proceder de los señores ministros resulta en verdad indignante, pues en vez de ir al fondo del problema, que no es otro que la protección que las redes de pederastía tienen de parte de los gobiernos estatal y federal, se detuvieron en una cuestión intrascendente como la grabación clandestina de una conversación para, a partir de ella, considerar que no había elementos que probaran la presunta vinculación del gobernador Marín en la violación de la libertad de expresión y los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, ni con el empresario textilero.

De hecho, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue quien presentó al pleno de la SCJN un proyecto de resolución en el que se descarta violación grave a los derechos de Cacho, y considera como prueba jurídicamente inválida la grabación entre Mario Marín y Kamel Nacif.

O sea que bajo ese estrechísimo criterio jurídico fue ‘más delito’ la grabación que el haber torcido de manera perversa el fin último de la institución de Procuración de Justicia en Puebla por parte de Mario Marín a fin de quedar bien con quien le financió parte de su campaña electoral, y a quien en parte debía y debe la gubernatura.

O sea que bajo esa lógica Lydia Cacho corrió con suerte, pues a los ministros no se les ocurrió responsabilizarla de la violación flagrante a la vida privada del gobernador y del empresario.

Los ministros dejaron pues sin castigo las conductas claramente delincuenciales del empresario y sobre todo del gobernador, lo que implica un atropello no sólo a los derechos de Lydia Cacho sino a las garantías de todos los mexicanos pero en especial de los niños y niñas.

Lo dicho: la pudrición de las instituciones llega hasta la médula.



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