NOTAS VARIAS DE LA REVISTA CONTRALINEA DE MIGUEL BADILLO

VA LA PRIMERA NOTA

El gabinete neoliberal

Erika Ramírez / Nancy Flores
Representantes del conservadurismo católico más radical, políticos con intereses personales y empresariales, funcionarios del gobierno foxista y los llamados “aliados necesarios” —sobre todo ex priístas vinculados con Elba Esther Gordillo— integran la lista del gabinete de Felipe Calderón


Felipe Calderón




En medio de la crisis social y con el respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -que convalidó la elección presidencial del pasado 2 de julio a pesar de las irregularidades y de la mínima diferencia de apenas 230 mil votos entre el primer y el segundo lugar-, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa define su gabinete.

En la que se considera la última lista de futuros secretarios de Estado y altos funcionarios de la siguiente administración, y de la cual Contralínea posee copia, sobresalen cuatro grupos: los representantes del conservadurismo católico y ultraderechistas; los colaboradores cercanos al presidente electo, quienes se caracterizan por defender intereses empresariales y personales; los funcionarios o ex funcionarios foxistas, y los priístas o “aliados necesarios”, explica el maestro en Filosofía, Edgar González Ruiz.

De acuerdo con el perfil de políticos como Calderón, José Espino y Carlos Abascal, el estilo de gobernar será “abiertamente represivo”, dice el investigador. Agrega que el Partido Acción Nacional (PAN) ha perdido la popularidad que artificialmente se impulsó con Carlos Salinas, “no porque sus proyectos son en sí impopulares, sino debido a que se ha permitido que los medios lo critiquen”.

El analista de grupos conservadores señala: “cabe esperar que para anular a la izquierda se recurra a todo el poder del Estado: los cuerpos represivos, las leyes, pero también las alianzas oportunistas con personajes y sectores de otros partidos. Es decir, será necesaria la consolidación del PRI-PAN-Panal (partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza). De esta manera se desvanecerá la ilusión de apertura democrática que a los grandes intereses económicos y a la jerarquía le sirvió sólo para llevar a la derecha católica y empresarial al poder en 2000”.

Pablo Moctezuma Barragán, académico de la UNAM y estudioso de la derecha mexicana, coincide: “La intensión es imponer este proyecto, continuar con las reformas estructurales, continuar con el proyecto neoliberal y de imponerlo aún en contra de la movilización social y de los reclamos populares. Todas las secretarías estarían articuladas a la continuidad de este modelo, porque ya hay tratados con Estados Unidos y Canadá que, incluso, implican la seguridad”.

Conservadurismo

El investigador Edgar González Ruiz explica que desde el inicio del gobierno la presencia de los representantes del conservadurismo católico tendrá un peso mucho mayor que con Vicente Fox. Y es que, dice, “este sector tendrá un impresionante apoyo mediático para evitar que la gente los critique”.

En este grupo se localizan los panistas Javier Salazar, hijo del secretario del Trabajo y amigo cercano del presidente electo; el ex legislador Alejandro Zapata Perogordo, quien podría asumir la Secretaría del Trabajo; Patricio Patrón Laviada, gobernador de Yucatán y muy probablemente secretario de la Reforma Agraria; Ana Teresa Aranda, actual secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), y Carlos Abascal Carranza, titular de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes del primer círculo de Felipe Calderón, Aranda y Abascal podrían continuar en sus actuales cargos. En el primer caso, el presidente electo tiene otra opción: Miguel Ángel Székely, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la propia Sedesol.

Mientras que la política interna podría quedar en manos de Francisco Ramírez Acuña, responsable de violar los derechos humanos de un centenar de altermundistas en mayo de 2004 -durante la Tercera Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Guadalajara-, según lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Contralínea 60).

También en la Secretaría de Gobernación aparece con probabilidades Germán Martínez, quien defendió los intereses del PAN frente al IFE y persona de todas las confianzas de Calderón.

Este último, de tradición cristera, al igual que Alberto Cárdenas Jiménez - postulado para la Secretaría de Agricultura-, representa el conservadurismo más radical y recalcitrante del país, señala el investigador. “Desde luego, detrás de este sector están los intereses de la jerarquía conservadora”, puntualiza.

Otro que suena para Agricultura es Florencio Salazar, ex secretario de Reforma Agraria y quien por su experiencia también lo ubican como probable secretario de Gobernación.

Intereses de fondo

Un grupo importante es el de los colaboradores cercanos al presidente electo. En este caso González Ruiz dice que “se trata de panistas como Juan Camilo Mouriño, César Nava Vázquez y el ex legislador Juan Molinar Horcasitas. Muchos de ellos representan intereses empresariales o personales”.

El investigador refiere que “un aspecto que ya es muy notorio en el estilo personal de Calderón, además de su falta de carisma y su recurso a la autoridad y formalismos del poder, es su acendrado nepotismo que producirá escándalos mucho mayores que los de este sexenio”. Y es que antes de asumir la silla presidencial el panista ya ha protagonizado varios casos de supuesta corrupción y tráfico de influencias, como los contratos signados en el sector energético con su cuñado Diego Hildebrando Zavala.

Otro oscuro expediente se dio hace tres años. En 2003 Nava Vázquez -quien se perfila como procurador general de la República o secretario de Energía o director de Pemex, estas dos últimas carteras compartidas con Mouriño- y su amigo Calderón Hinojosa fueron acusados de posible tráfico de influencias al descubrirse un “apoyo financiero” autorizado por el presidente electo, en su calidad de director de Banobras.

La operación involucró 2 mil millones de pesos del erario que se destinaron a la empresa Grupo Básico Mexicano, de la que es accionista Emilio Baños Urquijo, suegro de Nava Vázquez.

Mouriño Terrazo, quien también está palomeado para la Oficina de la Presidencia junto a Molinar Horcasitas, dice en entrevista que su cargo en el sector energético “no es una decisión tomada. Hay alternativas. Aún no me ha definido el presidente electo si me habré de quedar en Los Pinos o me iré a Energía. Por supuesto que me gustaría cualquier cosa en el sector energético, es un área que conozco, donde ya estuve”.

El panista, nacido en España y nacionalizado mexicano, omite decir que su padre, Carlos Mouriño Atanes, es empresario y tiene 35 gasolineras repartidas en Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Aun con este antecedente familiar, que podría constituir un posible conflicto de intereses, en el sexenio de Fox ocupó la Subsecretaría de Electricidad en Energía. En el interior del PAN es reconocido como eficiente cabildero pero mal cerrador de temas.

Otro antecedente se remite a la discusión por los costos del gas para la generación de electricidad, entonces se enfrentó a Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, y dio la razón a empresas como Unión Fenosa, EDF y TransAlta.

Además, como funcionario de la Secretaría de Energía trabajó a favor de la apertura y desregulación del sector. Tras la salida de Felipe Calderón de esa dependencia, él fue el último en renunciar.

Para el investigador Edgar González Ruiz, “dadas las experiencias que suelen darse con este tipo de grupos, es probable que en cuanto se sientan llegados al poder, y dado que los han unido los intereses más que los dogmas, comiencen a pelearse entre ellos y algunos salgan del gabinete. Es difícil que un equipo de este tipo se mantenga compacto a lo largo del sexenio”.

Funcionarios transexenales

En un tercer grupo, el especialista en temas de conservadurismo y derecha mexicana y latinoamericana identifica a los políticos que, “independientemente de pertenecer a los sectores anteriores, crecieron en el gobierno de Vicente Fox”. Y ejemplifica: Josefina Vázquez Mota -no es el caso de Carlos Abascal, quien ya tenía una trayectoria como presidente de Coparmex y vástago de una familia histórica de la ultraderecha.

“Es gente que le debe su trayectoria a Fox y a veces a Marta Sahagún, y que ante todo demuestra su capacidad de adaptarse a quien gobierna. Vázquez Mota ya lo hizo, de hecho, al servir en la campaña de Calderón”.

En la lista, que ya evalúa Felipe Calderón, la ex secretaria de Desarrollo Social figura en la cartera de Relaciones Exteriores, junto a los diplomáticos Arturo Sarukán y Andrés Rozental Gutman. El primero de estos es actual coordinador de asuntos internacionales y de política exterior de la mesa de transición de Calderón Hinojosa.

La “extraña” inclusión de Vázquez Mota en esta terna —quien tuvo y utilizó información privilegiada de los padrones de beneficiarios de los programas de la Sedesol— es porque ella está exigiendo el cargo, señalan fuentes cercanas al presidente electo.

Aunque sabe que por un sexenio más vivirá del presupuesto público, Josefina Vázquez Mota se limita a decir que “todavía no hay nada”. Y cuando se le pregunta si será la futura canciller, cambia el tema: “Tengo una enorme satisfacción y la convicción de que él (Felipe) será presidente para todos los mexicanos. Sé que escuchará las voces de todos los que vivimos aquí, principalmente las más lejanas”.

“Aliados necesarios”

González Ruiz advierte que en el próximo gabinete también serán incluidos los “aliados necesarios”. “Hay una presencia muy significativa de los aliados necesarios del PAN, es decir, militantes del PRI, Partido Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. Son los políticos por vocación en el peor sentido del término: gente que busca puestos y canonjías, por lo que ha militado en partidos con ideologías contradictorias”.

El investigador dice que el ex perredista Demetrio Sodi es un buen ejemplo, al igual que el ex priísta, ex candidato presidencial y cercano colaborador del Elba Esther Gordillo, Roberto Campa. En este último caso, el maestro en Filosofía explica que Campa “pasó de ser adversario de la derecha a uno de sus más esforzados defensores. Lo que hay detrás de este grupo es la defensa de las instituciones como forma de abusar y lucrar”. Ambos políticos también aparecen en la lista, para ocupar cargos del gabinete ampliado.

Sin descartar la posibilidad de ocupar un alto cargo en la próxima administración, Sodi de la Tijera señala: “estoy trabajando en una organización ciudadana. Tengo el interés en dedicarme a promover ciudadanía y no estoy pensando en un puesto en el gabinete. Quiero ver en dónde puedo servir más a mi ciudad y a la gente. Creo desde esta perspectiva puedo tener un espacio más amplio”.

De acuerdo con Pablo Moctezuma Barragán, en el equipo cercano a Calderón hay también hay varios funcionarios que provienen del PRI pero que en los últimos años han estado colaborando con el PAN, como Luis Téllez, Miguel Ángel Yunes, Benjamín González Roaro y Tomás Ruiz.

El primero compite, junto al neoliberal Agustín Cartens Cartens, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para Seguridad Pública es casi un hecho que entra Yunes Linares, cercano colaborador de Elba Esther Gordillo. Mientras que González Roaro busca Educación Pública, pero para ese puesto Calderón tiene comprometido al priísta Esteban Moctezuma, y Tomás Ruiz podría repetir en la Lotería Nacional.

El académico dice que sus futuros nombramientos no se pueden descartar, “debido a esta alianza PRI-PAN. Es posible la integración de connotados priístas y ex priístas como Roberto Campa, o incluso Natividad González Paras, Eduardo Bours o el mismo Enrique Jackson”.

Especifica que “el esfuerzo para darle solidez a esta alianza va a ser muy notable. Va a haber un círculo de funcionarios de formación priísta en este nuevo gobierno del PAN y, desde luego, viejos cuadros panistas como Alberto Cárdenas, Patricio Patrón Laviada, Ramírez Acuña -quien destapó a Felipe en Jalisco-, Abascal y se menciona a la misma Ana Teresa Aranda”.

Según Mouriño Terrazo aún no hay nombres porque apenas están preparando el gabinete. “Sin duda, el trabajo más importante que nos queda de aquí al primero de diciembre: las decisiones más importantes que tiene que tomar el presidente electo son tanto el equipo que lo acompañará en las tareas de gobierno en Los Pinos, como el equipo que estará en cada una de las carteras de la administración pública”.

Afirma que “por eso no nos apresuraremos a conformar el gabinete: tenemos tres meses para ello, y lo habremos de hacer con mucho cuidado. Lo que podemos asegurar es que no habrá headhunters definiendo el gabinete, será Felipe Calderón quien lo haga”.

Aclara que, aunque van avanzados los criterios para cada uno de los puestos y el plan de reestructuración de la administración pública, aún no se definen los nombres: “Era importante contar con la constancia de presidente electo”.

Otros nombramientos que ya se discuten en el primer círculo son: Comunicaciones y Transportes, que se disputan Javier Lozano Alarcón, José González Morfín y Humberto Treviño Landois; Salud, Misael Uribe Esquivel, María Eugenia de León-May y Roberto Tapia; Trabajo y Previsión Social que podría quedar en manos de Alejandro Zapata Perogordo, Gonzalo Moctezuma Barragán o Genaro Borrego Estrada.

Para Medio Ambiente figuran José Espino Barrientos y Ernesto Rufo Appel; en Función Pública, Germán Martínez Cázares; en la vocería, Max Cortázar Lara y Rogelio Carvajal Tejeda como secretario Particular.

Además deberán ser acomodados en el gabinete de Felipe Calderón sus colaboradores Ernesto Cordero, a quien se le reconoce como la pieza estratégica y materia gris del equipo cercano; Alejandra Sota, conocida como la Guardaespaldas de Calderón y quien dicen tiene la mayor capacidad de administración; y Javier Salazar, hijo del secretario del Trabajo y presidente de la Comisión Reguladora de Energía.



Publicado: Septiembre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 6

SEGUNDA NOTA:


El IFE busca consumar el fraude

Nancy Flores
Calificado por reconocidos académicos como un revés a la transparencia, y con el claro objetivo de garantizar el endeble resultado de apenas 230 mil votos a favor de Felipe Calderón, el IFE ha puesto una barrera que impide a los ciudadanos el acceso a la información de las boletas electorales y arbitrariamente amenaza con su destrucción


Instituto Federal Electoral




Bajo el argumento de resguardar “el principio de definitividad” del proceso electoral del pasado 2 de julio -que según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa por 230 mil votos-, el Instituto Federal Electoral (IFE) niega el acceso de los ciudadanos a las boletas y amenaza con destruir los votos antes de que se resuelva el fondo del asunto.

Con esta resolución, emitida en contra de las 820 solicitudes de acceso a la papelería electoral, el IFE pretende evitar el recuento ciudadano de la elección presidencial convocado por los investigadores de la UNAM, John Ackerman e Irma Sandoval, y la revista Proceso.

Al resolver la petición C1081/2006 hecha por Contralínea, el pasado 5 de septiembre el Comité de Información señaló que ese instituto tiene la obligación de garantizar los principios de legalidad, certeza y definitividad, y que, en caso de dar acceso a los paquetes electorales, dichos principios se violarían.

En el último punto señala que “la definitividad expresa la necesidad de dar por concluida una etapa o todo un proceso respecto de los cuales, transcurridos ciertos plazos o términos, se asumen como verdad legal y, por ende, inatacable. El proceso electoral no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el derecho de sufragio pueda ser ejercido. El proceso electoral se integra de una serie de pasos sucesivos para lograr el fin indicado. La manera más eficaz para que el proceso pueda avanzar es que exista definitividad en las distintas etapas para que en el plazo de la ley, el derecho del sufragio se ejercite. Esto implica que los plazos del proceso electoral que adquieren definitividad son los que emiten las autoridades encargadas de organizar los comicios en cada una de las etapas que integran dicho proceso”.

El asunto no es menor. Con asesoría del doctor John Mill Ackerman, Contralínea solicitó que se pusieran a su disposición todos los documentos que obran en los paquetes de la elección presidencial 2006, incluyendo las boletas y actas. En la petición se dejó claro que, según el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y estudioso de la Ley de Transparencia, “no se puede declarar reservada ninguna información que sea necesaria para investigar la violación a algún derecho fundamental, incluso si hay un procedimiento jurídico, judicial o administrativo abierto o que no haya causado estado. En este sentido, la investigación versa sobre la posible violación al derecho fundamental ciudadano a elegir al presidente de la república a través del voto, derecho consagrado en la Constitución”.

Al respecto, el IFE respondió que, de acuerdo con la tesis S3EL 040/99 emitida por el Trife, “resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido… en virtud de que no puede revocarse una situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida”. Con esto, el IFE pretende evitar que se conozcan los resultados reales de la elección presidencial, pues en los paquetes electorales obra la única prueba sobre la voluntad ciudadana: el voto.

Entrevistado al respecto, John Ackerman dice: “es falso que dar a conocer las boletas afectaría la definitividad o crearía inestabilidad social. Al contrario, una quema prematura es lo que crearía una falta de certeza y de definitividad”.

El investigador añade que “el IFE dice que no puede hacer ninguna otra cosa que no sea respetar la reglamentación de los paquetes y su quema, que no hay nada que reglamente su resguardo después del proceso electoral, pero ahora mismo el IFE está resguardando esos paquetes electorales. Esto demuestra que sí los puede resguardar y que los tiene que dar a conocer.

“Evidentemente ellos van a querer acelerar la quema de los paquetes, pero cualquier quema prematura sería, a los ojos de todos, un esfuerzo para esconder la evidencia de una posible irregularidad. Si ahora no tenemos certeza del proceso electoral, la quema anticipada de las boletas minaría aún más ese principio”.

Para la doctora Irma Sandoval “la respuesta del IFE es muy artificial, muy plástica, porque está metiendo argumentos que no tiene porque darnos. Nosotros no estábamos poniendo en cuestión la definitividad del proceso electoral ni estábamos pidiéndole al IFE que evitara la destrucción de las boletas, que es uno de los argumentos que nos dan. Ellos dicen: ‘No podemos darles acceso a la información porque su petición nos haría contravenir nuestras obligaciones de destruir las boletas’. Pero nosotros no le estamos pidiendo que no destruya las boletas, sino que antes de destruirlas las ponga a nuestra disposición”.

Destrucción, la amenaza

En su resolución, el IFE determina que el camino natural de los votos no es el acceso público sino la destrucción. Y es que de acuerdo con el instituto encabezado por Luis Carlos Ugalde, amigo de Felipe Calderón y de Elba Esther Gordillo, “las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento”.

Para justificar esta interpretación de la Ley de Transparencia, el IFE señala que, para efectos de acceso a la información, documento es “cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”, y que las boletas no se ajustan a esta definición.

Ackerman considera que “la resolución de este caso no sólo va a tener trascendencia nacional sino también internacional: no es nada más una cuestión de estas boletas y de esta elección, sino del precedente que asiente para el futuro. Si se permite que el IFE destruya las boletas electorales antes de darse a conocer vamos a estar poniendo un ejemplo muy claro de que la transparencia es buena cuando no afecta intereses o cuando no haya problemas, pero cuando ya es una situación más complicada se encuentran todas las argucias legales para evitarla”.

Explica que “este acceso a la información que estamos promoviendo no es necesariamente para contar los votos, no es para determinar quién ganó o no ganó, es para ver la calidad de la elección, para ver qué tan bien se llevó a cabo, es para evaluar el desempeño de los organismos electorales que, como organismos autónomos, están más obligados a rendir cuentas”.

Irma Sandoval advierte que “al decir que las boletas no son documentos, mágicamente dejan de ser documentos, porque sí dice que son documentos cuando las genera el IFE, pero metafísicamente dejan de serlo cuando el ciudadano las cruza con el crayón. Lo que lo hace no documento es el ciudadano cuando marca su preferencia electoral. Este argumento es plástico, artificial y exagerado”.

Agrega que el instituto “da a las boletas un tratamiento de documentos confidenciales sólo por el hecho de que, entre comillas, son material susceptible de ser destruido, entonces se les da un tratamiento como si fueran confidenciales, como si no tuvieran que ser públicas, a pesar de que sí lo son. La interpretación del ‘como si’ es lo que llama la atención de esta respuesta”.

La doctora Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, aclara que el voto “es un derecho fundamental y es un asunto público. Esta argumentación que da el IFE es débil y artificial y va a tener que ser revocada: no resiste la prueba de las leyes y de la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia. De no ser así, entonces estaríamos en un franco, abierto y total retroceso democrático”.

Y señala que “el IFE no hace bien su tarea, el Tribunal tampoco y ahora la Ley de Transparencia también se va ha echar para atrás, que es uno de los pocos, si no es que el único avance que la sociedad pudo formalizar durante el sexenio del presidente Fox”.

Este ejercicio se debe llevar hasta sus últimas consecuencias. “Es una observación electoral, no estamos tratando de tener un presidente ciudadano o de cuestionar la decisión tomada por el Tribunal, sino de ejercitar nuestro derecho al acceso a la información y poner a rendir cuentas a nuestros órganos electorales”.

Trife: subordinado al Ejecutivo



El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que declaró presidente electo al panista Felipe Calderón Hinojosa, respondió a intereses políticos y no a criterios jurídicos, considera el doctor en Derecho Constitucional Jaime Cárdenas Gracia.

El experto en materia jurídica agrega que, en México, el Poder Judicial aún está subordinado al Ejecutivo. Por ello, los magistrados prefirieron avalar una elección que debió haber sido anulada debido a la serie de irregularidades graves que se cometieron durante el proceso.

“El Tribunal no hizo lo suficiente. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y con el 191, fracción 20, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal pudo haber investigado y haberse allegado de elementos de prueba para acreditar si los señalamientos de la coalición Por el Bien de Todos eran o no ciertos, fehacientes.”

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera que el Tribunal descuidó el cumplimiento de la Ley. Desestima los argumentos con los que el Tribunal rechazó la impugnación a los comicios realizada por el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador.

El primero de ellos es la insuficiencia de pruebas para acreditar la nulidad de las elecciones. Sin embargo, el investigador señala que los magistrados tenían la facultad de allegarse de éstas y, por consigna, no lo hicieron.

“En materia electoral no solamente las partes aportan las pruebas. Por la naturaleza de los asuntos electorales, la autoridad está obligada allegarse de los elementos de prueba y el Tribunal no movió ni un dedo para ello.”

La segunda razón que el TEPJF ofreció al rechazar la impugnación fue que, a pesar de existir irregularidades en el proceso, éstas no fueron lo suficientemente graves para influir en el resultado.

“La injerencia de Fox o la contratación de tiempos en radio y televisión por el Consejo Coordinador Empresarial están directamente relacionados con el incumplimiento de los principios constitucionales que establece el artículo 41 constitucional, el cual señala que el voto debe ser libre y auténtico”.









IFAI, silencio cómplice



Ante la negativa del IFE de dar acceso a las boletas electorales, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debe pronunciarse sobre la publicidad de esta papelería, considera la doctora Irma Sandoval, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Para la coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia “el hecho de que los comisionados no tengan atribuciones legales, no los exime de su responsabilidad social y política que significa posicionarse frente a este gran desafío que la Ley de Transparencia está enfrentando.

“El proceso no se reduce a la petición de un ciudadano en particular, sino que es la ley la que está siendo puesta en entredicho, y es nuestro derecho al acceso a la información el que está siendo vulnerado. Ellos son los comisionados a nivel federal para hacer valer este derecho, la ley y las reglamentaciones que lo auspician; entonces, evidentemente, tienen que posicionarse”.

El silencio del IFAI se da a pesar de que fuentes de primer nivel de ese instituto aseguraron a Contralínea que el pleno se pronunciaría con oportunidad sobre la naturaleza pública de la información contenida en los paquetes electorales, aún cuando no tienen competencia en la materia.

Irma Sandoval dice que “Alonso Lujambio, presidente del IFAI, es el primero que debería emitir su posición: él ha sido muy cuestionado por su cercanía con el Partido Acción Nacional y en particular con Felipe Calderón. Pero sus respuestas han sido para defender sus derechos personales como ciudadano, que evidentemente están claros y no se ponen en cuestión, pero defiende su posición como ciudadano y no habla de la defensa de la institución que el preside, que es el IFAI. Él debería estar siempre velando por la institucionalidad y no por sus derechos como ciudadano”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó hablar con los comisionados del IFAI, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.



Publicado: Septiembre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 6

TERCERA NOTA:


La sombra de Marta

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos
Hasta los últimos actos públicos, Marta Sahagún hace gala de sus abusos. Su llegada al Sexto Informe presidencial estuvo acompañada por una veintena de camiones de la empresa Autobuses Estrella Blanca, de su benefactor Salvador Sánchez Alcántara, para quien la pareja presidencial gestionó que el IPAB mantenga oculto el abultado adeudo que el consorcio camionero heredó como deuda pública por medio del Fobaproa


Marta Sahagún


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Llegó envuelta en un traje de tehuana. Antes de subir los 14 escalones que conducen a la puerta principal de San Lázaro, Marta Sahagún se detuvo apenas unos segundos para agitar ligeramente la mano ante la hilera de fotógrafos que le pedían a gritos “un saludo”. Sonreía. Una hora después descendía por esas mismas escalinatas, pero el humor era distinto, ésta vez manoteaba en reclamo a su esposo, el Presidente.

Antes del arribo de Marta Sahagún al Congreso, en el área de basamento de la Cámara, los diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ultimaban detalles para la ofensiva en una reunión privada que comenzó después de las cuatro de la tarde, cuando los reporteros comían en el salón anexo a Los Cristales. A puerta cerrada los perredistas preparaban la estrategia: banderas y ejemplares de la Constitución envueltos con listos negros que más tarde exhibirían en tribuna.

En primera fila Rosario Ibarra, luego María Rojo y Ruth Zavaleta, sonreían, cuchicheaban.

Al concluir la reunión, los legisladores hicieron fila para acceder a los escaners de seguridad, paso obligado al Salón de Plenos. El plan estaba fraguado. Ninguno reparó en la presencia del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde quien, distraído, deambulaba a la vuelta del pasillo.

Entrampada la fila, los diputados abrieron paso al coordinador de los senadores, Carlos Navarrete, para que se colara al principio, porque hay de fueros a fueros. A los del Sol Azteca se les veía sonrientes, contrario a los inciertos rostros de los panistas, quienes se urgían en adivinar lo que el PRD tramaba.

Afuera, las barricadas instaladas por los más de 3 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, Policía Federal Preventiva y de las secretarías de Seguridad Pública del D.F. y federal, además del personal de resguardo legislativo que blindaban el inmueble como una zona de guerra, fueron traspasadas, con salvoconducto de presidencia, por los veinte camiones de Autobuses Estrella Blanca que en punto de las seis treinta se alinearon para formar una valla que impedía ver las reducidas protestas en las inmediaciones del recinto.

A bordo de los camiones, los choferes que lucían el uniforme perfectamente planchado, se ajustaban los lentes obscuros mientras esperaban, detrás del volante, a los inexistentes pasajeros.

Diez minutos después, sobre la misma avenida Congreso de la Unión, de otro autobús de Estrella Blanca descendía Marta Sahagún, transporte de cortesía de su incondicional Salvador Sánchez Alcántara, para quien la Presidencia gestionó ante el IPAB el blindaje de su abultado adeudo en el Fobaproa, a cambio de la chamba para Vicentillo y de la promoción de la fundación de la señora de Los Pinos en boletos de viaje impresos con el rostro de Marta, para rifas y descuentos, y en videos impuestos a bordo de los camiones.

El cerco de los autobuses impidió que la esposa del presidente viera a los Panchos Villa, los Panteras y uno que otro cegeachero, quienes -contrario al exhorto lanzado por López Obrador de “no ir” a la Cámara- armados de palos y piedras golpeaban inútilmente la barrera de acero que nunca cedió. Marta tampoco vio los cientos de toletes y escudos que empuñaban los granaderos cuyos rostros se perdían detrás de los gastados cascos, prestos a detener la irrupción de quienes a gritos coreaban su repudio al presidente y al fraude electoral.

Entró en el salón, donde esperó, junto con su grupo de invitados especiales la llegada de Vicente Fox. “Entonces sí habrá informe, porque Marta ya dio la pauta”, decía una fotógrafa detrás de la valla y se desplazaba hasta el estacionamiento frente al Museo Legislativo. “Los Sentimientos de la Nación”, donde, alguien filtró a su periódico que arribaría el presidente a bordo del helicóptero. Estrategia falsa.

A dos semanas de distancia, los mismos legisladores del PRD que aquella lluviosa tarde de septiembre tomaron por asalto la tribuna, se reúnen a diario en el salón Heberto Castillo, en San Lázaro, a coordinar sus trabajos en la LX Legislatura y ponerse de acuerdo en la estrategia a seguir el próximo 1 de diciembre, en la toma de protesta del que califican como presidente “impuesto”, día en que, dicen, podrían dar otra sorpresa.

Se niegan a confirmar si habrá boicot y en qué consistirá. Burlones, los legisladores recuerdan el molesto gesto de Marta Sahagún al abandonar San Lázaro, “lo ha de haber regañado porque después de que quería ser presidenta tuvieron que salir por la puerta trasera, y hasta corriendo”, dice una diputada. La misma frase fue pronunciada aquél 1 de septiembre en pleno Zócalo por la actriz Jesusa Rodríguez.

Apenas siete minutos duró la última visita de Vicente Fox al recinto legislativo, luego, su enorme silueta se perdió junto a la de Marta Sahagún hasta formar una sombra. Cuando las negras nubes que aceleraban la oscuridad de aquella noche se convirtieron en tormenta, los camiones de Estrella Blanca también partieron.


Publicado: Septiembre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 6

ULTIMA NOTA:



Desprecia Fox miseria agrícola

Erika Ramírez
Distante de la crisis que atraviesa el agro mexicano, el presidente Vicente Fox presume en su último Informe de gobierno un “impulso” al sector, mientras que en la realidad millones de campesinos sobreviven en la miseria y otros, aún más pobres, han abandonado sus tierras para contratarse como jornaleros




Durante el sexenio del cambio las “cifras alegres” de Vicente Fox son apenas un espejismo para más de 20 millones de trabajadores rurales. La pobreza, la emigración, el desempleo, la marginación y la falta de desarrollo tecnológico no figuran en los datos oficiales entregados en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, el primero de septiembre.

En su VI Informe de Gobierno, Fox sueña haber logrado un “crecimiento con calidad” a lo largo de su administración, y presume logros y fortalecimiento a los apoyos gubernamentales del sector agroalimentario y pesquero, con un presupuesto para el 2005 de 48 mil 396 millones de pesos y en 2006 de 51 mil 14 millones de pesos, asignados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Convencido de haber estimulado las políticas necesarias para el desarrollo de grupos y zonas rurales prioritarias, el presidente resalta que estas medidas sirvieron “para garantizar la seguridad alimentaria, aumentar el ingreso de los productores, la generación de empleos, el ordenamiento de los mercados, recuperar la competitividad y las capacidades de los productores del campo; así como contribuir al bienestar familiar y a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”.

Pero expertos en la materia aseveran que los “beneficios” de los que habla Fox son un “cuento chino” presidencial, pues los únicos favorecidos por el esquema panista fueron los medianos y grandes empresarios, no así los campesinos.

El diputado Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo (PT), dice que el titular del Poder Ejecutivo falló a los campesinos en todo su mandato. “Miles creyeron que encabezaría una transformación en este país, sobre todo en un sector tan agraviado; sin embargo, en seis años no le aportó nada nuevo, son las mismas políticas que impulsó el Partido Revolucionario Institucional.”

En el campo existen más de 23 millones de personas que subsisten en situación de miseria, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); además de los 2.4 millones de emigrantes que han salido en busca de nuevas formas de empleo durante el mismo periodo, reportados en el segundo Conteo de Población y Vivienda que llevó a cabo la misma institución.

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