Otra vez el gobernador de Jalisco causa ruido con su reacción contra unas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por tortura a siete personas detenidas en diversos momentos y circunstancias. En los dichos del gobernador pueden identificarse dos argumentos. Uno: La comisión quiere notoriedad. Dos: Los torturados son delincuentes. Ninguno rebate el hecho central afirmado por la CEDHJ, esto es, que los detenidos sufrieron tortura a manos de sus captores. Las autoridades responsables de perseguir los delitos deben proceder a investigar la afirmación de la Comisión y si encuentra evidencia jurídicamente valida, tal como lo establece la recomendación, deberá proceder de acuerdo a las leyes porque en México es un delito grave infringir tortura a una persona. ¿Por qué el ruido? Esa es la pregunta sin respuesta.
No puede aceptarse que el gobernador haga ruido porque una oficina gubernamental cumpla con su encargo. Conseguir resultados públicos, financiados con el erario público, y dar cuenta de un cuidadoso trabajo y sus frutos tal como lo informa la CEDHJ es algo para felicitarnos todos. Por ahí no puede estar la razón del ruido.
Tampoco puede aceptarse que el gobernador exprese públicamente molestia porque el fruto del trabajo de una oficina pública puede obstaculizar sus pretensiones de ascender a un puesto en el nuevo gobierno federal. No puede uno pensar tal desatino porque, uno, el propio gobernador ha dicho a voz en cuello que aun no tiene invitación del nuevo gobierno, y dos, porque lo publicado por la CEDHJ es una medalla para su gobierno: En Jalisco se persigue el delito grave, no se tolera la tortura. Es para presumir.
El gobernador, ¿pensará que los delincuentes no son humanos? ¿Le ganó un cierto arrebato declarativo antes de revisar el significado y el valor del hecho producido por la CEDHJ? Es pensable. El mismo gobernador ha mostrado en algunas contadas ocasiones esa conducta impulsiva, la cual él mismo se ha encargado de atenuar. Hasta el momento de escribir esta nota no se conoce alguna declaración atenuante. Sin embargo, es poco probable que el gobernador en los momentos finales de su mandato proceda impulsivamente.
Los jaliscienses como mexicanos tenemos derechos humanos garantizados por la Constitución y es bueno proteger a quienes les son conculcados por autoridades irresponsables; y es bueno averiguar si la irresponsabilidad es tal que merece sanción. La razón de la molestia del gobernador, en todo caso, tiene que explicarla él, si quiere.
COMENTARIO: Aún queriendo conceder el beneficio de la duda, no se puede aceptar que un gobernador permita que las autoridades policiacas torturen sin recibir castigo. La información obtenida por la tortura la mayoría de las veces no sirve para nada, el torturado, si antes no respetaba la ley tiene una razón más para no obedecerla y el torturador, al no recibir castigo, se unde más en el salvajismo y la barbarie.
Sin embargo, el problema de fondo, como en muchísimas cosas en este país, es que las autoridades por el hecho de serlo, pueden romper la ley cuando quieran y como quieran con total impunidad, desde el presidente hasta los directores de escuela. Mientras exista tanta impunidad, nuestor "estado de derecho" e "instituciones" no dejarán de ser sólo un espejismo.
No puede aceptarse que el gobernador haga ruido porque una oficina gubernamental cumpla con su encargo. Conseguir resultados públicos, financiados con el erario público, y dar cuenta de un cuidadoso trabajo y sus frutos tal como lo informa la CEDHJ es algo para felicitarnos todos. Por ahí no puede estar la razón del ruido.
Tampoco puede aceptarse que el gobernador exprese públicamente molestia porque el fruto del trabajo de una oficina pública puede obstaculizar sus pretensiones de ascender a un puesto en el nuevo gobierno federal. No puede uno pensar tal desatino porque, uno, el propio gobernador ha dicho a voz en cuello que aun no tiene invitación del nuevo gobierno, y dos, porque lo publicado por la CEDHJ es una medalla para su gobierno: En Jalisco se persigue el delito grave, no se tolera la tortura. Es para presumir.
El gobernador, ¿pensará que los delincuentes no son humanos? ¿Le ganó un cierto arrebato declarativo antes de revisar el significado y el valor del hecho producido por la CEDHJ? Es pensable. El mismo gobernador ha mostrado en algunas contadas ocasiones esa conducta impulsiva, la cual él mismo se ha encargado de atenuar. Hasta el momento de escribir esta nota no se conoce alguna declaración atenuante. Sin embargo, es poco probable que el gobernador en los momentos finales de su mandato proceda impulsivamente.
Los jaliscienses como mexicanos tenemos derechos humanos garantizados por la Constitución y es bueno proteger a quienes les son conculcados por autoridades irresponsables; y es bueno averiguar si la irresponsabilidad es tal que merece sanción. La razón de la molestia del gobernador, en todo caso, tiene que explicarla él, si quiere.
COMENTARIO: Aún queriendo conceder el beneficio de la duda, no se puede aceptar que un gobernador permita que las autoridades policiacas torturen sin recibir castigo. La información obtenida por la tortura la mayoría de las veces no sirve para nada, el torturado, si antes no respetaba la ley tiene una razón más para no obedecerla y el torturador, al no recibir castigo, se unde más en el salvajismo y la barbarie.
Sin embargo, el problema de fondo, como en muchísimas cosas en este país, es que las autoridades por el hecho de serlo, pueden romper la ley cuando quieran y como quieran con total impunidad, desde el presidente hasta los directores de escuela. Mientras exista tanta impunidad, nuestor "estado de derecho" e "instituciones" no dejarán de ser sólo un espejismo.
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