LUIS JAVIER VALERO:LAS REFORMAS ELECTORALES INELUDIBLES

NOTA DEL DIARIO DE CIUDAD JUAREZ:

Las reformas electorales ineludibles
24 de Septiembre del 2006
Actualizado: 12:14:16 AM hora de Cd. Juárez
# Establecer la obligación de la contratación de propaganda política a través del IEE


Luis Javier Valero Flores
Sin haberse resuelto el conflicto postelectoral –quizá nunca se resuelva-- y en medio de una especie de pasmo nacional, los actores políticos de quince entidades federativas se aprestan a afrontar los respectivos procesos electorales a celebrarse durante el próximo año, Chihuahua entre ellos.

Si una experiencia dejó el recién terminado proceso electoral, es que urge legislar acerca de la propaganda política transmitida en los medios electrónicos de comunicación. No obstante el escaso tiempo con en el que cuenta el Congreso del Estado –tiene un plazo fatal que vence el último día de octubre para realizar reformas al marco legal electoral-- es suficiente para abordar el que es el problema número uno de los procesos electorales.

La decisión del Poder Legislativo –unánime-- adoptada para abordar los aspectos “técnicos” de la discusión de este tema es elogiable, pero no deberá ser el pretexto para esconder el otro aspecto toral de la ya inminente campaña electoral: la designación de los consejeros ciudadanos que habrán de integrar la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Necesitamos reforma electoral, sí, pero es imprescindible contar con un organismo electoral que le regrese a los ciudadanos –bueno, no a todos, porque algunos están de acuerdo con la actuación del IFE (por supuesto, los simpatizantes del ganador oficial)-- la confianza en los organismos electorales pues es indudable que el IFE perdió mucha credibilidad en amplias capas de la población.

Así, por lo menos estos dos aspectos de los procesos electorales debieran concitar no sólo la más amplia discusión posible, sino también el consenso de las fuerzas políticas. Regular –y lo más importante, saber los tiempos contratados y las tarifas ofrecidas por las empresas a las distintas fuerzas políticas durante la campaña-- debiera ser el asunto central de las reformas legislativas en esta materia.

Otros países lo han resuelto de mejor manera: está prohibida la transmisión de la propaganda política en los medios electrónicos de comunicación. Los mejores ejemplos de ello son Inglaterra y Francia.

¡Ah! Pero esos son países del primer mundo, dirán los defensores del pleno libertinaje que ahora sufrimos.

No, en Brasil también está prohibida la contratación de tiempos en esos medios y el organismo electoral le ordena –sí, le ordena-- a las empresas radiofónicas y televisivas enlazarse en dos emisiones diarias (una matutina y otra vespertina) con tiempos iguales para todas las fuerzas políticas, en las que los candidatos exponen sus propuestas y de ahí más, nada.

No pueden contratar espacios, ni spots, ni nada. Por tanto, los partidos se ven obligados a realizar una tarea más de “tierra”, a efectuar miles de visitas domiciliarias en las que los candidatos no sólo exponen verbalmente su propuesta sino que obligan al electorado a LEER los diferentes programas políticos propuestos por los partidos y sus candidatos.

Y por supuesto que los gastos de campaña son menores que los de nuestros políticos. Tales medidas impiden, también, que las empresas de los medios de comunicación actúen discrecionalmente en la fijación de tarifas a los partidos, algo frecuente en México.

Contra una reforma de este tipo, es obvio, están resueltamente en contra las dos cadenas televisivas del país, especialmente Televisa, porque ésta posee, además, una vasta cadena radiofónica. Aún no se ha dado el informe de lo gastado por los partidos políticos en la pasada campaña electoral, pero no será raro que la cifra de lo gastado en radio y televisión constituya algo así como el 70 por ciento de todos los gastos de las campañas. Ahí se van la mayoría de los recursos económicos entregados a los organismos partidarios en forma de “prerrogativas” y los financiamientos privados obtenidos por partidos y candidatos. ¿Cuánto es? El gasto total de la campaña electoral pasada costó algo así como los mil doscientos millones de dólares (Carlos Tello Díaz, Proceso 1557, 3/IX/06) y eso sin contar los gastos de las precampañas.

Estamos hablando, en números cerrados, de casi 13 mil millones de pesos, de ellos 8 mil 900 millones de pesos se fueron a las arcas de los propietarios de las empresas televisivas. Baste saber que un anuncio en el canal más popular del país, en horario estelar, cuesta poco más de 400 mil pesos, por sólo 20-30 segundos. ¡Magnífico negocio son las elecciones!

Y no es sólo el aspecto económico el factor a deplorar, también la calidad de las elecciones. No es lo mismo un electorado cautivo de los abundantes mensajes televisivos (en menor medida, radiofónicos), con pocas lecturas, y extremadamente lábil a la propaganda como la que sufrimos durante meses, a un electorado que poco a poco se acostumbra a leer programas, planes, discursos y propuestas y que tiene la posibilidad de debatir con los representantes de los partidos y los candidatos que llegan a su casa a exhortarlo a votar.

Pero si tal situación es, en estos momentos, sólo una aspiración, los actuales diputados locales sí están en condiciones de aprobar una reforma que obligue a los partidos y candidatos a contratar los tiempos y anuncios en los medios electrónicos de comunicación a través del organismo electoral, esto es, por medio de un órgano del IEE especializado en esa tarea y que, además, sea totalmente transparente. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber en qué se gastan el dinero los partidos en las campañas –por supuesto también cuando no hay proceso electoral-- y en términos de equidad (algo que olvidan frecuentemente las autoridades electorales) este paso sería un gran avance, pues de ese modo se podría saber si efectivamente los candidatos no se exceden en los gastos de campaña.

Pero efectuar una medida de ese talante pasa por la modificación en las sanciones a partidos y candidatos, porque en la actualidad (y ya pasó con el alcalde de la capital del estado, Juan Blanco) si un candidato se excede en los gastos de campaña… no pasa nada. Meses después de terminado el proceso electoral, el organismo respectivo dictamina que así fue y sanciona con una multa económica al partido postulante, y éste paga la multa con los recursos públicos que le entrega el mismo organismo electoral. ¿Cuál castigo?

En cambio, la legislación del DF, por ejemplo, establece como sanción, si el candidato señalado obtuvo el triunfo, la separación del cargo de él y su suplente, y la sustitución por la fórmula que obtuvo el segundo lugar, además de las sanciones económicas al partido y hasta la posibilidad de castigos penales para los candidatos y dirigentes partidarios infractores.

Esa sí es una manera de cohibir el excesivo gasto en las campañas, bueno, por lo menos tratar de evitarlo.

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