LA LEGALIDAD DE LA CONVENCION NACIONAL DEMOCRATICA.

DE LA JORNADA:

Magdalena Gómez
La legalidad de la CND

La decisión de la Convención Nacional Democrática (CND) de nombrar a López Obrador presidente legítimo tiene base legal de dimensión constitucional, pues más allá del artículo 39 -que es el paraguas y horizonte constitucional de la CND y que nos coloca en el debate sobre la representatividad del "pueblo" y la vía para cambiar la forma de gobierno- están los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que tomaron tal decisión, particularmente la libertad de expresión y de asociación. Tal implicación contrasta con lo declarado por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza: "La Presidencia de la República no está vacante, no está a subasta y, por lo tanto, hay que insistir en que la única forma de tener acceso al poder político es a través de las elecciones, tal como se celebraron el 2 de julio". Agregó que declarar "presidente legítimo'' a Andrés Manuel López Obrador ''no tiene absolutamente ningún efecto jurídico'' (La Jornada, 19 de septiembre de 2006). Olvida el huésped de Bucareli que a López Obrador lo eligió la ciudadanía precisamente en comicios el pasado 2 de julio, y que el uso faccioso de la ley le privó de la Presidencia.

Para citar un ejemplo del carácter libertario y demócrata de este movimiento baste señalar el poco énfasis que ha merecido en los análisis la indicación de la propia CND de que el acatamiento de sus resoluciones es voluntario, por ende, no obligatorio, ni siquiera para quienes participaron en su fundación; nadie los perseguirá si cambian de opinión, menos aún a los que tomen distancia de este proyecto. Siendo esto así, más de un millón de ciudadanos y ciudadanas ejercieron su derecho a desconocer al presidente usurpador y reconocer al que a su juicio es legítimo. Cuántas adhesiones más concite será parte de la tarea del propio movimiento.

Por otra parte, el carácter y funciones del presidente itinerante tampoco rayan en ilegalidad alguna, pues encabezar la oposición a la usurpación y realizar un marcaje social puntual a las decisiones que pretenda tomar el gobierno espurio y, sobre todo, abanderar el movimiento pacífico por la refundación de la República también forman parte de los derechos que tenemos los mexicanos y que hoy por hoy están inconclusos, pues aún no contamos con el de revocación del mandato y parte de la lucha será alcanzarlo. En ese sentido va la iniciativa de reforma que han presentado legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Así que no hay manera de hablar de "usurpación de funciones" tratándose de la decisión de la CND; se equivocan quienes menosprecian la voluntad ciudadana ahí expresada, no hay tampoco locura de por medio si hay sueños colectivos, ideales, ganas de alcanzar la utopía. Al contrario, hay mucha tela de donde cortar tratándose de Felipe Calderón si nos colocamos de cara a lo que fue el proceso electoral y la precariedad de argumentos de las instancias que formalmente lo convalidaron. Ahora bien, ubicada la legalidad de la decisión se tuvo el cuidado de calificar su nombramiento con el digno apellido de legítimo. Dicho esto habría que ubicar la dimensión histórica de un movimiento que se planta y dice su "ya basta" a los atropellos y saqueos del país y se dispone a recuperarlo eligiendo para ello a un líder en el que tiene confianza y por quien votaron 15 millones de mexicanos en las pasadas elecciones, lo hicieron además con alegría, pues ése fue el ánimo que prevaleció en la multitudinaria sesión de la CND.

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