Forman un trío vapuleado en Jalisco. Desde el gobierno estatal se tolera la tortura; a la par, se banalizan los derechos humanos con el pretexto que estos sirven para proteger a delincuentes. El gobernador, desacata la ley de transparencia escudándose en supuestas inconsistencias jurídicas que no vetó en su momento para no aparecer como autoritario. Por lo tanto, promueve una contrarreforma de esa legislación que, puede contener cuestionamientos válidos a la coherencia de ese ordenamiento, pero busca afanosamente evitarle pasar por un procedimiento administrativo que lo inhabilitaría para ocupar un puesto público durante el tiempo que durara el proceso. A quien destapó la candidatura de Felipe Calderón a la presidencia le urge estar libre de cualquier presión para integrarse cuanto antes al gobierno federal. Acatar la transparencia exigida, hacer caso de las recomendaciones y observaciones de comisiones locales, nacionales o internacionales relacionadas con los derechos humanos, concede que acceder a la información contribuye a la rendición de cuentas; veneno puro contra la impunidad.
A ese vapuleo contribuyen una parte del Congreso local y un sector de la cúpula empresarial. La jerarquía católica desconoce que los derechos humanos fortalecen el estado de derecho, aunque se ha manifestado por respetar la ley de transparencia. El resultado de estas presiones es que hay creencias teñidas de irracionalidad que han prendido entre clases medias y sectores populares asustadizos, que se han mostrado manipulables en sus miedos, con lo cual terminan por apoyar intereses espurios. Se quiere hacer creer que la tortura debe tolerarse por su rol disuasivo sobre los criminales; se engaña, al esperar que por ese medio se obtiene la verdad. Sabemos que esconderla acrecienta la impunidad de quienes la ejercen, fomenta el autoengaño, condena al derecho como instrumento de venganza y termina por revertirse contra quienes la fomentan.
Acceder a la información es un derecho humano de tercera generación que se pretende vulnerar en Jalisco, pues al limitar el acceso a la información pública se mantiene una franja opaca que mantiene privilegios para quienes manejan información reservada y se debilita la cultura de rendición de cuentas del funcionario público. La contrarreforma del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITIP), impulsada por algunos diputados locales, busca restarle facultades vinculatorias a sus recomendaciones y disminuir sus atribuciones para exigir acceso a la información, mediante complicaciones administrativas para el desahogo de las solicitudes que puedan hacer los ciudadanos. Además, al proponer que el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) conozca y revise las resoluciones del ITIP, alegando que ello posibilita interponer amparo contra los fallos del Instituto, se desvirtúan sus funciones al abrir negociaciones investidas de legalidad que terminan por revertir las resoluciones del ITIP.
En el derecho a la información está la clave para erradicar la tortura y terminar con la impunidad del que no rinde cuentas. Un mito que lleva a errores es pensar que acceder a la información fortalece principalmente a periodistas deseosos de poder que caen en amarillismos. Al contrario, la transparencia ayuda al combate a la corrupción y al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Nos ayuda conocer cuanto ganan las gobernantes, como se asignan los contratos de obra pública, cómo y quienes gastan los recursos públicos, qué tanto se apegan a sus planes y funciones institucionales. Son hipócritas quienes confían en la tortura como medio para alcanzar la justicia, quienes pretenden eludir la rendición de cuentas opacando las garantías de acceso a la información. Al banalizar y vulnerar esos derechos, no ganan los que están tratando de cambiar la ley o de tolerar la tortura. Todos, incluyéndolos a los contrarreformistas, pierden la oportunidad de alcanzar un estado de derecho con calidad democrática.
A ese vapuleo contribuyen una parte del Congreso local y un sector de la cúpula empresarial. La jerarquía católica desconoce que los derechos humanos fortalecen el estado de derecho, aunque se ha manifestado por respetar la ley de transparencia. El resultado de estas presiones es que hay creencias teñidas de irracionalidad que han prendido entre clases medias y sectores populares asustadizos, que se han mostrado manipulables en sus miedos, con lo cual terminan por apoyar intereses espurios. Se quiere hacer creer que la tortura debe tolerarse por su rol disuasivo sobre los criminales; se engaña, al esperar que por ese medio se obtiene la verdad. Sabemos que esconderla acrecienta la impunidad de quienes la ejercen, fomenta el autoengaño, condena al derecho como instrumento de venganza y termina por revertirse contra quienes la fomentan.
Acceder a la información es un derecho humano de tercera generación que se pretende vulnerar en Jalisco, pues al limitar el acceso a la información pública se mantiene una franja opaca que mantiene privilegios para quienes manejan información reservada y se debilita la cultura de rendición de cuentas del funcionario público. La contrarreforma del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITIP), impulsada por algunos diputados locales, busca restarle facultades vinculatorias a sus recomendaciones y disminuir sus atribuciones para exigir acceso a la información, mediante complicaciones administrativas para el desahogo de las solicitudes que puedan hacer los ciudadanos. Además, al proponer que el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) conozca y revise las resoluciones del ITIP, alegando que ello posibilita interponer amparo contra los fallos del Instituto, se desvirtúan sus funciones al abrir negociaciones investidas de legalidad que terminan por revertir las resoluciones del ITIP.
En el derecho a la información está la clave para erradicar la tortura y terminar con la impunidad del que no rinde cuentas. Un mito que lleva a errores es pensar que acceder a la información fortalece principalmente a periodistas deseosos de poder que caen en amarillismos. Al contrario, la transparencia ayuda al combate a la corrupción y al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Nos ayuda conocer cuanto ganan las gobernantes, como se asignan los contratos de obra pública, cómo y quienes gastan los recursos públicos, qué tanto se apegan a sus planes y funciones institucionales. Son hipócritas quienes confían en la tortura como medio para alcanzar la justicia, quienes pretenden eludir la rendición de cuentas opacando las garantías de acceso a la información. Al banalizar y vulnerar esos derechos, no ganan los que están tratando de cambiar la ley o de tolerar la tortura. Todos, incluyéndolos a los contrarreformistas, pierden la oportunidad de alcanzar un estado de derecho con calidad democrática.
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