Más sobre la búsqueda de opacidad e impunidad en Jalisco por parte de las autoridades, que ven al ciudadano que les pide cuentas como un enemigo a vencer
NOTA ORIGINAL PÚBLICO MILENIO
El Instituto de Transparencia de Jalisco (ITIP) invitó a mil personas a su primer informe de actividades. Sólo asistieron 180. Como un periodista de Público comentó al final del evento, “esto huele a complot”.
Ciertamente no hubo presencia de las entidades públicas y privadas que han declarado su disenso y molestia con la actuación del ITIP. En realidad, la contrarreforma a la Ley de Transparencia de Jalisco es una medida punitiva contra la actuación del Instituto, una suerte de mecanismo de represalia por las propuestas de sanción y órdenes que ese organismo emitió: la ausencia de representantes gubernamentales es sólo el colofón de una guerra fría entre el Poder Ejecutivo y el ITIP.
El informe del ITIP fue diferente, no sólo por el desaire paquista sino por el formato escogido. En realidad fue un panel de opiniones de representantes de grupos de la llamada “sociedad civil”, que fueron de las declaraciones bien intencionadas a las brillantes expresiones del representante de Transparencia Mexicana, quien sostuvo que Jalisco estaba a media tabla en corrupción y transparencia, por lo que no debemos envanecernos por tener una ley un poco más efectiva que la federal o la de otros estados de la república.
Jalisco no sólo enfrenta la amenaza de que se limite el derecho a la información pública, también tiene el peligro de que se polarice el debate público y la intolerancia se convierta en la moneda de cambio ante la crítica formulada a quien piensa distinto. Resulta nocivo ese tránsito de la lógica de adversarios a la política de enemigos, donde al contrario se le destruye, en lugar de formar consensos que permitan acciones constructivas.
Un enfoque mesurado implica asumir que el ITIP tiene gran prestigio entre una parte muy relevante de la sociedad y los medios, pero que necesita mejorar su relación con las entidades públicas, ya que el estado de conflicto sólo garantiza que el Instituto espere ataques recurrentes de sus detractores.
Parte de la agenda pendiente del ITIP la señaló un prominente portavoz de la “sociedad civil”, invitado a opinar en el acto: no se avanzó en la consolidación de la información fundamental (la que debe estar al alcance del público sin solicitud de por medio) y en la definición de criterios para portales de transparencia. En suma, señaló que el Instituto debía pasar de una posición reactiva a una proactiva (que, agrego yo, evitaría la visión inquisidora que ahora los detractores del ITIP critican y daría una imagen facilitadora al organismo).
Por el bien de la sociedad jalisciense, el ITIP necesita conciliar efectividad con moderación, ya que el saldo de este informe diferente es que muy pocas personas recibieron las cuentas que rindió el Instituto encargado de que los actos del gobierno sean conocidos por todos. La reforma en puerta significa el espacio para aprovechar la oportunidad de profesionalizar al ITIP y el riesgo de debilitar la ley, sin embargo es de vital importancia que los diputados distingan entre la defensa a la ley y la continuidad de las personas que la aplican. Es legitimo defender la ley, más no necesariamente a las personas.
COMENTARIO: Sin embargo es difícil pedir mesura cuando es evidente la conjura entre el Gobernador y el Congreso del Estado -con todos los partidos políticos implicados- para destruir un contrapeso que les quita mucha impunidad y exibe sus deficiencias y desprecio a los ciudadanos ante la sociedad.
Ciertamente no hubo presencia de las entidades públicas y privadas que han declarado su disenso y molestia con la actuación del ITIP. En realidad, la contrarreforma a la Ley de Transparencia de Jalisco es una medida punitiva contra la actuación del Instituto, una suerte de mecanismo de represalia por las propuestas de sanción y órdenes que ese organismo emitió: la ausencia de representantes gubernamentales es sólo el colofón de una guerra fría entre el Poder Ejecutivo y el ITIP.
El informe del ITIP fue diferente, no sólo por el desaire paquista sino por el formato escogido. En realidad fue un panel de opiniones de representantes de grupos de la llamada “sociedad civil”, que fueron de las declaraciones bien intencionadas a las brillantes expresiones del representante de Transparencia Mexicana, quien sostuvo que Jalisco estaba a media tabla en corrupción y transparencia, por lo que no debemos envanecernos por tener una ley un poco más efectiva que la federal o la de otros estados de la república.
Jalisco no sólo enfrenta la amenaza de que se limite el derecho a la información pública, también tiene el peligro de que se polarice el debate público y la intolerancia se convierta en la moneda de cambio ante la crítica formulada a quien piensa distinto. Resulta nocivo ese tránsito de la lógica de adversarios a la política de enemigos, donde al contrario se le destruye, en lugar de formar consensos que permitan acciones constructivas.
Un enfoque mesurado implica asumir que el ITIP tiene gran prestigio entre una parte muy relevante de la sociedad y los medios, pero que necesita mejorar su relación con las entidades públicas, ya que el estado de conflicto sólo garantiza que el Instituto espere ataques recurrentes de sus detractores.
Parte de la agenda pendiente del ITIP la señaló un prominente portavoz de la “sociedad civil”, invitado a opinar en el acto: no se avanzó en la consolidación de la información fundamental (la que debe estar al alcance del público sin solicitud de por medio) y en la definición de criterios para portales de transparencia. En suma, señaló que el Instituto debía pasar de una posición reactiva a una proactiva (que, agrego yo, evitaría la visión inquisidora que ahora los detractores del ITIP critican y daría una imagen facilitadora al organismo).
Por el bien de la sociedad jalisciense, el ITIP necesita conciliar efectividad con moderación, ya que el saldo de este informe diferente es que muy pocas personas recibieron las cuentas que rindió el Instituto encargado de que los actos del gobierno sean conocidos por todos. La reforma en puerta significa el espacio para aprovechar la oportunidad de profesionalizar al ITIP y el riesgo de debilitar la ley, sin embargo es de vital importancia que los diputados distingan entre la defensa a la ley y la continuidad de las personas que la aplican. Es legitimo defender la ley, más no necesariamente a las personas.
COMENTARIO: Sin embargo es difícil pedir mesura cuando es evidente la conjura entre el Gobernador y el Congreso del Estado -con todos los partidos políticos implicados- para destruir un contrapeso que les quita mucha impunidad y exibe sus deficiencias y desprecio a los ciudadanos ante la sociedad.
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