Sucumbíos, crimen de Estado y lesa humanidad
Gilberto López y Rivas
El 1 de marzo se cumplieron 12 años de la masacre de Sucumbíos, Ecuador, en la que fueron asesinadas 25 personas y sufrieron heridas graves tres sobrevivientes. De los muertos, cuatro eran estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo; mientras que, de los heridos, Lucía Andrea Morett Álvarez, también era estudiante mexicana. Los cinco jóvenes, con entrada legal a Ecuador, eran conocidos en los ámbitos políticos, y por quien escribe, por su solidaridad con el pueblo colombiano, y habían llegado el día anterior de visita al campamento guerrillero, sede del considerado principal negociador y canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el reconocido comandante Raúl Reyes, blanco principal del bombardeo y ocupación por parte del ejército y la policía de Colombia. Por las características técnicas y la información de inteligencia del ataque de Sucumbíos, particularmente el uso de bombas de precisión, el tipo de aviones, la logística detrás de las tropas colombianas, así como los alcances estratégicos de la acción en el contexto regional de esos años, es claro que Estados Unidos participó en este acto de terrorismo de Estado, crimen de guerra y lesa humanidad, que al violar la soberanía de otro país, pudo derivar en una guerra de alcances inimaginables.
Ante este artero crimen, el papel del gobierno de México fue lamentable, ya que no defendió los intereses de sus connacionales muertos y heridos en el exterior, no exigió justicia ni condenó esta agresión armada contra un país soberano. Por el contrario, tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto permitieron que los servicios de inteligencia colombianos se desplazaran por territorio nacional a su arbitrio, llegando incluso a soslayar las amenazas del embajador colombiano en nuestro país contra los padres de los muchachos asesinados. A partir de Sucumbíos, los organismos de inteligencia colombianos, estadunidenses y mexicanos montan en México una campaña mediática e, incluso, judicial, encaminada a presentar a las víctimas como peligrosos criminales, y a la UNAM, donde ellos estudiaban, como guarida de terroristas. Destacan, en ese tiempo, algunos sicarios mediáticos que, en sus artículos, no lograban sustraerse del formato policiaco de quienes les pagaban. También es necesario recordar que grupos de la ultraderecha mexicana presentaron denuncias judiciales intentando crear un clima de cacería de brujas en contra de quienes siempre nos hemos manifestado en favor de la justa lucha del pueblo colombiano, a partir de la incautación de unas supuestas computadoras del comandante Raúl Reyes, que milagrosamente sobrevivieron al bombardeo y el ametrallamiento del campamento guerrillero, cuyo material conspirativo nutrió a los medios informativos (sic) y los aparatos judiciales. Pese al inmenso dolor de madres y padres por la pérdida de sus hijos, se conformó, en ese mismo marzo de 2008, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, que, acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), presentaron una denuncia de hechos por el asesinato de los jóvenes y las lesiones contra Lucía, señalando como responsable al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y la cadena de mando subsecuente, involucrada en la llamada Operación Fénix. Se inició la averiguación previa UEDE/041/2009, que no ha prosperado y que, según indica recientemente la Asociación, recibieron la amenaza por parte del fiscal asignado, de enviar el caso a archivo, de no presentar nuevos elementos; esto es, hacer los padres y los familiares, el trabajo que corresponde a la actual Fiscalía General de la República.
Con independencia de que los cauces formales de la investigación de la matanza competen a las instancias gubernamentales, el pasado 24 de febrero la Asociación solicitó al actual representante del Estado mexicano, presidente Andrés Manuel López Obrador, se tuviera la voluntad política para reconocer la calidad de víctimas de nuestros hijos y otorgar la disculpa pública por haberlos criminalizado, petición que no recibió respuesta, sólo el burocrático acuse de recibo. Se demanda, además, el reconocimiento de los valores humanos y académicos de las víctimas y la apertura total del archivo político del caso Sucumbíos, en ejercicio del derecho a la verdad, pero también como material de coadyuvancia en las acciones encaminadas en busca de justicia. Finalmente, se exige, la garantía de no repetición de los hechos: no más omisiones del Estado mexicano ante agresiones a connacionales en el extranjero.
Queda abierto llevar a la justicia internacional a los autores de la masacre de Sucumbíos.
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