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| 111016_IFE_Reunion_Nal_Consejeros_0001.JPG (Photo credit: Luis Miguel Rionda) |
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La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente Leonardo Valdés Zurita y su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.“Algunos consejeros, que habitualmente hacen encendidas defensas y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy se han ocultado, han empeñado su inteligencia dejando como su principal contribución al IFE una buena dosis de impunidad”, dijo el contralor Guerrero Pozas, asqueado por la corrupción que los consejeros han incentivado al exonerar al exdirector ejecutivo de Administración, Fernando Santos, quien estaba acusado, después de años de auditorías e investigaciones, de un quebranto patrimonial por 124.5 millones de pesos en la compra de un edificio del IFE, en la zona de Acoxpa, en el Distrito Federal, que tuvo un costo superior al ciento por ciento de su valor real.
El contralor del IFE remató a los consejeros: “nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”.
Muy pocas veces algún servidor público, responsable de vigilar el buen uso de las finanzas públicas, habla claro y fuerte en contra de la corrupción y de sus promotores.
“No sólo lamento la decisión [de los consejeros], sino que debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de vergüenza, porque estoy seguro de que si se tratara de su dinero sí verían la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones de pesos o en 282 [millones].”
A pesar de las evidencias de corrupción encontradas por el contralor, los consejeros el IFE emitieron una declaratoria en donde dicen que no tolerarán ningún acto de corrupción, pero advirtieron al contralor Guerrero Pozas que “de la misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y exfuncionarios públicos del IFE”. La preocupación mayor de los consejeros es que alguno de ellos pueda ser investigado y prefieren frenar ahora las acciones de auditoría e investigación del contralor del IFE que los pudiera comprometer.
Los ocho consejeros aseguraron que sus resoluciones se basan en los principios de legalidad, objetividad y certeza “que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de una institución del Estado mexicano”.
Los negocios del IFE