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Fecha: 9 de noviembre de 2014, 10:02
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Via BRUJULAMETROPOLITANA
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Valuada
en siete millones de dólares, es custodiada por el Estado Mayor
Presidencial y, curiosamente, está registrada a nombre de Ingeniería
Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa,
contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal.
La
afición de la pareja presidencial por aparecer en suplementos sociales y
revistas del corazón dio la pauta a una investigación periodística que
evidencia la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera con una
empresa beneficiaria de negocios al amparo del poder: El Grupo Higa,
vinculado a una lujosa residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec.
La investigación fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias
–que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del
International Center for Journalists y la plataforma de periodismo
latinoamericano Connectas.
Con
testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales,
documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la
residencia de Sierra Gorda 150, valuada en siete millones de dólares, si
bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería
Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo
empresarial Higa
La residencia pertenece a Grupo Higa, revela pesquisa del equipo de Aristegui
Es una de las empresas a las que se había adjudicado la construcción
#RenunciaEPN, #FueraEPN, #RenunciaasesinoEPN inundan Facebook oficial de Peña
De acuerdo con la convención –ratificada por México
en marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el
22 de junio de 2011–, en el Estado firmante “nadie será sometido a una
desaparición forzada”.
Para la ONU, el concepto de
desaparición forzada abarca “el arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes
del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
Un
pormenorizado análisis en torno a la cadena de incompetencias,
irregularidades, omisiones y absurdos en todos los niveles de gobierno
en México en casos de violaciones graves a los derechos humanos
cometidas por fuerzas del Estado, fue expuesto por el representante del
Alto Comisionado de la ONU en la materia, Javier Hernández, en la
reunión que sostuvo con diputados mexicanos que investigan la muerte de
22 personas a manos del Ejército en Tlatlaya en junio último. Su
diagnóstico es demoledor: el caso, dice a Proceso, es sólo una muestra de “una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En
México abundan las violaciones graves a los derechos humanos: padece
desapariciones forzadas, soldados que fusilan a delincuentes,
delincuentes que matan a policías, policías que se corrompen junto a
funcionarios y funcionarios que ordenan ejecutar a civiles.
Los
casos se acumulan porque existe impunidad, y el caso Tlatlaya es sólo
la punta del iceberg. Debajo hay una gran masa de violaciones a las
garantías individuales vinculadas a acciones del Estado.
Olvida Murillo Karam decir que el Estado es cómplice en caso Ayotzinapa: AI
Gobierno de Peña quiere dar carpetazo a desaparición de normalistas, acusa AMLO
Un simulacro de solución
El
procurador Jesús Murillo Karam ofreció el mensaje oficial más
importante que se ha emitido en torno a la desaparición de 43
estudiantes de Ayotzinapa.
Todo
sugiere, afirmó, que los muchachos fueron asesinados e incinerados por
el narco, de modo tal que no se trata de un crimen de Estado. Sin
embargo, las lagunas y las contradicciones abundan: ¿por qué se minimiza
la participación de actores estatales?, ¿por qué el sacerdote Alejandro
Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la Procuraduría?,
¿cómo tres sicarios lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los padres de
las víctimas rechazaron el mensaje, igual que Amnistía Internacional.
El
procurador –a pesar de tener 74 detenidos, entre agentes, halcones y al
exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda–
esperó 20 días para dar la misma versión.
Ello
reforzó el señalamiento que hizo el propio Solalinde: “A los políticos
les es más útil la conservación de la esperanza, porque así no hay
evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del propio Estado”.
Desde
los primeros minutos del 27 de septiembre y hasta las tres de la tarde
una pira fúnebre provocada por la combustión de llantas, plásticos,
leños, botellas, latas y basura, y alimentada por diésel y gasolina,
redujo a cenizas “a un amplio número de personas” en el basurero de
Cocula. Eso, según la versión del titular de la PGR, Jesús Murillo
Karam.
Los fracasos que la PGR no menciona
Perredistas y la PGR eluden responsabilidades
Inacción militar que olió a complicidad
“El
Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera
salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno
que no salió!”
Jesús Murillo Karam, en lapsus en donde desenmascara lo que dicen todos "FUE EL ESTADO"
Diversos
hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de
Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no
fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el
exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los
normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del
tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y
no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de
Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a
delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y
desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.
Personal de ese batallón está señalado como culpable de la desaparición forzada de seis jóvenes en 2010.
Además
Human Rights Watch señaló que es responsabilidad del gobierno responder
a los cuestionamientos en torno al comportamiento de los militares
durante los ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes.
Cansadas autoconfesiones de un Estado criminal Video
Es escalofriante el relato de la criminalidad gobernante de este país que ha hecho Jesús Murillo Karam a la hora de dar continuidad al libreto de dosificación del horror que el gobierno federal mantiene sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa..
Están muertos pero están vivos
Video: Los quemaron 15 horas, con leña, diesel, llantas, plástico.- PGR
Crece inconformidad un día después del informe de PGR
Indignados marchan en paz, pero en Palacio Nacional un grupo estalla en violencia
A
2 años de su inicio, la gestión de Peña Nieto se cimbra por el caso
Ayotzinapa. La creciente indignación por la desaparición forzada de 43
normalistas se amalgama con conflictos que la actual administración
federal menospreció
Publicado en You Tube el 30/12/2013
Jesus Jaime Garcia Miramontes, Ex-General del Ejercito amenaza y dice
que pa bajo cabrones a Peña Nieto y a su grupo presidencial o que en su
defecto los enviara a la cárcel
EVIDENCIA: Porro del PRI que quemó Palacio Nacional se esconde tras PF
Policía Federal y EMP permitieron a porros vandalizar Palacio Nacional
Policía de @EPN hace arrestos arbitrarios en Zócalo pero protege a porros
Identifican a porro del PRI que incendió Palacio Nacional
Queman la puerta de Palacio Nacional
AUDIO: Víctima de detenciones arbitrarias de @EPN está en SEIDO herido #yamecanse #AccionGlobalporAyotzinapa
El
siguiente audio es de una llamada de Juan Manrique, una de las personas
que fueron detenidas de manera arbitraria por la policía federal
priista de Enrique Peña Nieto en el Zócalo del DF en vez de detener a
los porros que incendiaron Palacio Nacional. Manrique declara que está
en la SEIDO y fue golpeado por la Policía Federal pese a que no cometió
ningún delito:
El despertar José Agustín Ortiz Pinchetti
La
Suprema Corte, que alcanzó una efímera independencia, está sufriendo
una degradación. La sentencia que negó las consultas ciudadanas sobre la
reforma energética son un síntoma
La degradación empezó con Fox. El gobierno intervino cada vez más en el nombramiento de ministros. Impulsando a personalidades conservadoras y dúctiles.
Golpeadores del PVEM son funcionarios del priista Adrían Rubalcava
Marchan miles contra la alcaldesa de León y exigen su renuncia
Exoneran a exgobernador de BCS acusado de peculado; ahora va contra sus denunciantes
El
experredista enfrentó acusaciones por incumplimiento de un deber legal
por la venta de terrenos en Cabo San Lucas; peculado, abuso de
autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad en declaración y
coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios.
El detenido gobernó Baja California Sur en el periodo 2005-2011 y varios de sus excolaboradores enfrentaron procesos judiciales.
Sube deuda pública... y gasto corriente
La
deuda contratada en lo que va del actual sexenio ha ayudado a mantener
una inercia de gasto que desfavorece la inversión y privilegia las
erogaciones en rubros como sueldos y prestaciones de burócratas.