VILLAHERMOSA, Tab. 27 de noviembre.-Xavier Olea, abogado de José Manuel Saiz Pineda, ex Tesorero de Andrés Granier, sostuvo que su cliente sería exonerado del delito de lavado de dinero, a raíz de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos (CNDH) Humanos al Gobierno de Tabasco, por detención arbitraria, retención ilegal y tratos indignos hacia Marlis Culpil, la famosa #LadyLomitas, en cuya refaccionaria se encontraron cajas de huevo con más de 88.5 millones de pesos en efectivo.
Saiz enfrenta proceso penal en una prisión de Tabasco, el Centro de Reinserción Social (CRESET), por los delitos de utilización de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y peculado
Entrevistado en el juzgado segundo de distrito, con sede en Villahermosa, el abogado defensor de Sáiz Pineda dio a conocer que con la recomendación de la CNDH podría echar abajo la acusación por lavado de dinero que pesa sobre su defendido.
La recomendación fue emitida con el número 42/2013, el pasado mes de octubre, tras una supuesta detención ilegal de Marlis Cupil a quien se le involucra en el delito de lavado de dinero que se le acusa al ex secretario de Finanzas de Tabasco.
La defensa de José Manuel Saiz Pineda revela que la recomendación de CNDH al gobierno de Tabasco, podría echar abajo acusación que mantiene a su cliente tras las rejas
Cupil, quien acudió a la CNDH donde alegó que fue torturada para obligarla a declarar contra Saiz Pineda, es señalada como prestanombres del ex Tesorero, además de que en las empresas de Saiz aparece también involucrado su padre, Abraham, Cupil Córdova.
Cupil Córdova, según ha revelado un diario tabasqueño, realizó en un mismo día dos operaciones de compraventa en Tixpéhual, municipio localizado entre los municipios de Kanasín y Tixkokob, Estado de Yucatán.
Una fue por 35 millones 443 mil 890 pesos, por el tablaje catastral 3531, con una extensión de 32 mil 016 metros cuadrados; la otra fue por 33 millones 555 mil 940 pesos, por tablaje catastral 3524, con una superficie de 30 mil 406 metros cuadrados.
Por el monto que pagó por hectárea, 11 millones 500 mil pesos, se deduce que se trata de lavado de dinero, ya que en ese municipio el precio pagado a ejidatarios por hectárea ha oscilado entre 20 mil y 40 mil pesos. No más.
Cupil Córdova concretó las dos adquisiciones el pasado 11 de octubre del 2012, es decir, cuando faltaban 70 días para que abandonara el cargo el entonces gobernador Andrés Granier Melo y lo asumiera Arturo Núñez Jiménez, quien ya era gobernador electo.
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