Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.
Rubén Martín ::: El Informador ::: 31 agosto 2013
Enrique Peña Nieto llegará a su primer informe de gobierno, en medio de un país convulso, con fuertes tensiones políticas y elevado antagonismo social.
Este escenario de crisis y conflictividad social se agrava por malos indicadores económicos, desencanto con el sistema electoral y de partidos y conflictos sociales profundos en ciertas regiones del país.
El antagonismo social es cada vez más claro, casi transparente. Por un lado, desde el gobierno se apuesta todo para sacar adelante las “reformas estructurales” reforzando un bloque con partidos del Pacto por México, televisoras, empresarios y organismos financieros internacionales.
Del otro lado, hay una constelación de fuerzas sociales que hacen política fuera de los marcos institucionales: el relanzamiento del EZLN y del Congreso Nacional Indígena (CNI); las poderosas movilizaciones magisteriales en 20 estados del país contra la reforma educativa; la emergente movilización contra la reforma energética; la multiplicación de las autodefensas y policías comunitarios; las cientos de luchas socio-ambientales y múltiples resistencias contra el despojo.
Para estos grupos y sectores, en lugar de diálogo hay persecución y hasta represión. Así debe entenderse la postura del gobierno de Peña Nieto de continuar con la política de hostigamiento, programas sociales dirigidos a dividir a las comunidades y la represión directa en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas.
En el caso de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, en lugar de asumir que son la expresión de un poderoso y complejo problema social creado a partir de la ineficacia del propio Estado, el gobierno de Peña Nieto se ha dado a la tarea de perseguir, desarmar y detener a los integrantes de pueblos que se han organizado para autoprotegerse.
Con estos elementos se configura esta coyuntura caliente de elevado antagonismo social. La culpa de esta situación no es de los maestros o los grupos movilizados. La responsabilidad es del actual grupo gobernante.
En menos de un año, Peña Nieto y la alianza por las reformas estructurales que ha armado, han puesto sobre la mesa cuatro reformas legislativas largamente acariciadas por ciertos corrientes políticas, empresariales y organismos financieros internacionales: laboral (aprobada el año pasado), la educativa, energética y hacendaria.
Se trata de un paquete de “reformas estructurales” que tienen por origen el mismo proyecto de reorganización del capitalismo mexicano, que se ha venido aplicando desde hace 30 años. Ahora se trata de vender la idea de que con estas reformas, “ahora sí”, se resolverá el problema de la productividad y en consecuencia llegarán capitales, empleos y prosperidad a los hogares del país.
El problema es que esa ilusión ya se vendió décadas atrás y fracaso. La crisis del país se debe al fracaso de estas políticas económicas. Por eso la pretensión de sacar de un jalón todas estas reformas han aumentado la conflictividad social. Es echar gasolina al fuego. Pero parece que el grupo gobernante quiere aprobar todas etas reformas de un jalón, como si pensara que si no lo hace ahora, ya no las sacará en todo el sexenio. Y de hecho puede ser así. Por eso tenemos una coyuntura caliente.
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