Valentina Pérez / @vpbotero3_0
(30 de mayo, 2013).- Desde que en 2006 el gobierno mexicano autorizó la siembra de semillas transgénicas en el país, la disyuntiva sobre cuál debería ser el rumbo del campo mexicano se ha recrudecido: ¿se tendría que optar por la nueva “revolución verde” –de agroquímicos, producción agroindustrial y transgénicos– o se debería impulsar la siembra tradicional de los campesinos?
Esta semana, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reafirmó el trabajo conjunto entre Mejoramiento Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y la Cruzada Nacional contra el Hambre; los tres programas se inclinan hacia la nueva revolución verde.
La Cruzada Nacional contra el Hambre apadrinó en su iniciativa a PepsiCo y a Nestlé –ambas, trasnacionales que utilizan transgénicos y elaboran productos de alto contenido calórico–, para que a través de una distribución estratégica de caridad se repartiera la ayuda en las poblaciones más pobres –que en muchos casos coinciden con aquellas en que tendrán lugar procesos electorales este año.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, cabeza de la dependencia que coordina el programa, fue llamada a comparecer ante los legisladores por ambos puntos: beneficio a trasnacionales y uso político de programas públicos.
En febrero de 2013, el CIMMyT recibió un financiamiento de los dos hombres más ricos del mundo, Bill Gates y Carlos Slim, que se concretó en un nuevo centro de investigación en el Estado de México y encendió las alarmas de la resistencia mexicana al maíz transgénico.
El CIMMyT ha monopolizado la investigación nacional en mejoramiento de semillas –en detrimento de la investigación realizada por entidades mexicanas– y tiene una clara postura a favor de los Organismos Genéticamente Modificados.
La triada finalmente se articula por el programa MasAgro, que desde el sexenio anterior impulsó el uso de agroquímicos y semillas del CIMMYT. MasAgro ha implementado un enfoque del campo que excluye las tradiciones campesinas que han logrado producir en un territorio tan inhóspito como el mexicano. Este organismo gubernamental aseveró en su último comunicado de prensa que su propósito es “ampliar el impacto sustentable y productivo de MasAgro en el sector rural y encaminarlo hacia la nueva revolución verde”.
Ante esta perspectiva gubernamental, asociaciones civiles han intentado mostrar la viabilidad del otro camino. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) insistió, a principios de año, que el campo mexicano es capaz de asegurar la producción alimentaria sin transgénicos ni monopolios extranjeros a través del rescate de técnicas tradicionales de siembra, su optimización a través de la investigación nacional y la suma de los principios de la agroecología.
Quienes rechazan la entrada de la nueva revolución verde al país, recuerdan su historia: es nueva, porque en la década de los 60 y 70 la revolución verde original, aunque tuvo un impacto positivo en la producción, sus efectos a corto plazo –contaminación, uso excesivo de agroquímicos– mostró sus limitantes. ¿Es la nueva revolución verde también un espejismo? ¿Le está apostando el gobierno a una bomba de tiempo?
La decisión que se tome sobre el campo mexicano tendrá un efecto decisivo no sólo para los productores y consumidores, sino que definirá la postura del Estado en materia económica –importación de alimentos, agroquímicos, presencia de trasnacionales– y social –cómo mantendrá al 32 por ciento de la población rural si ésta desplazada por la agroindustria.
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