EMBARAZOS entre casi niñas aumentan mientras iglesia aumenta lucha contra el condón y educación sexual

La Jornada: Embarazos no deseados entre mujeres de 12 a 19 años, problema de justicia social:
Campañas de planificación familiar se enfocan a mayores de 20, destaca Gire
Embarazos no deseados entre mujeres de 12 a 19 años, problema de justicia social
Discriminadas, indígenas y quienes carecen de escolaridad, señala la asociación civil en su más reciente informe Omisión e indiferencia. Derechos reproductivos en México
Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Lunes 10 de junio de 2013, p. 40
El embarazo no deseado entre mujeres de 12 y 19 años de edad es un problema de justicia social en el país, pues este grupo suele ser discriminado ante la limitada oferta de servicios de salud reproductiva, advierte el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

En su más reciente informe, Omisión e indiferencia. Derechos Reproductivos en México, destaca que son también discriminadas las mujeres indígenas, del campo, y quienes carecen de escolaridad.

Las cifras ilustran: La cobertura anticonceptiva se elevó a 72.5 por ciento en todas las mujeres unidas, pero sólo fue de 58.3 por ciento entre indígenas; de 63.7 por ciento en las de zonas rurales, y de 60.5 por ciento entre mujeres sin escolaridad.

En el caso de las jóvenes de 15 y 19 años de edad, sólo 54.9 por ciento utiliza algún método anticonceptivo, y el primer embarazo se presenta con mayor frecuencia (26.8 por ciento) entre las menores de edad.

Urge ampliar cobertura sanitaria en la población más vulnerable

En el texto se advierte que en los gobiernos panistas (2000 a 2012) se acentuó la demanda insatisfecha de anticonceptivos en las mujeres de 15 a 19 años, la cual pasó de 26.7 por ciento en 1997 a 36 por ciento en 2006.

Regina Tamés, presidenta de Gire, afirmó a La Jornada que es urgente ampliar la cobertura sanitaria a la población en situación de vulnerabilidad y marginación. A los 19 años de edad, 50 por ciento de las mexicanas ya han tenido relaciones sexuales; pese a ello, las campañas de planificación familiar del sector salud se han enfocado más en las mujeres unidas y mayores de 20 años; en éstas, el uso de métodos anticonceptivos promedió 71 por ciento, pero en adolescentes sólo 39.4 por ciento.

Tamés subrayó que aun cuando es sustantivo el marco de derechos humanos en México, el cual protege los derechos reproductivos de las menores de 18 años, persisten las contradicciones legales y falta traducir los compromisos internacionales en leyes, normas o políticas públicas. Otra tarea pendiente es proporcionar información veraz y objetiva para que las mujeres elijan el método anticonceptivo que se ajuste a sus necesidades.

Pese a que el derecho a la salud reproductiva de los y las adolescentes está protegido por las leyes General de Población, de Salud, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la legislación de nueve estados ni siquiera hace referencia a la obligación de otorgar esa información.

En otro estudio (2005), Gire mostró que más de la mitad de las adolescentes embarazadas no deseaban tener a su hijo, pero no habían usado anticonceptivos porque los desconocían, no planearon la relación sexual o no tuvieron acceso a servicios de planificación familiar.

En ese año, la Secretaría de Salud calculó que entre 30 y 60 por ciento de los embarazos en adolescentes terminaron en abortos inducidos.

Los datos muestran la necesidad de incorporar el tema de la educación sexual en los planes de estudio de los niveles básico, medio y superior. Asimismo, se debe garantizar el derecho de las mujeres a acceder a servicios de calidad en relación con la interrupción del embarazo.

Gire destacó que la tasa de abortos disminuye cuando crece el uso de anticonceptivos, excepto entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad. Recordó que en 2010, el aborto fue causa de 11.1 por ciento de las muertes maternas en México y que las mujeres pobres y menos educadas tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que quienes tienen mayores posibilidades económicas.

El acceso al aborto legal y seguro es una cuestión de justicia social e igualdad de género, que debe ser parte esencial de los servicios de salud reproductiva en el país, consigna.
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