El Universal - Opinion - Conavi hundió a vivienderas: BARRANCO CHAVARRIA:
Si el cambio de reglas para construcción de vivienda planteado en febrero pasado por el nuevo gobierno representó la puntilla para las empresas promotoras, la estocada que las llevó a la zona de tablas la había colocado el anterior
Jueves 13 de junio de 2013
En la recta final del sexenio de Felipe Calderón se ofreció a las firmas la posibilidad de subsidios por 23 mil millones de pesos para apoyar la alternativa de casas de interés social para trabajadores de bajos ingresos… que se quedó en el aire.
De los 8.6 millones de apoyos prometidos por la Comisión Nacional de Vivienda, no se ejercieron ni siquiera cuatro mil.
En la expectativa, empresas como Urbi, Sare, Homex y Geo se lanzaron a la compra de terrenos en calidad de reserva territorial, apoyados con créditos bancarios o colocación del papel de deuda, con la novedad de que la mayoría apuntó hacía zonas alejadas de las ciudades.
El caso es que a la llegada del nuevo gobierno se prohibió la construcción de unidades habitacionales alejadas de los centros urbanos y se privilegió a las construcciones verticales, lo que dejó a las promotoras literalmente colgadas en la brocha.
En el escenario, existen 5.6 millones de viviendas abandonadas o desocupadas; tres de las firmas afectadas enfrentan posibilidad del concurso mercantil, por más que se trata sólo de las visibles por cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores; 90 mil trabajadores de la construcción han sido despedidos.
Más aún, está en veremos la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de construir 500 mil viviendas durante este año.
Si durante, el sexenio pasado las promotoras de vivienda representaban el 40% de la construcción en el país, actualmente no llegan al 20.
Y aunque la expectativa está puesta en el cumbre de la construcción promovida por la Cámara del ramo a celebrarse en Mérida los próximos días, se ve difícil que pudiera ventilarse una solución que rompiera el cuello de botella que semiparaliza no sólo a vivienderas, sino a la rama en general.
De hecho, el gobierno, es decir la Secretaría de Hacienda, ya contrató a un despacho de abogados para defender sus intereses, es decir los de la Sociedad Hipotecaria Federal, ante la posibilidad de solicitudes de quiebra ordenada.
Pero aún, las entidades de promoción de vivienda han satanizado a las vivienderas, ubicándolas como forjadoras de su propia desgracia.
Ahora que los cargos han recaído en políticos cuya mira está muy lejos de la búsqueda de salidas de cara a lo que pareciera inminente catástrofe.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, pareciera importarle más su ambición en ser gobernador de Yucatán.
A su vez, el director general del Infonavit, Alejandro Murat, no descarta ser gobernador de Oaxaca, pese al triste papel realizado por su padre, José Murat.
Se diría que los cargos que en el papel debían recaer sobre técnicos especializados en finanzas, con visión de largo plazo, se le otorgaron a políticos.
Por lo pronto, a seis meses de iniciado el sexenio, no se ha construido un solo conjunto habitacional o desarrollo condominial.
Y por lo pronto, aunque Urbi y Geo han logrado una tregua con sus acreedores, pareciera misión imposible lograr una restructura de deuda sin recurrir al concurso mercantil.
Junto con Homex, las empresas enfrentan ocho demandas de acreedores nacionales y extranjeros, a los que podrían sumarse dos más de Banorte y Banregio, a quienes les deben dos mil 600 millones de pesos.
La gran pregunta, naturalmente, es dónde quedó la bolita de los 23 mil millones de pesos ofrecidos por la retórica del gobierno anterior. ¿Se desviaron olímpicamente? ¿Eran sólo de saliva?
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