 | Carmen Aristegui |
Al momento de escribir estas líneas, la información sobre los jóvenes que fueron levantados, secuestrados o desaparecidos en un bar de la Zona Rosa –de esos que son llamados “after” y que operan en las madrugadas y más allá del amanecer– es más bien escasa y contradictoria. Lo único consistente es que familiares y vecinos hicieron un bloqueo vehicular para llamar la atención de medios y sociedad sobre lo sucedido con estos –por lo menos 11– muchachos. Desde luego que lo lograron y qué bien que haya sucedido.
En un país centralista como éste, el hecho de que el evento haya ocurrido en un lugar conocido de la capital del país lo ha dotado de relevancia nacional. Todos esperamos que sean encontrados pronto y con vida.
Hay asuntos que ocupan otros espacios y merecen otros grados de nuestra atención.
Los secuestros de los que son víctimas migrantes en la ruta del tren, por ejemplo, donde jóvenes mexicanos y centroamericanos son robados, extorsionados o enrolados involuntariamente en el sicariato, están afectando a jóvenes y adultos sin que haya algo que realmente lo impida. Jóvenes mujeres privadas de su libertad –en la misma ruta– para ser convertidas en mercancía sexual en cantidades también indeterminadas son parte de lo que ocurre cada día en territorio nacional.
En Michoacán, tierra vuelta a tomar por los militares frente al palmario fracaso de Felipe Calderón, se han registrado 600 desapariciones forzadas, 128, sólo en los dos últimos años, según información proporcionada por el Comité de Familiares de Personas Detenidas –Desaparecidas en México “Alzando Voces” y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Un número importante de esas desapariciones de oriundos de Michoacán ocurrió en otras entidades de la República. Según denuncias en el estado, muchos de los reportados son jóvenes desaparecidos.
Dentro de las listas locales y federales que registran las desapariciones, también abundan los nombres y edades de mujeres y hombres de muy corta edad.
De la inmensa lista, no depurada, que tiene en sus manos el Gobierno federal sobre desapariciones, se pueden ver nombres, edades y algunas circunstancias de su desaparición. El acercamiento a ese universo de datos y dudas arroja algunas luces sobre los rangos y las edades.
Si uno mira los cartelones que muestran madres y padres de quienes están desaparecidos, que con marchas y huelgas de hambre han logrado la creación, finalmente, de una unidad especializada en la Procuraduría, asoman las fotos de jóvenes y algunos que parecen niños. Muchachas quinceañeras, jovencitos con su toga de graduados o los que sonríen en el abrazo de amistades o familia en el marco de una fiesta. Los rostros cansados de quienes portan esos cartelones contrastan con las sonrisas frescas de quienes han desaparecido. Los sueños rotos de familias enteras.
El “Semanario Zeta” de Tijuana publicó recientemente un reportaje: “Jóvenes en redes de cárteles”, en donde habla del crecimiento acelerado de menores de edad relacionados con el crimen organizado: “...Entre 2007 y 2012 la captura de menores de edad por delitos contra la delincuencia organizada creció en un 100%, de 806 a mil 604 en todo el país”. El dato resulta apenas botón de muestra de las dimensiones que puede tener en México la incursión voluntaria o forzada de menores en delitos y criminalidad, dado que se trata sólo de aquellos que en algún momento resultaron detenidos.
Rosario Mosso y Cristian Torres, autores del reportaje, reproducen el siguiente testimonio:
“...para poder mantenerme me puse a trabajar como tirador de globos de cristal y esto lo hago desde que tenía como 6 o 7 años de edad”, declaró “El Morro”, adolescente de 16 años detenido tras su participación en el asesinato del hijo del dueño del bar Ruta 6, ubicado en la calle Sexta de Tijuana... Las autoridades apenas y voltearon a verlo, formaba parte de los 130 a 150 menores de edad detenidos en Tijuana por estar implicado en algún tipo de delito”. Uno más de los cientos de casos de jóvenes reclutados por el crimen organizado. En el extenso reportaje se puede leer: “los adolescentes son carne de cañón, traficantes y matones desechables, una tropa de descartables cuyo reclutamiento le reditúa dinero y ahorro en recursos a los cárteles y sus 47 células delictivas en Baja California”. Todos los grupos reclutan niños y tienen su pequeño ejército de menores de edad, dicen, sin más, autoridades estatales y municipales. Las bajas penalidades a los menores alientan a los criminales a reclutar cada vez más jóvenes de esas edades. En Baja California se informa de un repunte en el reclutamiento tan sólo en los últimos 18 meses.
¿De qué tamaño es la tragedia?
Los mejores años, los mejores cuerpos y los mejores sueños de no sabemos cuántos jóvenes y niños han quedado atrapados en una gigantesca burbuja de impunidad.
¿Cuántas de ellas y ellos estarán hoy viviendo –víctimas o partícipes– en los circuitos del criminalidad?
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