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Fuente: Reporte Indigo
14 febrero 2013
Tags Relacionados: Julian Ricalde, Jose Luis Salas Cacho, Dragon Mart, Juan Carlos Lopez Rodriguez, Desarrollo Logistik, centro fox, Marta Sahagun
Dragon Mart se dispone a aterrizar en Cancún de la mano de los hijos de Marta Sahagún. Juan Carlos López Rodríguez y José Luis Salas Cacho son dos de los socios del proyecto
Las conexiones de la compañía que realiza los peritajes en el edificio B2 de Pemex no se remiten solo a los negocios con los Bribiesca ni al control de los puertos donde Zhenli Ye Gon fue acusado de narcotráfico.
Llegan a proyectos actuales como el Dragon Mart de Cancún a través, principalmente, de su director general, Juan Carlos López Rodríguez.
Esta persona fue representante en México de la empresa suiza Société Générale de Surveillance (SGS), la encargada de explicar qué sucedió en el sótano del edificio de la petrolera, de acuerdo con reportes de prensa de 2005 y 2006.
En noviembre de 2005 esta compañía ganó una concesión para operar un recinto fiscalizado estratégico en San Luis Potosí, conocido como Logistik Free Trade Zone.
El recinto fue puesto en funcionamiento en 2009 pero a manos de un grupo empresarial formado por las empresas Desarrollo Logistik y Logistik Servicios Multimodales, como consta en los permisos de cambios de uso de suelo para los terrenos en que ahora se afinca el recinto.
López Rodríguez estaba vinculado con SGS pero también fungía como representante de Logistik, la cual tiene sus oficinas administrativas en San Pedro Garza García, Nuevo León, de donde proviene la mayor parte del capital mexicano que alimentará al Dragon Mart.
La concesión otorgada entonces para San Luis Potosí fue compartida con las filiales mexicanas de SGS y se convirtió en el primer ejercicio con el que la compañía suiza se hizo del control de las revisiones de mercancías en puertos mexicanos estratégicos como Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, mismas que siguen vigentes.
Como publicó ayer Reporte Indigo, la “relación” de los Bribiesca con esta empresa suiza se remontaba a la década de los noventa, “mucho antes del gobierno de Fox”.
López Rodríguez ha lidiado desde entonces con las acusaciones de ser un operador de la familia Fox.
Su hermano Humberto López Rodríguez estuvo vinculado con el tráfico de drogas sintéticas, del que se acusó al ciudadano chino Zhenli Ye Gon.
Pero los nexos de Juan Carlos López Rodríguez con China van con su propia historia, ya que en 2004, luego de haber fungido como director de la Administración Central de Investigación Aduanera, fue sancionado a 12 años de inhabilitación como servidor público y 28 millones de pesos de multa.
La acusación, que ya no aparece como vigente en el registro de funcionarios federales sancionados, fue por haber permitido la introducción al país de productos chinos a precios muy bajos.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México a principios de enero, López Rodríguez negó que en Dragon Mart hubiera algún socio de la familia Fox.
Aseguró que se trataba únicamente de empresarios regiomontanos y la compañía Chinamex, la cual hizo también el proyecto Dragon Mart en Dubai.
En efecto, la página web china del proyecto consigna la participación de Chinamex como el enlace con el gobierno mexicano para el desarrollo de este “centro anual de exposiciones”.
Pero no son los únicos. Incluyen como los operadores a la empresa Chinamex Middle East Investment & Trade Promotion Centre, con sede en Beijing y como inversionistas a la compañía Chengkai Investment Co, así como al Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.
López Rodríguez es el empresario en común que conecta a los Fox con SGS y los empresarios detrás de Dragon Mart.
Posee todas las confianzas de los inversionistas chinos, ya que fue nombrado como el titular de un “poder especial de la empresa”.
Así consta en el borrador de la solicitud de acreditación de la empresa china en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, elaborada en marzo del año pasado y cuya copia obtuvo Reporte Indigo.
El exfuncionario de aduanas insiste en que la inversión inicial de 180 millones de dólares, de los cuales el 90 por ciento sería capital mexicano, prueba que los extranjeros podrían participar únicamente en la exposición de los productos.
A finales de enero dijo que los socios mayoritarios del megacentro de exposiciones y venta de productos al mayoreo y menudeo eran las compañías Real Estate Dragon Mart Cancún y Monterrey-Cancún Mart.
El contacto Monterrey
Uno de los socios de Monterrey-Cancún Mart es José Luis Salas Cacho, quien también está asociado con López Rodríguez en Logistik, una filial del consorcio Transportación Marítima Mexicana, propiedad de la familia Serrano Segovia, de Nuevo León.
En una entrevista con el diario El Financiero, López Rodríguez, reconoció que su inhabilitación en 2004 fue “por permitir el ingreso a México de productos, principalmente chinos, más baratos que lo reportado oficialmente”.
También confirmó que el negocio en San Luis Potosí relacionado con SGS no estará exento de participar en el Dragon Mart, ya que “Logistik operará la logística de transportación de mercancías del Dragon Mart una vez que este comience a operar”.
Permisos sin vigencia
Hasta el momento, Dragon Mart no cuenta con permisos de edificación ni autorización municipal.
Tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Secretaría de Economía han negado tener en su poder solicitudes para sacar adelante el megacomplejo.
Tampoco Logistik tiene acreditado ningún permiso para la importación y exportación de mercancías.
Lo que sí tienen es una concesión por 50 años, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para “prestar el servicio auxiliar de terminal de carga especializada”, a favor de Logistik Servicios Multimodales.
Los inversionistas chinos de Dragon Mart, constituidos bajo la empresa Chinamex Intl. Co. tampoco aparecen registrados con autorización vigente para importar productos.
La subdelegación federal de la Secretaría de Economía en Tijuana, Baja California, le dio una autorización para la “importación y exportación, exportación definitiva, que venció el 31 de diciembre de 2011”.
Pero la Société Générale de Surveillance sí tiene permiso gubernamental para concursar por el control de la mercancía que ingresa y sale del país.
La Secretaría de Hacienda les dio una concesión por tiempo “indefinido” para otorgar títulos de autorización conforme al artículo 16 de la ley aduanera.
Este artículo autoriza a los particulares a procesar electrónicamente los datos para llevar a cabo el despacho aduanero.
Para obtenerlo, SGS debió acreditar cinco años de experiencia en el ramo y un capital pagado de más de mil 374 millones de pesos.
Los servicios que pueden contratar a SGS con este permiso en cualquier aduana del país son para realizar “operaciones aduaneras” y no se limitan a los puertos en los que esta empresa tiene contratados el manejo y la inspección de mercancías.
Los chinos en el Centro Fox
Un mes después de que Reporte Indigo publicó una investigación especial sobre Dragon Mart, y en la misma semana en que se supo que el proyecto no contaba con permisos de construcción, en otra región del país se celebraba la cultura china.
La entrada del Centro Fox, en Guanajuato, simulaba la puerta de una fortaleza, con un enorme dragón amarillo recibiendo a los visitantes del Festival de la Cultura China.
Al anunciar el evento, Fox dijo en una conferencia de prensa que China iba a colocar en México “un fondo de 20 mil millones de dólares a disposición de negocios de empresarios mexicanos que se asocien con chinos”.
Este fondo serviría para costear “grandes proyectos de inversión para infraestructura, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para centros de convenciones, para lo que se quiera invertir”, anunció el expresidente.
El festival incluyó espectáculos como el show chino, una representación de la danza de los dragones y del león de ese país asiático; clases de medicina tradicional y talleres de artes marciales.
Fox anunciaba que “no hay que tener miedo a China” y que México debería abrir su comercio con ese país, el cual podría otorgar los mismos beneficios que el Tratado de Libre Comercio existente con Estados Unidos y Canadá.
En una entrevista con Milenio dijo que el seminario sobre comercio que formaría parte del Festival era para “perderle el miedo, para que los empresarios le pierdan el miedo y dejen de insistir en que se debe de mantener cerrada la economía y no debe de haber apertura con China”.
Esto, a menos de dos meses de que Dragon Mart obtuvo una aprobación del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo para construir un complejo que incluirá tres mil 40 locales comerciales, 20 bodegas y 722 casas para para trabajadores chinos.
Sin empacho
Julián Ricalde, presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), no tuvo el menor empacho en denunciar públicamente quiénes están detrás del proyecto Dragon Mart.
Se trata, según dijo a los legisladores que participaron en el foro nacional “Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación del Dragon Mart”, de Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo y Félix González Canto, exmandatario de esa entidad.
Acusó a González Canto de firmar un convenio con el empresario chino Hao Feng, de Chinamex, el 22 de marzo de 2011, para invertir más de 200 millones de dólares en 2013 al proyecto Dragon Mart.
Aseguró, incluso, que Borge Angulo lo ha amenazado a través de mensajes en su celular. “Párenle a la embestida del Dragón” le dijo el 8 de enero pasado.
En el foro, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, se sumaron a la petición de analizar los efectos que pudiera traer al país la construcción de ese centro, en Cancún.
En riesgo el sector manufacturero
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Sergio Cervantes, advirtió que Dragon Mart propiciará la inminente desaparición del sector manufacturero al romper las cadenas productivas, trayendo productos chinos baratos.
Esto puede provocar, advirtió, que México se convierta en comprador masivo de productos intermedios “y seremos dependientes de China”.
Solicitó a los legisladores, al igual que los representantes de Coparmex y Concamín, que se revise a fondo la instalación de ese complejo comercial y, de ser posible, se prohíba su desarrollo: “Hay que detener el tsunami que se avecina”.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), Sergio López de la Cerda, reveló que en Dubái, donde hay un centro similar, hubo problemas de piratería y comportamiento ilegal por parte de los ciudadanos chinos en ese lugar.
“Se han incautado 2 mil 500 productos falsificados, multas para más de 113 tiendas instaladas en el complejo, y destruido más de 453 mil productos falsificados”.
En el caso específico del sector de la confección, alertó que se desarticularía por completo.
“Somos la quinta potencia exportadora de ropa a Estados Unidos, y hemos ido creciendo en la participación, se prevé la tendencia hacia arriba”.
La Organización Mundial del Comercio, abundó el empresario, reportó en 2012 que dos terceras partes de las prácticas de falsificación en el mundo, provinieron de China.
La cabeza del Dragón
Por Georgina Howard
El dragón tiene cabeza y no está en Cancún. Los vientos apuntan hacia el norte del país, donde se fraguó la Sociedad Real State Dragon Mart Cancún.
Hoy se sabe que José Luis Salas Cacho representa a un grupo de empresarios regiomontanos, creadores de un proyecto que ha desatado la preocupación de empresarios y legisladores.
Hasta tal grado que se formará una comisión especial en el Senado de la República para analizar los efectos ambientales y económicos que podría tener en México, si se aprueba.
Salas Cacho, hombre cercano a los grupos de poder, fue el cerebro de las campañas políticas de Manuel J. Clouthier en 1998, Diego Fernández de Cevallos en 1994 y Vicente Fox Quesada, en 2000.
Es miembro del Consejo de Administración de la empresa Transportación Marítima Mexicana (TMM), propiedad de la familia Serrano Segovia y presidente del Grupo Servicón, Corporación Saca y Corporación Sama.
Entre sus principales socios figuran Luis Felipe Salas Benavides, Miguel Pedraza Ballesteros, Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, José Armando Ballesteros Almaguer y Juan Carlos López Rodríguez.
En el sexenio foxista, Salas Cacho era asesor de la Dirección General de Pemex, lo que le permitió que TMM obtuviera contratos por más de 219 millones de dólares.
Junto a sus socios emprendió hace cuatro años la construcción del centro denominado “Logistik Free Trade Zone” en San Luis de Potosí, sobre 324 hectáreas de terrenos ejidales expropiados por el gobierno de Vicente Fox en 2003, a favor de la empresa Operadora de Inmuebles San Pedro S.A. de C.V., propiedad de la familia Villarreal Ballesteros.
El asunto terminó en litigio porque a los ejidatarios afectados se les quería pagar 6 pesos con 20 centavos por cada metro cuadrado.
En 2010 Logistik, filial de TMM, anunció la construcción del Centro Logístico en Acatlán, a 35 kilómetros de Guadalajara, junto a la autopista a Manzanillo.
Se trataba de una inversión de 112 millones de dólares para la edificación de un complejo con naves industriales, plantas de generación de energía eléctrica, zonas comerciales y habitacionales en mil 200 hectáreas. Pero el proyecto aún sigue en construcción.
Para 2011, la misma empresa en la que participa Salas Cacho, anunció el proyecto denominado “La Célula” en Puebla, que ya cuenta con el apoyo del gobernador Rafael Moreno Valle.
Compañía nueva
El 3 de enero de 2012, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se constituyó la Sociedad Real State Dragon Mart Cancún S.A de C.V.
El 24 de enero del mismo año se dio de alta ante el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Cancún con beneficios fiscales, incentivos y descuentos por parte del gobierno del Estado.
Solo unos días después, el 1 de febrero de 2013, se protocolizó la empresa.
El Consejo de Administración está representado por el presidente de Real State Dragon Mart Cancún, Hao Feng. José Luis Salas Cacho funge como secretario y Luis Felipe Salas Benavides, como tesorero.
Como comisario o consejo de vigilancia está Miguel Alberto Pedraza Villarreal y Juan Carlos López Rodríguez, cara más visible del proyecto, como apoderado legal.
De forma mancomunada, el poder general para todos los actos de dominio lo ejercen Juan Carlos López Rodríguez y el presidente del Consejo, Hao Feng.
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