Pemex: explosión y corrupción - Raúl Rodríguez Cortés

Cantarell RIGS (Photo credit: Wikipedia)

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Gran Angular | Raúl Rodríguez Cortés
Pemex: explosión y corrupción


Lunes 04 de febrero de 2013




Han pasado cuatro días desde que explotó el edificio B2 del centro administrativo de Pemex y las autoridades no han informado, siquiera, de las causas probables. ¿Qué explotó, cuántas deflagraciones fueron, por qué no hay rastros de fuego? Son muchas las preguntas y muy pocas hasta ahora las respuestas.

Si fue atentado, muy grave. ¿Quiénes son los autores, acaso grupos armados radicales como el EPR, quizás los cárteles de la delincuencia organizada? ¿Ellos lo concibieron y lo realizaron o ejecutaron un trabajo por encargo? ¿Quién lo ordenó y por qué? En cualquiera de esos escenarios, queda al desnudo la vulnerabilidad de una institución tan estratégica como Pemex, y en evidencia que los servicios de seguridad del Estado fueron agarrados fuera de base.
Si fue accidente, no menos grave. ¿Qué ocurre con los servicios generales de ese enorme complejo administrativo, incluida la torre ejecutiva, que alberga cotidianamente a 10 mil personas que ahí laboran? ¿Entran todos los días, por lo visto, a una trampa mortal? Y en esto hay un dato que revela en su edición de esta semana la revista Proceso: 2 mil 974 casos de emergencia se registraron en 2011 en los edificios del centro administrativo de Pemex, según reportes oficiales de la propia paraestatal.
No faltarán quienes digan que el escaso mantenimiento o la imposibilidad de cambiar sistemas y equipos obsoletos se deben a la insuficiencia de recursos, mismos que se obtendrían con los cambios corporativos propuestos en una reforma que, dígase lo que se diga, pretende abrir al capital privado más actividades de la industria petrolera hasta ahora reservadas por la Constitución al Estado.
Y no es cierto: esas insuficiencias son por la exacción fiscal que sufre la paraestatal para financiar el gasto del gobierno federal y por la corrupción que cotidianamente corroe a esa empresa.
En la explosión del jueves, por ejemplo, ¿vio usted alguna ambulancia de Pemex? No verdad. Y no es porque no las tenga, teniendo los centros hospitalarios que posee. Si hoy son pocas de las que dispone para atender los requerimientos de sus servicios médicos es porque hay embodegadas 93, nuevecitas, pero inutilizadas por un litigio que tiene en la corrupción su mar de fondo.
COMSA, una agencia distribuidora de Ford, de la que aquí le he contado porque también ha sido consentida proveedora de otras instituciones del gobierno, ha recibido trato preferencial de parte de Pemex. Incluso, las bases de licitación salen prácticamente dirigidas a ella. En 2008, por ejemplo, le vendió 80 ambulancias que entraron al país sin que lo autorizara la planta de Ford Motors Company de México. Ésta no tenía ese modelo, lo que implicó, por lo tanto, que no hubiera ni garantía ni disponibilidad de refacciones. Esa misma COMSA vendió ese año, pero a Pemex-Refinación, una ambulancia en 118 mil 462 dólares más IVA. Hoy es investigada en Ecuador por prácticas corruptas y aquí en México por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación porque, a pesar de las millonadas pagadas, vehículos y equipamiento no cumplen con lo requerido.
COMSA le entró en 2012 a otra licitación para la venta de ambulancias a Pemex, pero esta vez intervino el órgano de control interno de la paraestatal, lo que obligó que la licitación LA-08T4I011-T17-2011 se abriera a otras empresas. Ganó la distribuidora de Chevrolet PROGRUEX, que vendió 93 ambulancias con puertas corredizas. Con el argumento de que las ambulancias debían tener puerta de bandera, COMSA movió sus influencias internas y externas, y consiguió que Pemex rescindiera el contrato. Las 93 ambulancias quedaron embodegadas.
Esto es nada si usted se pone a pensar en la compras de Pemex: barcos, plataformas, sofisticados equipamientos. Y los archivos que podrían documentar tales maniobras estaban en los archivos del hoy destruido edificio B2 del centro administrativo de Pemex que, por cierto, se incendió el 6 de diciembre de 1982. Las llamas, entonces, consumieron las pruebas de uno de los grandes fraudes cometidos contra el patrimonio de la empresa, relacionado con la compra de dos embarcaciones. La adquisición de los barcos Cantarell y Abkatún involucró a dos altos funcionarios, Efrén Flores Chavarría e Ignacio de León Martínez, quienes huyeron de México para refugiarse en Chile, entonces gobernado por Augusto Pinochet. A la postre, acabaría en la cárcel Jorge Díaz Serrano, ex director general de Petróleos Mexicanos.

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