Por: Valentina Pérez Botero
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La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) de México se manifestará en el Ángel de la Independencia del Distrito Federal a través de un ayuno colectivo que, planean, durará hasta el 31 de enero y funge como protesta contra la siembra comercial de maíz transgénico en el país.
La Unión, que congrega a campesinos y ejidatarios de 24 estados de la república, expresa su preocupación por la solicitud de empresas de la agrobiotecnología, desde el año pasado, para sembrar a campo abierto -y de manera comercial- maíz genéticamente modificado.
Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha autorizado más de 170 permisos de siembra experimental y piloto. El problema de estas autorizaciones radica en dos puntos fundamentales: uno, México es centro de origen y diversificación del maíz; dos, la contaminación genética de los maíces criollos.
Durante el mes de septiembre de 2012, Monsanto presentó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) la solicitud para el cultivo comercial de 700 mil hectáreas en Sinaloa; Pioneer, por su parte, solicitó permiso para 351mil 284 hectáreas y Dow Agrosciences para 40 mil hectáreas de siembra de maíz transgénico en Tamaulipas.
El año pasado, ninguno de estos permisos fue respondido, pero Alfredo Acedo, coordinador de comunicación social de UNORCA, piensa que para septiembre de este año la presión de las trasnacionales regresará pues es muy probable que busquen sembrar en la cosecha otoño-invierno.
La penetración de las trasnacionales de la agrobiotecnología coincide con dos fenómenos políticos y económicos en el país: la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el paulatino desmantelamiento del aparato de apoyo al desarrollo rural en México. A partir de 1994, con la puesta en vigor del TLC, han desaparecido entidades tan importantes para los campesinos como la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y se ha modificado la ley agraria.
Roberto Martínez, campesino indígena de Nayarit, explica que el dinero invertido para sembrar las cuatro hectáreas familiares que posee, no es redituable: se invierte más de lo que se gana cosechando. Su realidad se multiplica en los miles de campesinos empobrecidos del país que, ante la carestía de sembrar, abandonan sus tierras o las venden; ambas acciones terminan por convertir a quienes fueron alguna vez propietarios, en jornaleros de las mismas trasnacionales que buscan sembrar maíz transgénico en el país.
A la acción de la UNORCA se han sumado manifestaciones de apoyo de otras organizaciones que comparten el repudio al maíz transgénico en México como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y la Central Campesina Cardenista
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