México, DF.- Al firmar la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas el tres de marzo del 2011, el entonces presidente Felipe Calderón anunció el inicio de una campaña contra la corrupción y al estilo del viejo oeste convocó a la población a denunciar “conductas contrarias a la ley”, a cambio de una recompensa económica, con la garantía de que la identidad del denunciante sería protegida para evitar represalias.
Han transcurrido 20 meses. Calderón ya no vive en Los Pinos y no se cuenta con algún registro de que esa campaña haya tenido algún impacto entre la población. Era natural que así sucediera, la invitación no fue resultado de una acción sistematizada, concertada ni respaldada con promocionales en los medios masivos de comunicación.
Tan sólo fue una ocurrencia de Calderón ante un problema que le cuesta a la nación 1.5 billones de pesos, un monto igual al 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente a las ventas de Pemex en 2011, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
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