El blindaje del Palacio Legislativo de San Lázaro y la toma por el Ejército y la Policía Federal de avenidas, colonias, estaciones del metro y del metrobus vecinas y no de la sede del Congreso, evidencia que el síndrome del 1 de diciembre de 2006, como corolario de la más que polémica elección presidencial –todavía más de la tercera parte de los electores opinan que fue un robo de la Presidencia de la República por Felipe Calderón–, se apoderó de éste señor que con cinismo y rencor desmesurados acaba de reivindicar con esa sonrisa nerviosa (Francisco Solís dixit), la autoritaria frase: “O como dice el clásico, haiga sido como haiga sido”. Dicho llanamente: ¡Me vale madre!
Pero a Enrique Peña y su equipo no le valió la crítica y protesta de legisladores y vecinos por las medidas puestas en práctica desde el 23 de noviembre, por lo que denominaron “un estado de sitio”. Como el que hace seis años impuso Vicente Fox para que su compañero de partido pero no de grupo, Calderón Hinojosa, entrara a la sesión del Congreso por la puerta de atrás, le colocaran la Banda y sólo alcanzara a pronunciar dos palabras: “Sí, protesto”, protegido por el Estado Mayor Presidencial y francotiradores que así como lo metieron lo sacaron.
Jesús Murillo, presidente de la Cámara de Diputados, deslindó a Peña Nieto del operativo después de que integrantes de la Junta de Coordinación Política le exigieron información y más tarde reculó la PF.
“El gobierno federal decidió el operativo. L a Mesa Directiva no lo requirió, “ni que fuera de tal magnitud ni con tanta antelación”, explicó el hidalguense que algunos comentaristas identifican como cacique de su tierra y próximo procurador general del país.
Pero enseguida mostró el cobre el prominente miembro del “nuevo PR”, pues adujo que “cualquier vida o cualquier eliminación de violencia es bastante más importante que cualquier otra cosa”.
Y para que no exista la menor duda que el miedo no anda en burro, integrantes del Consejo Político del Revolucionario Institucional también se inconformaron con las medidas extremas de seguridad para ingresar al Salón de Usos Múltiples de la sede tricolor, donde personal de seguridad de una empresa privada les retiró los teléfonos celulares y los obligó a pasar por vallas y detectores de metales.
El despliegue militar y policiaco tendrá sus costos políticos y tanto Peña Nieto como Calderón Hinojosa no quieren pagarlos. Ambos muestran en el afortunado final y el ineludible comienzo gubernamentales que se encuentran demasiado alejados de los votantes y los gobernados, y que para superar el disenso de poco sirvieron los dictámenes del Instituto y el Tribunal electorales.
Los aliados del presidente electo en la potencia imperial por excelencia, no cooperan lo suficiente al limitarle a 15 minutos el encuentro en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Saludas, te tomas la foto y te vas, pareciera el arrogante mensaje de Barack Hussein Obama. Además, sólo seis jefes de Estado lo acompañarán el próximo sábado en la ceremonia de transmisión de la titularidad del Ejecutivo. Un presidente por cada millón de votos que, jura el costosísimo Trife, aventajó a su principal oponente, pero que no le sirvieron ni siquiera para respetar la disposición legal que lo obliga a dirigir un mensaje al Congreso de la Unión.
El hijo predilecto de Atlacomulco y su grupo declinó, en mala hora, una obligación constitucional sólo para que sus opositores de las izquierdas legislativas no le echen a perder la fiesta del encumbramiento, porque están seguros que Peña no ganó limpiamente la elección de julio. Mas enhorabuena sus operadores políticos negocian un “gran acuerdo nacional” con los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
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